Tal y como hemos publicado en Diario16, los fiscales federales de inmigración de los Estados Unidos han iniciado una especie de rebelión contra las órdenes de Joe Biden que frenaban las políticas migratorias xenófobas de Donald Trump. En consecuencia, están demostrando lo que todo el mundo sabía pero nadie se atrevía a afirmar: se han convertido en un contrapoder que se aprovecha de la opacidad y la discreción para actuar de manera impune contra los migrantes.
Esta situación hace imposible saber si un oficial federal está violando una política migratoria o simplemente ejerciendo discreción, lo que dificulta que tengan que rendir cuentas por sus decisiones. Por ejemplo, el gobierno de Barack Obama tardó hasta 2014 en elaborar un memorando que frenó sustancialmente los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), políticas judiciales que fueron, en gran medida, uniformes en todo el país.
Durante las primeras semanas de Donald Trump en el cargo, el memorando de 2011 sobre la gestión de casos, junto con docenas de otros, fue rescindido oficialmente y, en cambio, se ordenó a los fiscales de ICE que buscaran la deportación en todos los casos. Pero la regla de los memorandos ha regresado con Biden.
El pasado 20 de enero, un memorando del Departamento de Seguridad Nacional, al que Diario16 ha tenido acceso, dictaba una amplia revisión de la política de aplicación de la ley de inmigración que formará la base de la guía final de Mayorkas.
El 18 de febrero de 2021, un nuevo memorando, al que también ha tenido acceso este medio, ya dio instrucciones más precisas sobre quién debe ser arrestado y detenido mientras se lleva a cabo la revisión.
Este último documento estaba dirigido a todos los empleados de ICE, incluidos los fiscales de los tribunales de inmigración. Sin embargo, no recomendó explícitamente desestimar o posponer los casos en los juzgados de inmigración. Durante los tres meses posteriores a la emisión del memorando de febrero, los fiscales de ICE llegaron a afirmar a los jueces e inmigrantes que no habían recibido una nueva orientación y, por lo tanto, la nueva política no se aplicaba a ellos.
Los inmigrantes liberados de la detención fueron reasignados al expediente general que fue paralizado durante la pandemia. Pero los que aún estaban detenidos, incluidos los inmigrantes que parecían no calificar para la priorización, como los acusados pero no condenados por delitos, seguían avanzando a toda velocidad en los juzgados.
Casi 250 casos se presentaron en los tribunales de inmigración de Nueva Jersey en enero de 2021. De los 30 casos presentados ese mes contra inmigrantes que permanecieron detenidos, solo un tercio sigue pendiente. Se ordenó la deportación de dieciséis de esos inmigrantes mientras esperaban que Biden aclarara cuándo debería retirarse un caso de deportación.
Uno de ellos fue Yenser Rivera, el migrante que perdió su caso a pesar de que el memorando de John D. Trasviña, publicado en mayo de 2021, daba instrucciones específicas a los fiscales y publicado un día antes de que se emitiera su orden de deportación.
Los procedimientos locales ya están socavando un principio clave del memorando de mayo: que los inmigrantes no deberían tener que solicitar la discreción del fiscal para recibirlo.
«En ausencia de una solicitud afirmativa de discreción procesal», señala en memorando de mayo de 2021, «los fiscales deben, no obstante, examinar los casos a los que están asignados para determinar de forma independiente si un ejercicio favorable de la discreción puede ser apropiado. Este deber afirmativo de evaluar los casos asignados es fundamental al trabajo de un abogado de OPLA».
Los abogados de inmigración que ejercen en diez tribunales diferentes en todo el país han llegado a afirmar que sus oficinas de campo locales de ICE habían insinuado o declarado explícitamente que la única forma de ser considerado era presentar una solicitud por escrito.
La sede de ICE estableció direcciones de correo electrónico dedicadas para cada oficina de campo para recibir estas solicitudes. En Chicago, sin embargo, los fiscales están exigiendo a los abogados que presenten sus solicitudes en un buzón separado, aunque al menos un abogado envió una solicitud a la bandeja de entrada de correo electrónico inactiva y solo después descubrió que no había sido leída.
Los documentos escritos del Procedimiento Operativo Estándar distribuidos por las fiscalías en Los Ángeles, Seattle y Chicago ponen la responsabilidad sobre los propios inmigrantes (o sus abogados) de pedir una discreción favorable.
Incluso si un inmigrante o un abogado presenta una solicitud ampliamente argumentada y bien documentada, ICE puede rechazarla sin más explicaciones. En un caso en Nueva York, ICE respondió a una presentación de 600 páginas con una denegación de un solo párrafo. En Memphis, por ejemplo, se les dijo a los abogados que no habría ningún proceso oficial para solicitar una segunda opinión o apelar una decisión, pero que los abogados tenían la libertad de acercarse extraoficialmente a un abogado senior en la oficina si tenían una queja.
