Las elecciones de Ayuso salen caras a los madrileños: cientos de millones en ayudas al comercio y pymes quedarán paralizados

La decisión de Isabel Díaz Ayuso de convocar elecciones anticipadas le saldrá caro a los madrileños. Europa tiene previsto destinar 20.000 millones de euros en ayudas a la recuperación económica de esa comunidad autónoma, pero los plazos de presentación de los diferentes proyectos en Bruselas finalizan el 30 de abril, de manera que la llegada del maná europeo se retrasará porque todo quedará paralizado por la falta de gobierno. La candidata de IU a la Comunidad de Madrid, Sol Sánchez, resumía en un acertado tuit el desastre que previsiblemente supondrá la convocatoria electoral: “Los plazos finalizan el 30 de abril. Pero Ayuso se lo ha pasado por el arco de triunfo porque importa más que se sienta segura que la economía de todo Madrid”.

Esta misma mañana, la Cadena Ser informaba del fiasco económico que se avecina para miles de familias que dependen de las ayudas comunitarias. “La convocatoria de elecciones por parte de Isabel Díaz Ayuso tiene una consecuencia económica desastrosa para Madrid”, cuenta la cadena de radio, que añade que “los presupuestos que se iban a aprobar esta misma semana y que ahora decaen contenían un plan para desembolsar 600 millones de euros en ayudas al comercio madrileño que ya no se liberarán”.

Llama la atención que los primeros damnificados por la imprevista cita con las urnas sean los pequeños y medianos comerciantes, es decir, esos mismos colectivos que IDA ha movilizado contra las políticas de Pedro Sánchez y del «Gobierno bolivariano». Hablamos de la población más machacada por la pandemia, vendedores y comerciantes que se han visto obligados a echar la persiana cuando arreciaban los contagios y que esperan las subvenciones de la UE como agua de mayo ante la situación agónica que sufren por la pandemia. Díaz Ayuso se ha pasado un año entero dirigiéndose a ellos, interpelándonos, movilizándolos contra el Ejecutivo de coalición, al que ha calificado de enemigo de España por sus políticas sanitarias que supuestamente llevaban la ruina al pueblo.

Sin duda, IDA ha hecho política y populismo con la epidemia de coronavirus y en ciertos momentos ha invitado a los madrileños, a los pequeños comerciantes y hosteleros, a incumplir el decreto de estado de alarma de Sánchez para salvar la economía. Sin embargo, a la hora de la verdad, la lideresa ha decidido anteponer sus intereses políticos, y su necesidad de mantener la poltrona, al pan de los madrileños. Una extraña paradoja.   

Los 600 millones en ayudas europeas que peligran forman parte del bautizado como Proyecto Alondra, un plan que se había diseñado tras largas reuniones en las que han participado hasta siete Direcciones Generales. En concreto, los proyectos que no podrán llevarse a cabo hasta que no finalice el proceso electoral que tendrá lugar a primeros de mayo tienen que ver con tres grupos de partidas presupuestarias: 235 millones de euros en ayudas al comercio; subvenciones a pymes industriales (35); hostelería y restauración (85); y una ayuda de hasta 3.200 euros a los autónomos a fondo perdido hasta sumar otros 85 millones de euros más.

Según la Ser, el plan de ayudas que se iban a liberar estaba tan elaborado que se habían fijado hasta 30.000 euros por establecimiento afectado. “También se contemplaban 113 millones en políticas activas de empleo para los trabajadores que no han salido todavía del ERTE y para los que habían caído en el paro como consecuencia de la pandemia. Y, por último, había otros 248 millones en otros conceptos varios como formación, otras líneas de incentivos a la contratación, líneas de colaboración para desempleados a ayuntamientos o internacionalización de pymes”, siempre según la emisora de Prisa.

La primera reunión del Proyecto Alondra se produjo el pasado 18 de enero. En ese equipo se integraban las direcciones generales de Empleo, Formación, Trabajo, Autónomos, Energía, Economía, Comercio y Consumo, que no dan crédito a que la decisión política impida ahora la liberación de fondos. “Literalmente, se había fijado ya la tramitación común de las ayudas desde el punto de vista jurídico y se había establecido una plantilla común de solicitud y tramitación de esas ayudas incluso con refuerzo de plantillas públicas para liberarlas. Todo eso queda ahora en nada. Así que la decisión política a esta hora deja sin ayudas a los madrileños por valor de 600 millones de euros”, informa la Ser.