Ninguna de las grandes superficies que comercializaban la carne contaminada con listeria La Mechá, de la empresa sevillana Magrudis, detectó la presencia de esta bacteria pese a los exhaustivos controles que realizan periódicamente a los productos que comercializan, según ha podido saber Diario16 en fuentes del sector alimentario. Tampoco saltó la presencia de este germen en los autocontroles que hasta dos laboratorios (Lanutec y Biocontrol) realizaban periódicamente para Magrudis. Sólo el análisis presuntivo reclamado en ventanilla al laboratorio Microal el pasado febrero por el administrador único de esta empresa sevillana, Sandro José Marín, actualmente en prisión sin fianza, detectó la presencia de la listeria, y pese a ello Magrudis siguió comercializando sus productos hasta que saltó la alerta sanitaria el pasado 15 de agosto.
Este miércoles se ha conocido que Pedro Marín Ponce, hermano de José Antonio Marín Ponce, gerente de facto de Magrudis, también es administrador de una factoría del sector en un polígono industrial de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra que no cuenta con registro sanitario, según adelanta la asociación de consumidores Facua. Este nuevo caso de descontrol administrativo en este importante sector de la alimentación en España evidencia una situación generalizada que pone en entredicho la actuación de las administraciones públicas responsables.
Mientras, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía elude cualquier responsabilidad en esta situación y ha puesto el foco exclusivamente en la responsabilidad de Magrudis, a la que solo acusa en los juzgados de un delito contra la salud pública y no de otros como homicidio, aborto y lesiones, tras tres muertes, siete abortos y al menos 215 enfermos por el brote de listeriosis.
Cuestionado consejero de Salud
El departamento que dirige el cuestionado Jesús Aguirre, al que la oposición política y la asociación Facua han exigido su dimisión en reiteradas ocasiones por la gestión del brote, impulsará una campaña de promoción del sector que mitigue o amortigüe el mazazo que la repercusión de este caso ha supuesto para la producción cárnica tanto a nivel autonómico como nacional.
El caso Magrudis destapa el descontrol sanitario de las empresas cárnicas mientras la Junta promueve una campaña de promoción para evitar el descalabro del sector
Este hermano de José Antonio Marín Ponce, en prisión sin fianza junto a su hijo Sandro –administrador único de Magrudis– desde el pasado jueves 26 de septiembre acusado de los presuntos delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, aborto y lesiones, es el mismo con el que el gerente de la cárnica sevillana mantuvo una conversación telefónica intervenida por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil el pasado 12 de septiembre, dos días después de la noticia adelantada por Diario16 en la que se confirmaba que los responsables de Magrudis habían seguido comercializando sus productos aunque sabían desde diciembre de 2018 que tenían listeria tras conocer que numerosos invitados a un bautizo en Huelva enfermaron tras comer carne mechada La Mechá.
Incontables irregularidades
Entre las incontables irregularidades administrativas que este caso ha ido destapando destaca la absoluta impunidad con la que las empresas del sector mantienen su actividad sin que las administraciones competentes controlen estas irregularidades. Facua adelantó a finales del pasado agosto que Magrudis se dio de alta en 2015 en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Notificación de Alimentos (Rgseaa) de la Junta de Andalucía, tres años después de comenzar su actividad empresarial. La empresa cárnica que administra el hermano de José Antonio Marín ni siquiera tiene este registro sanitario en la actualidad.
Además, Magrudis lo hizo sin aportar la documentación correspondiente a la que está obligada el Ayuntamiento de Sevilla a otorgar en relación a su licencia de actividad. La normativa vigente no obliga a la autoridad autonómica a verificar que las empresas que soliciten este alta cuenten ya con la citada licencia, que la tengan solicitada o que lo hagan y la reciban en un determinado plazo.
Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Sevilla, responsable de los controles sanitarios a estas empresas, nunca tuvieron en cuenta que Magrudis no cumplió en ningún momento con su obligación de inscribirse en el Registro de Industrias Agroalimentarias (GRIA), dependiente de la Consejería de Agricultura, que como asegura Facua es clave para el control de la empresa por parte de la administración con competencia alimentaria y para el evaluar el etiquetado de sus productos.
