La nueva ley de Vivienda aprobada hace unos días, fuente de conflicto durante meses entre PSOE y Podemos a pesar de ser un punto neurálgico del gobierno de coalición, nace con el objetivo de abaratar los precios disparados de los alquileres. En un mercado tensionado por la concentración en los grandes centros urbanos, el surgimiento de los pisos turísticos y la negativa a aplicarla ya manifiesta de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular dejan serias dudas sobre el alcance a corto y largo plazo.
La curva ascendente y desenfrenada de de los precios de los alquileres de los últimos años podría explicarse por una “tormenta perfecta” de varias causas.
Desde el punto de vista económico, el fin de la burbuja inmobiliaria de 2008, la consecuente restricción de los créditos inmobiliarios por parte de las entidades bancarias, el desempleo y la precarización de los salarios y de las condiciones laborales provocadas por la reforma laboral de 2012 del gobierno de Mariano Rajoy provocaron un desplazamiento del potencial comprador de una vivienda (nueva o de segunda mano) al mercado del alquiler. .El aumento de la demanda con la misma oferta de vivienda provocó que los propietarios no sólo incrementaran sus precios sino que, además, endurecieran las condiciones (más de un mes de fianza, aval bancario e incluso hasta invadir la privacidad de los inquilinos solicitando contratos de trabajo)
Desde una perspectiva demográfica, el éxodo mayoritariamente de jóvenes de sus pueblos y ciudades hacia grandes urbes generó el hecho que más tarde se conocería como la “España Vaciada” y acentuó la concentración poblacional entorno a ciudades como Madrid o Barcelona entre otras.
El auge de plataformas o webs de alquiler de apartamentos turísticos con altos beneficios para los arrendadores terminó de minar un mercado ya de por sí convulso: expulsó a los inquilinos de los grandes centros urbanos que, imposibilitados de pagar los incrementos desmesurados pretendidos en las renovaciones contractuales, optaron por zonas periféricas, hasta ese momento con precios más accesibles. El efecto burbuja no se hizo esperar: el aumento de los alquileres se expandió a barrios alejados del centro, más desfavorecidos en servicios y no demandados hasta entonces.
Según los datos publicados por el Ministro de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana en julio del año pasado, Madrid es la provincia más cara de España con una media de 780 euros por arrendamiento. Le siguen Barcelona, con 694 euros, y las Islas Baleares, con 624 euros.
Con salarios que en muchos casos no llegan a los mil euros, contratos precarios y con los alquileres disparados, compartir piso o alquilar habitaciones a extraños no es una opción, se convierte en una necesidad.
Hacia una legislación que frene los abusos
El 6 de marzo de 2019 el entonces gobierno socialista en solitario de Pedro Sánchez sacó adelante una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que sirvió de cortafuegos temporal a los abusos del sector : contratos de tres años de duración, renovables por año y no más de un mes de fianza exigible son algunos de los puntos más importantes.
El pasado 26 de Octubre se aprobó en Consejos de Ministros la primera Ley de Vivienda de la democracia, fruto del acuerdo de gobierno al que llegaron PSOE y Podemos tras las elecciones de noviembre de 2019.
Entre los aspectos de la nueva normativa regulatoria del sector destacan;
- Un 30 % de las viviendas de obra nueva tendrán carácter público y de este porcentaje , la mitad deberán destinarse a alquiler social
- Las viviendas vacías contaran con una penalización del IBI de hasta el 150 %
- Los propietarios con más de 10 viviendas deberán adaptar sus alquileres al índice de referencia de la zona. Esta medida va encaminada a frenar los abusos de grandes tenedores conocidos coloquialmente como “fondos buitres”.
- Un bono de ayuda a jóvenes entre 18 y 35 años durante dos años con alquileres no superiores a 600 euros, Se pondrá pedir a partir de enero de 2022.
- La creación de un parque de vivienda protegida que no podrá ser transferida, cedida o vendida al sector privado ( como ocurrió en Madrid durante la alcaldía de Ana Botella)
- El concepto de “zona tensionada” cuando el precio medio del alquiler en la zona supere el 30% de los ingresos medios de los habitantes del barrio. Tanto los grandes propietarios como los pequeños deberán respetar el índice de referencia del alquiler establecido por el ayuntamiento o la Comunidad Autónoma correspondiente
- Ventajas fiscales para los pequeños propietarios: Bonificación 50% si rebajan el precio del alquiler respecto al contrato anterior en al menos un 5%. Bonificación 70% Si alquila por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años o si se trata de un nuevo contrato con mejoras o rehabilitación Bonificación 90% si se produce en áreas tensionadas
La nueva ley, centro de críticas
Una vez conocidas las propuestas del gobierno, el líder de la oposición Pablo Casado anunció que bloqueará su aplicación en ayuntamientos y comunidades autónomas lideradas por su partido y que recurrirá la Ley al Tribunal Constitucional por considerarla intervencionista. En este mismo sentido se ha pronunciado su compañera y Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que también presentará otro recurso al afirmar que la ley da una imagen “tercermundista chavista« a los inversores extranjeros.
Asimismo, el twit del alcalde de Madrid , José Luis Martínez Almeida en respuesta a la formación Más Madrid no se sale del guión de los populares como así tampoco su socia de gobierno Begoña Villacis que en su cuenta de Twitter confirmó que en Madrid no se aplicará la ley para ser “refugio de la inversión extranjera” en una clara señal a favor de los empresarios inmobiliarios y en detrimento de los ciudadanos para quienes la vivienda es una necesidad básica y no una mercancía más de especulación.
Para el sindicato de inquilinos de Madrid se trata de “una nueva decepción” porque “dejafuera a la mayoría de inquilinos al dejar a voluntad de los gobernantes autonómicos su aplicación en lugar de fijar condiciones objetivas”
Por último, en relación al bono de ayuda de 250 euros de ayuda a jóvenes propuesto por el Presidente Sánchez no ha estado exento de críticasconsiderando que una medida similar de la entonces Ministra de Vivienda Carme Chacón provocó a priori el efecto contrario ; Propietarios que daban por supuesta dicha ayuda repercutían a sus inquilinos dicha cuantía .
Más allá de la intencionalidad de los socios de coalición, queda por comprobar el alcance de la nueva medida en los bolsillos de los inquilinos.
A tenor de la desazón de los inquilinos y de la hostilidad manifiesta de los líderes del Partido Popular, que gobierna 5 comunidades autónomas y un 50 por ciento de los ayuntamientos españoles, se antoja complicada. Los perjudicados, sin duda, los ciudadanos en los que ellos residen.
