La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, junto con la Fiscalía Anticorrupción han puesto en marcha este martes la Operación Enredadera, en la que investiga una trama de corrupción en la contratación de sistemas de control de tráfico como semáforos y videocamámaras que afecta a decenas de municipios de toda España. Supuestamente los ayuntamientos realizaban contrataciones irregulares de ese tipo de materiales y servicios en las que los policías locales hacían de intermediarios entre las empresas y los consistorios, y presuntamente se cobraban comisiones.

Al parecer, se realizaban compras innecesarias de elementos y programas informáticos asociados a la seguridad vial y a la gestión de las multas. Estas contrataciones, que podrían alcanzar los 200.000 euros, eludían el concurso público y se remontan al año 2010. Se sospecha que se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con una finalidad puramente recaudatoria. La empresa habría pagado supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.

Un total de 44 ayuntamientos y 2 mancomunidades están siendo investigados. Se van a practicar 44 detenciones, de las cuales 17 son alcaldes, 10 son policías locales y el resto, técnicos y empresarios. Además, están previstas más de 70 citaciones. Se prevén también 92 registros en 25 ayuntamientos, 30 despachos profesionales, 25 domicilios y 12 empresas.

La empresa Aplicaciones Gespol. S.L, filial de la constructora Sacyr desde 2016, es una de las principales compañías implicadas en el caso “Enredadera”. La empresa es proveedora de un software para policías locales y tiene la sede en Barcelona.

Sacyr se ha sacado un comunicado en el que anuncia que va a abrir una investigación interna al respecto y estima en 1,5 millones el volumen de contratos obtenidos a través de Gespol en el último año.

La macrooperación policial de la UDEF se ha saldado con la detención de José Luis Ulibarri, dueño de la empresa Begar y el principal magnate de Castilla y León. Ulibarri, que fue el primer empresario salpicado por el caso Gürtel y artífice de la inhabilitación del juez Baltasar Garzón durante el proceso de instrucción, ha sido detenido dentro de la operación “Enredadera.

Ulibarri es además el beneficiario de la concesionaria de los autobuses de Ponferrada, que llevan años en un limbo legal mientras él sigue beneficiándose del contrato. Además, es dueño del Diario de León y de varios medios locales. Aunque el más significativo es la Radio televisión, la única que tiene licencia de TDT en una comunidad sin televisión pública.

El operativo, en el que han participado 580 policías, arranca en julio de 2016 en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona), donde la Policía Nacional investigaba el supuesto amaño de contratos municipales para la instalación de radares de control del tráfico. La investigación posterior, dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona y la Fiscalía Anticorrupción, ha extendido las pesquisas a toda España, encontrando también contratos de obra pública como «aparcamiento o pistas con diferentes usos», señalan fuentes de la investigación.

Solo en Madrid se investigan los ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Pinto, Villanueva de la Cañada, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Parla, Torrelodones, Manzanares el Real, Galapagar y Valdemorillo. Y fuera de Madrid en sedes consistoriales de Asturias (Oviedo), Castilla y León (León, San Andrés de Rabanedo, Villaquilambre); y otros municipios de las provincias de Barcelona (Mollet de Valles y de Tiana), Teruel, Huesca, Plasencia, Velez-Málaga, Zaragoza, Palencia, Illescas (Toledo) y Lleida.

Además hay requerimientos en la Diputación de Alicante, ayuntamiento de Mataró, Montgat, Oineda de Mar, Premià de Mar, Rubi, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O´Grove, San Vicent del Raspeig y Vitoria.

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