En su ensayo La corrupción en España: rasgos y causas esenciales, Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, considera que medir la corrupción de un país es una tarea «difícil». «Estamos ante un delito y, por ello, ante actuaciones que se ocultan para evitar el castigo. Saber cuánta corrupción real hay en un determinado país es casi imposible, pero existen aproximaciones que nos permiten situar a los países dentro de categorías generales como las de corrupción sistémica, alta corrupción, corrupción moderada o corrupción baja».
La medición de la corrupción se ha convertido en un tema de investigación crecientemente importante, según el analista. En general, se puede hacer de tres formas. En primer lugar, se puede realizar objetivamente, en base a las denuncias de corrupción y las investigaciones abiertas por el ministerio público o los jueces de instrucción; o a través de proxies (redes informáticas) sobre operaciones como el precio de los contratos sobre una serie de bienes homogéneos.
En segundo lugar, a través de encuestas de percepción de corrupción a inversores nacionales y extranjeros, a expertos o a la ciudadanía en general. Finalmente, a través de encuestas (encuestas de victimización) en las que se pregunta a los ciudadanos por sus experiencias directas en el pago de sobornos o en las extorsiones que sufren de parte de funcionarios del Estado.
En la actualidad hay más de quince instrumentos de medición, de manera global o regional, y muchos de ellos se han sofisticado bastante, según Villoria. «Ninguno de los instrumentos internacionalmente usados para medir la corrupción nos indica que España tenga nieles de corrupción sistémica. Si cuando usted sale a la calle hay bastantes posibilidades de que cualquier policía le pare y le pida un soborno, si la aceptación en un colegio y las notas de sus hijos dependen de sobornos, si su aceptación en un hospital y el tratamiento también dependen de aceptar cohechos, y si los jueces dictan sentencia en función de lo que reciben de los políticos y enjuiciados entonces usted vive en un país de corrupción sistémica», asegura.
Los datos de España son muy parecidos a los de Alemania, Suiza, Noruega e, incluso, Finlandia
En los tres últimos Índices de Percepción de Corrupción de Transparency International (un índice compuesto de varias encuestas hechas a expertos y empresarios) se puntúan 175-176 países en un orden que va de menor (100 puntos) a mayor corrupción (0 puntos); en 2012, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda tenían 90 puntos, Somalia, Corea del Norte y Afganistán tenían 8 puntos: España, en 2012 estaba en el 20% superior (puesto 30), con una puntuación de 65 puntos. Italia, por ejemplo, estaba en el puesto 71 y tenía 42 puntos.
En 2013 la situación para España empeoró notablemente. Bajó a 59 puntos, al puesto 40 y dentro de Europa nos adelantaron en el ranking de menos corruptos Portugal y Polonia. En todo caso, todavía en ese momento había más de 130 países por detrás.
«Esto nos llevaría a una conclusión optimista, no estamos tan mal. Y a otra pesimista, si nosotros somos el 40, el mundo es un desastre. Además, en 2013 bajamos en el índice hasta niveles de hace 15 años y esto tiene efectos sobre la imagen de España y las inversiones sostenibles en nuestro territorio. Preocuparse de la percepción que tienen los expertos es importante. Finalmente, en 2014 no ha habido prácticamente variación, aunque se puede dejar constancia de una mínima mejora».
«En cualquier caso, la corrupción sistémica se empieza a producir cuando se baja un poco más en la escala y a las encuestas de percepción de expertos se unen las encuestas de victimización y se observa una correlación importante entre alta percepción y alta victimización», añade Villoria.
Esta afirmación se fundamenta en encuestas de victimización repetidas durante siete oleadas a través del Global Corruption Barometer de Transparency International. En estas encuestas, hechas a ciudadanos directamente, se pregunta, entre otras cosas, si «usted o alguien de su familia ha tenido que pagar, de alguna forma, un soborno en los últimos doce meses» para poder acceder a muy diferentes servicios públicos, desde la educación a la concesión de licencias urbanísticas. Pues bien, los datos de España son muy parecidos a los de Alemania, Suiza, Noruega e, incluso, Finlandia. No más del 2% de los encuestados reconoce ese pago, mientras que en Rumanía esta en el 17% y en Grecia en el 22%.
Esta baja victimización mide la corrupción del funcionariado y, por lo que vemos, esta es baja en España y no muy diferente de la de los países menos corruptos del mundo. «La sombra está en la Administración local, donde sube algo más que en el resto, pero en general parece que el modelo meritocrático weberiano, donde se impone, reduce las posibilidades de corrupción de forma significativa», alega el profesor. Por ello, reforzarlo (sobre todo en la Administración local y empresas públicas), mejorarlo (por ejemplo, eliminando la libre designación en los nombramientos para puestos de funcionarios e introduciendo evaluación del desempeño para los empleados públicos) y protegerlo (con un órgano independiente ad hoc) es clave en la lucha contra la corrupción.
Los datos del Eurobarómetro de 2013 reafirmaban la tesis adelantada. Ante la pregunta sobre si «conoce usted a alguien que acepte sobornos» la media en la Unión Europea es de 12% y en España los datos dan un 11% de respuestas afirmativas, con datos tan curiosos como que en Italia el resultado es de 9%, pero en Holanda de 15%, Suecia 18% o Francia 16%.
Ante la pregunta de si le han pedido a usted un soborno en los últimos 12 meses» la media europea de respuestas afirmativas es de 4% y en España el dato es de 2%, con áreas como el sector sanitario o la policía que dan un 0% de respuestas positivas. Y, finalmente, ante la pregunta de si ha sido usted testigo o le han pedido un soborno en los últimos 12 meses la media europea es de 8%, lo que coincide con las respuestas afirmativas en España: 8%.
Un problema serio con los políticos
Para sostener esta afirmación es preciso acudir a datos objetivos de las estadísticas judiciales. El 18 de noviembre de 2009, el ex Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hablando de la corrupción política, reveló en el Congreso que las causas que se estaban investigando en la Fiscalía en ese momento eran 730, datos obtenidos a partir de un muestreo de los asuntos relevantes que afectaban a cargos públicos electos o de designación política por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Desde entonces, algunas de estas causas han sido cerradas, pero otras muchas abiertas. Y de importantes causas abiertas han ido surgiendo numerosos casos anexos que han dado lugar a piezas separadas de extraordinaria importancia política y social. El 15 de abril de 2013, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, presentó un informe en el que, solicitando más instrumentos para luchar contra la corrupción, afirmó que se necesitarían 64 jueces de apoyo más para ayudar a los 798 juzgados que estaban en estos momentos trabajando en 2.173 casos complejos; de ellos, 1.661 estaban relacionados con casos de corrupción o delitos económicos.
«Obviamente, los casos más importantes han sido ampliamente tratados por los medios de comunicación. Muchos otros han pasado, sin embargo, desapercibidos por afectar a funcionarios y no tener gran repercusión económica», explica Villoria.
un pueblo que vota a corrupto es un pueblo corrupto me da lo mismo izquierdas o derechas aqui pp cs y vox son corrupto y psoe tambien y unidas podemos tarde o temprano les sacaran algo y el unico politico decente de este pais se llamaba JULIO ANGITA
A Pablo Iglesias (UP) ya «le han sacado algo» pero a pesar del tipo de justicia que nos presta sus veredictos no han conseguido demostrar nada de lo «sacado». Ahora el único político decente era Julio. Parece ser que cuando estaba en política no aparecía como honesto. Lo mismo pasará con Pablo.
Pablo, gracias. Y cuídate, y a tu familia. No son tiempos para la etica.