“Seré la peor pesadilla de quien intente tocar el bolsillo a los madrileños”, ha advertido Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez a propósito de la regularización fiscal pactada entre Gobierno y ERC con el fin de equilibrar la balanza de las cuentas públicas entre las comunidades autónomas. Pablo Casado ha dado patente de corso a IDA en el asunto de los impuestos, y ella, fiel y aventajada alumna del trumpismo económico a la española, ha decidido llevar su guerra contra el Gobierno central hasta el final. La defensa del paraíso fiscal madrileño que hace la presidenta (en connivencia con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida) no tiene justificación alguna, ni desde el punto de vista económico ni constitucional, ya que es obvio que en la actualidad Madrid es el gran motor de la economía española y su capacidad recaudatoria supera con creces la de otras comunidades autónomas como Extremadura, Asturias, Galicia o Murcia. Por tanto, tiene la obligación moral de pagar más impuestos.
Quien más ingresa más debe contribuir a las arcas del Estado, esa es una máxima constitucional que debe ser respetada siempre. Pero Ayuso juega a la contra también en este asunto y se permite el lujo de bajar los impuestos (véase Sucesiones y Patrimonio) sin que Madrid vea mermada su capacidad productiva y mientras, paradójicamente, son las regiones menos poderosas las que contribuyen con un mayor esfuerzo fiscal a la sostenibilidad del Estado de bienestar en España. Por no hablar de comunidades autónomas como Valencia o Cataluña que arrastran un déficit inversor crónico desde hace ya años. De hecho, el procés tuvo mucho que ver con el dinero. Aquel manido eslogan del «España ens roba«, un gran fake divulgado por Artur Mas y los demás líderes secesionistas, sirvió para inflamar el patriotismo de los catalanes y justificar la ruptura con el Estado español, pero carecía de fundamento en los números reales, en las cuentas públicas y en las frías matemáticas. En ese orden de cosas conviene no perder de vista que estamos a las puertas de las elecciones catalanas y que a Gabriel Rufián le interesa resucitar el discurso del victimismo fiscal, o sea el espantajo de que la falangista, avara y centrípeta Ayuso se lo lleva todo para Madrid sin dejar nada para los demás.
Pero más allá de que el pacto Gobierno/ERC tenga mucho que ver con el compadreo político de cara a los comicios autonómicos (eso tan español de tú me das cremita, yo te doy cremita, es decir pela y llengua catalana a cambio de Ley de Presupuestos) lo cierto es que la Comunidad de Madrid goza de un trato de privilegio y favor que se le ha tolerado durante todos estos años. La región gobernada por el PP de Ayuso es la más próspera del país. En 2018 su PIB creció un 3,7 por ciento, más de un punto por encima de la media nacional; ese mismo ejercicio, su nivel de renta per cápita superó los 35.000 euros, el mayor de España; y hasta el estallido de la pandemia la estadística de desempleo era de las más bajas de todo el país (en agosto de 2019, a pocos meses de que se nos viniera encima la plaga del coronavirus, la tasa de paro se situaba en el 10,5 por ciento frente al 14 del resto de España). A estos buenos números ha ayudado, sin duda, que la populosa y demográficamente densa Madrid sea la capitalidad del país, el polo político y financiero o centro de decisión con sus ministerios, sedes de grandes multinacionales del Íbex 35 (también extranjeras), la Bolsa y la prieta flotilla de bancos y cajas. En la era precovid la máquina económica de Madrid funcionaba a pleno rendimiento y los gobernantes locales se permitieron el lujo de bajar los impuestos (sacando pecho de su opulencia y haciendo demagogia ultraliberal) mientras otras regiones (mayormente de la España vaciada) se empobrecían irremisiblemente sin que al patriotismo pepero pareciera importarle lo más mínimo.
Por supuesto, toda esa riqueza generada por Madrid en los últimos años no se ha repartido con racionalidad y de forma redistributiva, la brecha entre el norte y el sur madrileño se ha acrecentado y la corrupción se ha disparado (Gürtel, Púnica, Lezo), de manera que podemos decir sin temor a equivocarnos que el emporio Ayuso es hoy el gran paradigma de la desigualdad con una minoría de clases altas que viven a cuerpo de rey (los reaccionarios cayetanos y cacerolos que se resisten a renunciar a sus privilegios y plantan cara a las políticas progresistas de Pedro Sánchez) mientras el pueblo resiste la guetificación de barrios que como Vallecas, Villaverde o Usera se ven sumidos en la extrema pobreza, mucho más ahora que arrecia la pandemia. Baste un solo dato: en los barrios ricos, la renta media por habitante supera los 100.000 euros mientras en los más degradados apenas roza los 20.000. Es la abundante riqueza frente a la miseria extrema, la típica radiografía de un país en vías de desarrollo cuyo Estado de bienestar hace aguas por los cuatro costados. Mientras tanto, la Educación pública es cada vez más deficiente y la Sanidad se cae a trozos (por muchos faraónicos hospitales de pandemia que levante Ayuso para salir triunfante y lozana en la foto de inauguración). Y es que, diga lo que diga la lideresa, sin impuestos no hay Estado de bienestar.
La misma situación de desequilibrio económico se registra cuando se compara Madrid con el resto de comunidades autónomas. El marco tributario madrileño de competencia desleal, el llamado dumping fiscal, está generando un sistema de todo punto injusto y un agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas. Esa discriminación solo puede ser foco de conflictos territoriales, tal como algunos barones del PP advierten en petit comité y con la boca pequeña. El hecho de que la capital del Estado soporte una presión fiscal más suave que las demás regiones del país supone una clara ventaja añadida a su ya destacada posición como centro de poder.
En las últimas horas, el dúo Ayuso-Almeida ha tratado de lanzar la consigna de que “Madrid no es un paraíso fiscal que se queda con las energías y esfuerzos de todos los españoles”. Pero si no lo es, se parece mucho. De ahí que el proyecto de regularización fiscal que prepara Sánchez, con el apoyo de sus socios, entre ellos Esquerra, trate de armonizar la ley de la jungla tributaria en que se ha convertido nuestro país. Que haya comunidades autónomas de primera y de segunda categoría, también en el capítulo impositivo, va contra el principio de igualdad y justicia consagrado en la Constitución del 78. Esa Carta Magna que invocan todo el rato los ultraliberales de salón para quienes el Estado de bienestar es un engorro y un obstáculo en su plan de extensión del capitalismo salvaje.
