PSOE, Podemos y Ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Madrid han decidido presentar una demanda en la Fiscalía al encontrar indicios de corrupción en la gestión del Canal de Isabel II en América Latina. A través de Inassa se gestionan los diferentes negocios que posee la empresa pública madrileña en el continente americano. Como ya informó en su momento Diario 16, esta empresa, pese a facturar beneficios de 80 millones de euros al año, tienen una deuda reconocida por el gobierno madrileño de más de 1.000 millones de euros.
Esta deuda puso sobre aviso a la Comisión para el esclarecimiento de la deuda de la Asamblea de Madrid. Se preguntaban cómo una empresa podía haber contraído esa deuda en tan poco tiempo, produciendo, además, un quebranto patrimonial al conjunto de la ciudadanía. Como ha afirmado José Manuel López de Podemos: “Lo único claro en el Canal es el agua”. El portavoz morado junto a Mercedes Gallizo del PSOE y Juan Rubio de Ciudadanos son los que han presentado la demanda ante Fiscalía. El PP no ha comparecido aludiendo a que la Comunidad de Madrid ya había presentado al mismo organismo un informe.
La demanda se basa en Emissao
Canal compró hace tiempo una empresa constructora y de ingeniería, por tanto alejada de cualquier actividad del ciclo del agua, en Brasil. La empresa pública madrileña se hizo con el 81,24% de Emissao Engenharia e Construçoes a través de una empresa instrumental de Uruguay (Soluciones Andinas de Agua). El coste de la adquisición fue de 21,4 millones de euros en Noviembre de 2013. Curiosamente en diciembre de 2013, el propio Canal reconocería que la empresa brasileña sólo tenía un patrimonio neto de 10,7 millones de euros y sin ningún tipo de contrato que apoyase el valor de compra. Al año siguiente el patrimonio neto de Emissao se fijaba en 5,4 millones de euros. Una disminución patrimonial de casi 16 millones de euros, aunque la Comisión de investigación estima que el quebranto podría ser de cerca de 36 millones de euros.
Tan sólo en la compra de esta empresa van apareciendo numerosas empresas puente o intermediarias que hacen suponer que existe algo más que un simple mal negocio. Como ha afirmado Juan Rubio de Ciudadanos: “Entendemos que esto va más allá de la mala praxis en la gestión y que hay un quebranto patrimonial susceptible de ser delito”. En la propia demanda destacan los investigadores asamblearios que KPMG, la auditora que cobró 23 millones de euros, ya reconoció que algunos de los datos solicitados no les fueron entregados (ver página 10 de la demanda). Sin embargo, aprobaron la auditoría y cobraron por ello.
Reacciones de los demandantes
Mercedes Gallizo del PSOE entiende que la fiscalía posee mejores herramientas que los diputados de la Asamblea para saber “por qué se instaló Canal en América […] y que se investigue a dónde ha ido el dinero de los madrileños”. Reconoce la portavoz socialista que el gobierno de Cristina Cifuentes entregó una documentación sobre la utilización de cuentas en Suiza para realizar pagos del Canal, pero desconocen realmente qué es lo que ponía y los datos que contenía esa documentación. A fin de no estar en la opacidad del gobierno de Cifuentes, los tres partidos demandantes lo hacen público para que todas las personas puedan conocerlo.
Quien más duro se mostró fue el presidente de la Comisión de investigación, José Manuel López de Podemos. “Lo que se ha gastado en todo esto es más de los 100 millones que gasta Canal en los bonos sociales de agua” ha comenzado su intervención. Para el podemita todo es un entramado societario para “tapar el rastro de lo que ha hecho Canal en América Latina”. Para el diputado morado que ni la auditoría interna, ni la externa de KPMG hayan sido capaces de detectar lo que ha estado pasando. Y como entienden que puede haber un delito y administración desleal ponen en conocimiento de la Fiscalía lo que han encontrado. “La transparencia aquí no existe” ha concluido.
Juan Rubio de Ciudadanos ha comenzado su intervención preguntándose por toda la opacidad que se han ido encontrando. No comprende cómo se pueden perder 10 millones de euros en un mes y “que nadie lo evalúe”. Al igual que sus co-denunciantes ha criticado las dificultades que les ha puesto el gobierno: “El gobierno del Partido Popular de la señora Cifuentes no nos ha ayudado en todo el proceso de investigación”. Tras estas declaraciones es comprensible las afirmaciones del PP.
Enrique Ossorio ha afirmado que “la Comunidad de Madrid ya elevó informe a la Fiscalía sobre la empresa Emissao, por tanto el acto de tripartito de la Asamblea hoy es solo una foto”. Los portavoces han dejado claro que desconocen el contenido de ese informe de la Comunidad. Además, Ossorio ha atacado a López por ser el presidente de la Comisión y estar allí presente. Para el PP la Asamblea no ha estado representada y el partido conservador se desentiende de los actos realizados.
