Los inspectores de Hacienda califican de «singular» el proceso de regularización fiscal del rey emérito

El secretario general del sindicato Gestha, José María Mollinedo, calificó ayer como “singular” la inspección tributaria contra Juan Carlos I, ya que, según explica, la Agencia Tributaria ha prescindido de una etapa inicial, la de verificación de datos, que permite a los investigados realizar nuevas declaraciones complementarias, según declaraciones a La Razón.

Esto implica que Hacienda, si considera que las dos regularizaciones no son correctas, debería derivar a la Fiscalía su investigación por un delito agravado contra la Hacienda Pública, ya que Don Juan Carlos I no podría volver a regularizar sus cuentas: “Esta decisión nos sugiere que las complementarias que presentó el emérito van a ser completas. No van a fallar, ya que sería un error de bulto. Tal vez lo que se pretende es que se concluya que la situación está comprobada y conforme y que no haya ninguna duda”, añade Mollinedo.

La inspección de Hacienda no podrá alargarse más de 18 meses, aunque en casos excepcionales sí podría ampliarse 9 meses más. Deberá finalizar con unas actas, en las que los inspectores determinarán si las regularizaciones del emérito, que superaron en conjunto los 5 millones, no son completas, por lo que habría cometido un delito contra la Hacienda Pública. Si todo está correcto los funcionarios elaborarán un acta denominada “comprobado y conforme”.

“Es falso que Hacienda hubiera tenido conocimiento de ningún tipo de información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales que se hacen con todos los contribuyentes. A efectos de la ley, todos los contribuyentes son iguales”, aseguró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para negar que Juan Carlos I haya podido recibir un trato de favor por parte de la Agencia Tributaria.

“Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda estamos convencidos de que simplemente tratando a todos los contribuyentes de la misma manera puede disminuir la percepción social de que existen escudos fiscales”, alega Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda.

En concreto, el emérito realizó un pago de casi 700.000 euros en diciembre y otro de unos 4,4 millones de euros a finales de febrero

En este sentido, la AEAT tenía, desde 2018, la obligación de abrir una inspección al rey emérito, a la vista de los numerosos indicios de posibles incumplimientos tributarios que se desprendían de las conversaciones de Corinna Larsen con el excomisario Villarejo publicadas en los medios, así como de las conclusiones de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.

De hecho, el informe de 7 de septiembre de 2018 de los dos fiscales anticorrupción al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza separada de investigación “Carol” de las diligencias previas número 96/2017, expresaron que: “Las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delitos fiscales.”

Diligencias previas

El mismo día, el Juez Central número 6 levantó el secreto de esta pieza y dictó el sobreseimiento provisional, y la Fiscalía cerró esta investigación que habría podido concluir en el descubrimiento de posibles delitos fiscales del rey emérito que obviamente ni siquiera podía notificarle por estar aforado al Tribunal Supremo.

Por tanto, las declaraciones de algunos portavoces de que la AEAT no tenía posibilidad de actuar pueden considerarse como simples excusas, pues la vía de iniciar una inspección tributaria siempre ha estado abierta porque en ningún momento ni el Tribunal Supremo ni la Fiscalía han notificado al rey emérito ninguna investigación para averiguar posibles delitos fiscales.

Hacienda ha abierto un procedimiento de inspección al rey Juan Carlos para pedirle más información sobre las últimas regularizaciones fiscales que ha llevado a cabo. En concreto, el emérito realizó un pago de casi 700.000 euros en diciembre y otro de unos 4,4 millones de euros a finales de febrero.

Ahora la Agencia Tributaria ha notificado la apertura de un procedimiento de inspección que ha comenzado con un requerimiento de información. El padre de Felipe VI tendrá que ofrecer los datos que se le solicitan al respecto junto a documentos que los prueben.

El rey realizó a finales de febrero un pago a Hacienda de 4,4 millones de euros tras abonar 678.393 en el mes de diciembre. Una liquidación que se llevó a cabo por regalo de viajes en jet privados por valor de ocho millones. Estos vuelos estaban pagados por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans, según reveló el mismo digital.

En diciembre, el emérito pagó casi 700.000 euros, incluyendo intereses y recargos de la deuda tributaria que tenía con Hacienda por el uso de tarjetas ‘Royal black’. Un ingreso que se producía sin requerimiento previo, por el que la Agencia Tributaria no abrió ningún expediente al respecto. Esta regularización era sobre los ingresos opacos que utilizó entre 2016 y 2018, años en los que ya no era inviolable, y que fueron a cargo de un empresario mexicano.

En diciembre, el emérito pagó casi 700.000 euros, incluyendo intereses y recargos de la deuda tributaria que tenía con Hacienda por el uso de tarjetas ‘Royal black’. Un ingreso que se producía sin requerimiento previo, por el que la Agencia Tributaria no abrió ningún expediente al respecto. Esta regularización era sobre los ingresos opacos que utilizó entre 2016 y 2018, años en los que ya no era inviolable, y que fueron a cargo de un empresario mexicano.