Madrid está asfixiando a las clínicas que practican abortos con la excusa económica. “Les debe cuatro meses, acumula una deuda de más de un millón de euros y trabaja con ellas sin convenio y sin contrato, lo que supone una gran inseguridad para las propias usuarias”, aseguró ayer en la Cadena Ser la portavoz de Mujer del PSOE en la Asamblea, Lorena Morales.
Es de todos conocido que Isabel Díaz Ayuso se considera una ferviente antiabortista. El pasado mes de junio, la presidenta de la Comunidad de Madrid arremetió duramente contra la izquierda en su discurso de investidura en la Asamblea de Madrid, donde acusó al bloque progresista de tratar de implantar la “cultura de la muerte” con respecto a los abortos y la eutanasia. “Yo prefiero que el aborto sea una última opción, legal y segura, pero muy poco frecuente porque la inmensa mayoría de las familias y de las mujeres en la Comunidad de Madrid tienen oportunidades para siempre salir adelante”, aseguró.
Esa filosofía política se plasma en lo que está ocurriendo estos días en las clínicas de Madrid. Del total de 14.254 interrupciones del embarazo practicadas en toda la región en 2020, solo dos se realizaron en un hospital público. Y eso a pesar de que casi la mitad de ellas –un 47 por ciento– se había informado del procedimiento en un centro de la Seguridad Social. Así las cosas, la mayoría de casos se derivan a clínicas privadas acreditadas, que han confirmado la ausencia de un convenio estable con la Comunidad de Madrid, una vieja reclamación de las mujeres que el Gobierno regional no ha resuelto y que no ocurre en otras comunidades autónomas.
El bloqueo a la ley del aborto en Madrid es un hecho, y no solo por la evidencia de los datos, sino por la crudeza (y la inhumanidad) con la que se gestiona todo el proceso de interrupción del embarazo. Por ejemplo, durante su entrevista en La Ventana de Madrid, Morales describió cómo se trasladan los restos biológicos de los fetos que quedan tras los abortos: “En lugar de mandar un vehículo de la consejería de Sanidad, envían una funeraria con un ataúd para adultos, lo que genera gran alarma y envía un mensaje ideológico durísimo”. Esta puesta en escena, esta performance, solo contribuye a aumentar el trauma y el dolor de la mujer que se ve obligada a abortar por diferentes causas. Para terminar de rematar el horror, las imágenes grabadas se utilizan después en las campañas que los grupos antiabortistas y provida llevan a cabo en las redes sociales.
La portavoz del PSOE madrileño admite a la Cadena Ser que esto ha ocurrido siempre en Madrid. Que es una práctica marcada por el protocolo de sanidad mortuoria y que la comunidad gobernada por Ayuso es la única región que procede de esta manera con los restos orgánicos.
La Ser asegura que se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para obtener su versión sobre la deuda contraída por las clínicas, la ausencia de un convenio con las empresas y la forma en la que se realizan estos traslados. Sanidad no ha ofrecido hasta el momento la información solicitada por la emisora.
Madrid insumisa
No es la primera información escabrosa que implica a Ayuso en incumplimientos flagrantes que protegen y amparan derechos fundamentales como el derecho al aborto y la eutanasia. En las últimas horas se ha sabido que solo Madrid, Andalucía y Extremadura no han activado todavía la comisión de garantías y evaluación para hacer efectivo el derecho a una muerte digna tras la reciente aprobación en el Parlamento de la ley de eutanasia. “La publicación en el BOE de la ley se produjo el 25 de marzo de 2021, por lo que la comisión de garantía y evaluación debería haber estado constituida el 26 de junio de 2021”, asegura a El Salto Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma de ELA. Hernández denuncia que la Comunidad de Madrid aún no ha puesto en marcha la comisión de garantías, de modo que ha optado por remitir un escrito registrado a la Consejería de Sanidad, fechado el pasado martes 28 de septiembre, en el que exige, junto a la abogada Olatz Alberdi, que se regule cuanto antes y se ponga en marcha la comisión.
La ley establece que cada gobierno autonómico tendrá competencia para crear su propia comisión; solo dependerá del Ministerio de Sanidad en los casos de Ceuta y Melilla. No especifica, sin embargo, qué perfiles deberían estar incluidos ni cuántos miembros la compondrían. Sí indica que la comisión debe estar constituida a los tres meses tras la entrada en vigor de la ley. “Respecto a las funciones, según la propuesta de ley socialista, estas comisiones podrán aprobar o denegar solicitudes. Es decir, si dos médicos —los necesarios, según la ley— aprueban una petición de eutanasia, la comisión podría rechazarla. En este caso, el paciente podría presentar un recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa”, asegura Newtral en un reciente reportaje.
Pese a su aprobación en las Cortes y su publicación en el pasado BOE el pasado 25 de marzo, la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso mantiene paralizada, de facto, la aplicación de la ley de la eutanasia. “No se ha dado cumplimiento al mandato legal —prosigue el escrito— estándose produciendo perjuicios para personas en situación dramática que no pueden acceder en esta comunidad a la efectiva prestación del derecho a la eutanasia como ha sucedido con la mujer que decidió quitarse la vida en un hotel tras no recibir respuesta de esa comunidad ni del Hospital Gómez Ulla tras su solicitud de aplicación de su derecho a la eutanasia”, añade el escrito.
Ya se han documentado casos de personas aquejadas de graves enfermedades degenerativas que llevan meses esperando que se les aplique la eutanasia. Para algunas el dolor es insoportable, otras ya no pueden moverse de la cama ni siquiera tragar alimentos. Todas ellas saben que van a morir en un proceso espantosamente doloroso. Pero el sufrimiento máximo de toda esta gente no parece preocupar a la señora presidenta. Aborto y eutanasia: dos derechos de las personas que Ayuso niega a los madrileños pese a su obligación de cumplir con la ley. ¿Qué le debe la aspirante a presidir el PP de Madrid a los grupos ultracatólicos más reaccionarios? ¿Está maniatada por la Iglesia católica y sus medios de comunicación afines? Todo eso, aunque parezca mentira, está ocurriendo en este país llamado España.
Y para qué se iba a legislar? Si con tanto supernegacionismo y tanto cabestro sin vacunar, así que el virus retome un camino hacia mutacións más peligrosas van a morir todos los enfermos y los niños en gestación? La presidencia del gobierno puede ser que escuchase alguna vez algo sobre un artículo de la constitución que incluso se ha aplicado en alguna ocasión, un tal 155?