Carlos Lesmes pasará a la historia por haber sido colaboracionista (por acción u omisión) del PP en el bloqueo del Poder Judicial. Tanto Casado como Feijóo se han negado a renovar la cúpula judicial española (CGPJ, Tribunal Supremo y Constitucional) mientras Lesmes miraba para otro lado y dejaba hacer. Es cierto que de vez en cuando daba un tirón de orejas a los partidos responsables de que no se llegara a un acuerdo en la elección de los nombres de los magistrados, pero generalmente ponía a la misma altura a PSOE y PP, cuando eso, además de injusto, era falso. El Partido Popular ha estado jugando con la Justicia por intereses partidistas, para seguir teniendo la sartén por el mango mediante la colocación de sus peones conservadores en los altos tribunales y para garantizarse una mayoría en la judicatura que prohibiera la aprobación de leyes progresistas como la reforma laboral, la ley del aborto, el ingreso mínimo vital o la ley de eutanasia. Con una Justicia veraderamente independiente sentencias como la de las hipotecas y la del procés de Cataluña habrían sido muy diferentes.
Lesmes, que siempre ha hecho una lectura sesgada de lo que estaba ocurriendo, sabía perfectamente que todo el sindiós que se ha organizado en la judicatura de este país tenía un responsable único y directo: el PP que se ha negado sistemáticamente a cumplir lo que dicta la Constitución. La Carta Magna obliga a los dos principales partidos a sentarse a negociar la renovación de los magistrados, eso lo sabía perfectamente Carlos Lesmes, que siempre ha echado un capote al PP a sabiendas de que era el máximo responsable del bloqueo. Esta maniobra espuria pergeñada por los populares con la complicidad de los jueces conservadores solo tiene un nombre: lawfare, o sea guerra jurídica, utilización de los procedimientos legales para derrocar a un Gobierno al margen de las urnas. El periodista Ignacio Escolar lo explica con meridiana claridad: «La política que preocupa al PP se resume rápido. Si se renuevan los órganos constitucionales en la Justicia –el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional– la derecha dejará de mandar allí. Porque estas instituciones emanan de la soberanía popular y el PP ha perdido las dos últimas elecciones generales».
Hoy, tras años de parálisis y de manipulación, el presidente del CGPJ está a punto de presentar su dimisión y la pregunta es: ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué ha esperado a que la Administración de Justicia española se haya politizado y degradado tanto que ya huele a cadáver en descomposición? Solo él lo sabe.
Dimisión anunciada
Según fuentes judiciales, Lesmes explicará la semana que viene a la Sala de Gobierno del tribunal y al Pleno del órgano de gobierno de los jueces el mecanismo legal para su «eventual sustitución», tras amenazar, en la apertura del año judicial, con dimitir si no había avances en la renovación del Consejo, que permanece en funciones desde 2018, informa Europa Press.
Lesmes prepara así su salida y anuncia que el presidente de la Sala Civil del Supremo, el magistrado Francisco Marín, deberá asumir su cargo al frente del Alto Tribunal y del CGPJ tras su anunciada dimisión.
Según ha informado este viernes el CGPJ, Lesmes dará cuenta del informe que solicitó al Gabinete Técnico del Consejo con la intención de establecer una hoja de ruta sobre a quién le corresponde asumir sus funciones como presidente del Supremo y del Consejo, ya que al encontrarse el órgano en funciones no se puede proceder a elegir a su sustituto.
El informe del gabinete técnico concluye, entre otros puntos, que «tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable». Así las cosas, se «excluye» la posibilidad de articular «vías diferenciadas de sustitución»; es decir, que no será posible que el vicepresidente del Supremo le sustituya en el tribunal y que el vocal de mayor edad asuma las funciones en el Consejo.
«Excluida la doble vía de sustitución, esta ha de proveerse como canal único a través de la vicepresidencia del Tribunal Supremo, a quien por ley le corresponde sustituir al presidente», han concluido los miembros del Gabinete Técnico.
Desde el Consejo han recordado que la vicepresidencia del Supremo se encuentra vacante desde octubre de 2019, cuando el magistrado Ángel Juanes abandonó el cargo por llegar a la edad de jubilación. Desde entonces, el puesto ha sido cubierto interinamente por el presidente de Sala más antiguo, el magistrado Francisco Marín, que será quien ocupe el cargo de Lesmes.
Los expertos han defendido que el Tribunal Constitucional ya despejó «cualquier sombra de duda» al respecto al examinar la constitucionalidad del régimen de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, han precisado que la sustitución de Lesmes se dará «de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno».
Está previsto que la reunión con magistrados del Supremo tenga lugar el lunes y el encuentro con el Pleno del CGPJ el jueves. De esta manera, Lesmes arroja la toalla y presenta la dimisión, pero lo hace cuando el daño a la Justicia es ya irreparable.
Después del bloqueo intencionado, tras haber residido en la ilegalidad tres años y tres lunas, a continuación de reiteradas veces haber amenazado con irse, cosa que nunca tuvo prohibido, ahora prepara un alegato que vista de credibilidad renuncia tan indeseada por su parte y su partido con una última acción a la desesperada, apurando hasta el instante final lo que en lugar alguno es posible. Y nos viene ahora este mangarraños con un viejo cuento sobre la criada servicial y servidora. Zorras; es lo que sois. Mala onda afunda a toda esta porcallada xudicial e o país enteiro. Las cloacas no se dirigen sólo desde Moncloa, es necesaria la complicidad de todo un país para que ocurra lo que aquí está pasando.
No sé a vosotros qué os parece.