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Los fiscales se rebelan contra Biden y mantienen las políticas de deportaciones de Trump

La nueva Administración Biden ordenó la retirada de causas de deportación a más de 100.000 inmigrantes irregulares pero los fiscales siguen con las mismas políticas de Donald Trump

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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Sólo unos días después de asumir el cargo, el presidente Joe Biden comenzó a tomar medidas para revertir las políticas migratorias xenófobas de Donald Trump. En mayo de 2021 los altos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emitieron un memorando, al que Diario16 ha tenido acceso, en el que ordenaban a los fiscales de inmigración posponer o retirar los casos contra inmigrantes que se consideraban una pequeña amenaza para la seguridad pública, una decisión que afectaba a más de 100.000 personas que estaban pendientes de la deportación.

Sin embargo, muchos fiscales siguen actuando en contra de las nuevas reglas, tal y como demuestran tanto los abogados que defienden a los inmigrantes como la documentación hecha pública por el ICE.

Por ejemplo, en Nueva Jersey se ordenó la deportación de un joven hondureño de 18 años sin antecedentes penales al día siguiente de la emisión del memorando. En Chicago, los funcionarios no utilizan la dirección de correo electrónico publicada en el sitio web de su oficina para recibir solicitudes de reconsideración bajo el nuevo enfoque ordenado por la Administración Biden

Lo más grave es que ninguna fiscalía ha revisado sus casos para identificar y contactar a inmigrantes que podrían ser ayudados por la nueva política, a pesar de que el memorando de mayo decía que están obligados a encontrar tales casos. Esto, en esencia, es una verdadera rebelión de los fiscales de inmigración contra el nuevo presidente.

Opacidad y arbitrariedad de los fiscales

La política se basa en la discreción y la opacidad de los fiscales individuales de retirar los casos de deportación que consideran menos importantes. Es una política que se lleva a cabo en gran parte en secreto. Los fiscales no tienen que ofrecer ninguna razón para denegar una solicitud y sus decisiones no pueden apelarse. Por tanto, el sistema que utiliza está basado en la arbitrariedad.

En el peor de los casos, el inestable despliegue de la agenda de la administración resalta la paradoja de hacer de la discreción un principio rector: no hay nada que requiera que los funcionarios ejerzan su autoridad de manera uniforme. Es posible que estos sean simplemente errores iniciales, que se rectificarán cuando el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emita la guía final, que se espera para agosto o septiembre. Pero mientras tanto, siguen llegando las órdenes de deportación.

Los fiscales ni informan a los jueces

Yenser Rivera Sabillon, de 18 años, recibió la orden de deportación de un juez de inmigración el 28 de mayo de 2021. Un día antes, el principal asesor legal del ICE había emitido nuevas instrucciones en las que ordenaba a los fiscales a posponer o incluso desestimar los casos de muchos inmigrantes que no encajaban en categorías prioritarias, especialmente aquellas que, como Rivera, tenían solicitudes de visado pendientes.

Pero las instrucciones no se hicieron públicas hasta 10 días después de su emisión. El fiscal no informó ni al juez en el caso de Rivera ni a su abogado sobre la nueva normativa, por lo que ninguno tuvo la oportunidad de preguntarle a ICE si apoyaría un aplazamiento.

Dejar a los migrantes en paz

Biden, al igual que su predecesor demócrata Barack Obama, ha tratado de frenar las deportaciones de inmigrantes que viven dentro de Estados Unidos instando a los fiscales a usar su discreción. La idea se basa en la suposición de que el gobierno no tiene los recursos ni el deseo de deportar a todos los inmigrantes no autorizados que viven en los Estados Unidos, por lo que los agentes de inmigración y los fiscales deben perseguir a ciertos inmigrantes como prioridades y dejar a otros en paz. 

Por tanto, se trata de una estrategia basada, por un lado, en la compasión (brindar un respiro a algunos inmigrantes que en última instancia podrían convertirse en ciudadanos estadounidenses bajo los proyectos de ley de reforma migratoria que ambos presidentes han apoyado) y, por otro, una de triaje (reservar recursos escasos para expulsar a personas con antecedentes penales graves y que han cruzado recientemente la frontera). 

La necesidad de triaje se puede ver en los retrasos crónicos de los tribunales de inmigración, que comenzaron durante la época de George W. Bush y creció durante los gobiernos de Obama y Trump. Hoy en día, la espera típica para adjudicar un caso de deportación supera los dos años y medio.

Un programa similar lanzado por Obama sacó a unos 75.000 inmigrantes de la vía de deportación. Según un informe de la Universidad de Syracuse, entre 2013 a 2016 alrededor del 9% de todos los casos resueltos en un tribunal de inmigración se cerraron como resultado de las políticas de discreción fiscal de la administración Obama. 

Si los fiscales de inmigración siguieran la nueva normativa de Biden y evaluaran todos los 1,3 millones de casos que actualmente están pendientes de ser juzgados, una tasa de alivio del 9% daría a aproximadamente 120.000 inmigrantes un respiro para permanecer en los Estados Unidos.

Diferencias entre Biden y Obama

La política de Biden no es idéntica a la de Obama, que ordenó a los fiscales que presentaran los casos de forma indefinida, pero no los desestimaran por completo. La política de Biden recomienda el aplazamiento temporal en una gran cantidad de casos, esencialmente, para cualquier persona sin antecedentes penales graves, y, en ciertas categorías más limitadas, le dice a los fiscales que desestimen los casos contra inmigrantes de inmediato. 

Un despido no otorga estatus legal, ni siquiera un permiso de trabajo, pero evita que una administración futura simplemente vuelva a colocar el caso en el calendario de un juez.

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