sábado, 18septiembre, 2021
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Las medidas urgentes del Gobierno contra la violencia machista chocan con el muro infranqueable de la justicia patriarcal

Casi la mitad de los juicios por violencia machista en los últimos 15 años acaban en absolución y cuatro de cada diez solicitudes de protección son rechazadas por los jueces

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El enésimo intento de un gobierno en España, sobre todo de cariz progresista, que intenta atajar con medidas concretas el avance imparable de las violencias ejercidas sobre las mujeres por el simple hecho de serlo quedará probablemente en agua de borrajas ante la contundencia de la realidad que evidencian las estadísticas. El 47 por ciento de los delitos juzgados relacionados con la violencia ejercida sobre la mujer se resolvió con una absolución entre los años 2004 y 2020, en el balance de los primeros 15 años en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en junio de 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

A esto hay que sumar otro dato revelador e incuestionable de la realidad actual en la lucha contra la violencia machista: el Poder Judicial reconoce que el 43 por ciento de las denuncias por violencia de género presentadas en estos 15 años quedaron archivadas o sobreseídas temporalmente por falta de pruebas. Además, los jueces deniegan cuatro de cada diez solicitudes de protección contra los maltratadores, donde se evidencia también una clara tendencia al alza mientras las víctimas cada vez acuden menos a denunciar porque constatan que la Justicia es un muro infranqueable que en vez de ayudarlas las frenan en su intento de poner fin al infierno personal que viven a diario, o directamente no las creen.

Las víctimas cada vez solicitan menos ayuda porque la Justicia concede cada vez menos órdenes de alejamiento

El último informe del Observatorio contra la Violencia de Género del primer trimestre de este 2021 revela que ha disminuido el número de víctimas contabilizadas porque al mismo tiempo han disminuido las denuncias de las mujeres víctimas de esta violencia machista. Estas mujeres solicitan menos órdenes de protección porque los jueces cada vez son más reacios a concederlas y el Ministerio Público a recurrir estas negativas judiciales a conceder protección a las mujeres maltratadas por sus parejas o ex parejas.

Blanqueamiento de muchos medios

Esta realidad diaria actual en los juzgados de violencia sobre la mujer también encuentra un aliado impensable en muchos medios de comunicación que intencionadamente blanquean la realidad de este mal estructural de la sociedad o directamente la niegan, como recientemente han denunciado las magistradas de la Asociación de Mujeres Juezas de España. “A pesar de la gravedad extrema de estos asesinatos y sus efectos, en la actualidad se ha producido, por algunos medios de comunicación, un cambio de tratamiento en la cobertura que se ofrece del terrorismo machista; en algunas ocasiones estas noticias están siendo relegadas de los espacios centrales de los programas de televisión, de radio, en los informativos o en la prensa escrita y/o digital, hurtándose este tema del debate social”, apuntas las juezas españolas.

Por todo ello, el catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y contra la Violencia de Género presentado esta semana por la ministra de Igualdad, Irene Montero, quedará como un intento más de un Gobierno, el enésimo, para hacer creer a las víctimas del terrorismo machista que las instituciones las protegen en su desesperada voluntad de evitar que sus verdugos les hagan la vida imposible, pero a la hora de llamar a la puerta de la Justicia la cruda realidad es bien distinta, como se ha podido comprobar en el caso de Rocío Carrasco, contado en una reciente docuserie televisiva de enorme impacto en la opinión pública española.

Aunque el conjunto de medidas urgentes para avanzar hacia la erradicación de las violencias estructurales contra las mujeres anunciado por la ministra de Igualdad es fruto del trabajo conjunto y acuerdo entre varios ministerios –Igualdad, Interior, Justicia, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030–, el peso del poder judicial es clave en este proceso, y a día de hoy la formación y concienciación del estamento judicial implicado directamente en la lucha contra la violencia machista adolece de incontables lagunas amén de una aplicación patriarcal de la justicia sin perspectiva de género alguna.

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