La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha señalado que “UGT inicia desde hoy una campaña de información y reclamación para restituir un derecho, que afecta a pensionistas que en su día trabajaron a tiempo parcial, y que han visto reducida su pensión como consecuencia de que les aplicaron un coeficiente reductor (coeficiente de parcialidad) a la hora de calcular la cuantía de su prestación”.
Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anuló el 3 de julio de 2019, por discriminación indirecta por razón de sexo, la reducción que se aplica para el cálculo del periodo de cotización de las trabajadoras y trabajadores a tiempo parcial, que reduce el número efectivo de días cotizados por estos trabajadores y trabajadoras a efectos de prestaciones, entre otras, la de jubilación.
Sin embargo, este dictamen “se queda corto y limita su aplicación solo a las nuevas pensiones, y desde el 12 de agosto de 2019 (fecha de publicación de la sentencia), negando el carácter retroactivo de este derecho, en contra de lo que dicta el Tribunal de Justicia de la UE, en una sentencia anterior”. Una doctrina, que “debe prevalecer sobre lo que digan los tribunales nacionales, incluido el Tribunal Constitucional español”, ha dicho Mari Carmen Barrera.
“Ha ofrecido los servicios jurídicos del sindicato, para que puedan reclamar todos los pensionistas afectados por el coeficiente de parcialidad”
Por eso, “se deben revisar, a demanda de los beneficiarios, también las pensiones anteriores a la sentencia del Tribunal Constitucional, (TC)”, ha afirmado la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social quien ha ofrecido a todos los pensionistas “los servicios jurídicos del sindicato, para que puedan reclamar todos los pensionistas afectados por el coeficiente de parcialidad, ya que les han reducido la cuantía de sus prestaciones”.
UGT ha calculado que podrían estar afectados más de medio millón de españoles, la mayoría mujeres, por eso ha animado a reclamar a todas ellas. El sindicato exige también que se recalcule la pensión sin el coeficiente de parcialidad, para toda la vida del pensionista porque la Seguridad Social no lo va a hacer de oficio.
Casi medio millón de pensionistas pueden verse beneficiados
Según datos oficiales, casi un 23% de los pensionistas han cotizado en alguna ocasión por trabajar a tiempo parcial y se estima que la sentencia del TC, que solo se aplica a las nuevas pensiones, puede suponer 268 millones de euros por año.
“Considerando el carácter retroactivo, que defiende el TJUE y nuestro sindicato, y teniendo en cuenta que según la EPA cada año se jubilan 120.000 personas que han trabajado a tiempo parcial, se estima que pueden ser potenciales beneficiarios de este derecho unos 480.000 pensionistas en 4 años. Pensionistas que tendrían derecho a cobrar lo que han dejado de percibir por el coeficiente de parcialidad y a que se actualicen sus pensiones”, ha señalado Antonio González, economista de UGT y de Economistas Frente a la Crisis.
Ayuda a domicilio y Hostelería
Durante la rueda de prensa, la secretaria de Políticas Sociales y Sector Público de UGT Madrid, Eva López Simón ha querido destacar que las actividades más afectadas por esta sentencia “son las trabajadoras de ayuda a domicilio (mujeres dedicadas a cuidar dependientes), que están doblemente afectadas, por los bajos salarios y por las reducciones del tiempo de cotización de sus pensiones y, también de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería, sectores ambos muy feminizados y donde se realizan un gran número de contratos a tiempo parcial”.
El secretario de Políticas Sindicales de UGT-Madrid, José María Casero ha hecho un llamamiento a los pensionistas madrileños para que reclamen lo que es un derecho, y se acerquen al sindicato para conocer si están o no afectados.
Un caso práctico
Una trabajador o trabajadora que haya trabajado durante 20 años, con una jornada a tiempo parcial del 50% y una base media de cotización de 700 euros. Con la anterior regulación cobraría una pensión de 350 euros, pero tras la sentencia del TC, tendría una pensión de 429,8 euros.
Discriminación de género
La sentencia del TC declara nulo, por ser discriminatorio, el coeficiente de parcialidad para el cálculo de la pensión, debido a que las mujeres trabajadoras son mayoría en este tipo de contratos. La razón de la inconstitucionalidad se vincula a una discriminación indirecta por razón de sexo. Lo que se cuestiona realmente es la brecha de género en pensiones, en este caso, de jubilación, que perjudica a la mujer, más si trabaja a tiempo parcial (una discriminación múltiple).
Sin embargo, la sentencia del TC no cuestiona la brecha salarial que tanta incidencia tiene también en la brecha de pensiones. Sólo considera inconstitucional la forma de calcular el periodo cotizado, pero no se pronuncia sobre la base reguladora de las pensiones de jubilación de las personas a tiempo parcial, que origina también la reducción de la cuantía de estas pensiones.
La precariedad laboral genera discriminaciones
Mari Carmen Barrera ha señalado que la Sentencia del TC “no va a resolver, totalmente, los problemas reales que tienen los trabajadores a tiempo parcial en materia de pensiones: cuantías bajas, limitaciones en el complemento de mínimos, acceso tardío a la jubilación anticipada y a la ordinaria (la mayoría tendrán que hacerlo a los 67 años)”.
Por eso, ha declarado que “el nuevo Gobierno debería asumir la obligación de corregir esas injusticias “impulsando nuevas normas legales, consensuadas y en el marco del diálogo social”. La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y seguridad Social de la UGT ha afirmado que desde el sindicato “defendemos una reforma en profundidad para mejorar la protección social en nuestro país. Se trata de dar respuesta a estas formas de atipicidad en el empleo – más bien de precariedad laboral, en este caso, parcialidad- y desde un enfoque de género”. UGT ha dicho “seguirá denunciando estos problemas hasta conseguir una legislación adecuada. Se trata de dar una solución mínima a un sistema profundamente desigual y, a menudo, discriminatorio”.
Mari Carmen Barrera ha destacado que “esta campaña forma parte de un objetivo más amplio y general, que es lograr la mayor dignificación posible de los trabajadores y trabajadoras precarios. Tenemos que recuperar los derechos hurtados a los trabajadores por la precarización, corregir lo que nunca se debió hacer. Vamos a luchar para que se respete la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, que persigue luchar contra las discriminaciones, ocasionadas a través de la precariedad en la legislación española. Respaldamos lo que hace ese Tribunal porque luchar contra la discriminación laboral es luchar contra la precariedad”.
