¿Cómo se estructuraba la Brigada Política del PP, esencia de las cloacas del Estado? Por supuesto, lo primero que conviene aclarar es que todas las actividades llevadas a cabo por el grupo eran “alegales”, es decir, al margen de la ley y del control de los jueces y fiscales. Hasta dónde llegó la participación del exministro Jorge Fernández Díaz es algo que está siendo objeto de investigación en los tribunales, pero cabe decir que, por ley, la función administrativa de un ministro del Interior es la de coordinación y supervisión, nunca la de poner en marcha operativos concretos, y mucho menos la organización de un grupo parapolicial bajo su mando directo. Fernández Díaz ha negado su participación en los hechos, pero es evidente que existía una estructura perfectamente organizada.
En un primer peldaño, la brigada estaba formada por una serie de mandos burocráticos, políticos, que gozaban de la máxima confianza del ministro. Estos a su vez contaban con la colaboración de relevantes inspectores jefe. En un segundo escalón estaba el comisario José Manuel Villarejo mientras que en el tercer nivel se encontraba la conocida como “Oficina Siniestra”, situada en una calle ubicada junto a la Dirección General de la Policía. A esta oficina se le ha atribuido la elaboración de una serie de informes policiales bien para defender a agentes vinculados con la Brigada Patriótica o bien para atacar a compañeros o funcionarios que se atrevían a denunciar lo que estaba ocurriendo en la Policía Nacional. Es el caso de Jaime Barrado, comisario de Policía, quien en el documental de Mediapro llega a asegurar: “En mis cuarenta años de policía, en la vida había visto yo ni había sospechado, que hubiera un grupo de policías que se dedicara a proteger a los malos en contra de las víctimas de los delitos”. Hasta que a este honrado funcionario de la Justicia y de la ley se le cayó la venda de los ojos.
Barrado fue uno de los funcionarios que participaron en la detención de los asesinos de Anabel Segura, es decir, se le considera uno de los policías más laureados y condecorados del cuerpo. Quienes lo conocen bien dicen de él que es un ejemplo de tenacidad y constancia en la resolución de los casos. Un investigador exhaustivo y meticuloso. Hoy, el comisario es uno de los represaliados por los mercenarios de las alcantarillas de Interior. Concretamente, su investigación en el caso Interligare le granjeó no pocos enemigos entre los integrantes de la Policía Patriótica. Interligare era un claro ejemplo de corrupción policial: tres comisarios que habían estado vinculados a diferentes empresas y que habían dejado de cumplir con sus obligaciones con la Hacienda pública y la Seguridad Social. Barrado fue tirando del hilo hasta que, con estupor, se encontró con que los delincuentes eran advertidos por uno de sus jefes inmediatos de la comisaría. Tras proponer la detención de los mandos implicados, terminó siendo cesado a los tres días. Fue entonces cuando lo destinaron a la Comisaría de Chamartín. Allí cayó en sus manos el asunto de las coacciones a la doctora Elisa Pinto, una dermatóloga que acusaba al empresario Javier López Madrid por supuestos acosos. Pinto declaró que López Madrid le advirtió que si lo llevaba a los tribunales ella no tendría nada que hacer porque movería sus contactos en la Policía y “su amistad con la Casa Real”, que le ayudaba.
López Madrid es el yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL. Ha sido condenado por el escándalo de las tarjetas black de Cajamadrid y detenido por la Operación Lezo, relacionada con la financiación del PP de Madrid. Además, es íntimo amigo del rey Felipe VI desde los años de infancia en el colegio Los Rosales. Además, tal como ha publicado Eldiario.es, la reina Letizia le mandó mensajes de apoyo cuando estalló el affaire: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”. En esa época, la reina y el empresario compartían clases de yoga.
Cuando el comisario Jaime Barrado inició su investigación contra el afamado empresario, cayó en la cuenta del calvario que le esperaba. “Ahí empezó eso que el que es policía se incentiva, que es cuando empieza a recibir llamadas extrañas y contestaciones raras. Excusas y mentiras. Llamo al jefe de seguridad de OHL, me identifico y pido hablar con López Madrid. Y me dicen que ese señor es un desconocido total en esta empresa”, relata el comisario denunciante de corrupción.
En la Comisaría de Chamartín, la doctora Pinto denunció dos agresiones con un cuchillo por parte de desconocidos que supuestamente la advertían de que debía dejar en paz a López Madrid. El comisario Barrado preparó un álbum de fotografías de sospechosos (un procedimiento rutinario en estos casos) para llevar a cabo un acta de reconocimiento. Uno de los retratos pertenecía a Villarejo y la víctima lo reconoció sin ningún género de dudas. La doctora incluso llega a decir que el comisario, hoy encarcelado, es ahora un hombre algo mayor que el que aparece en la foto. Cuando Barrado entrega el expediente sobre el posible autor de la agresión, la respuesta que recibe de sus superiores es otro traslado, otro injusto cambio de destino. “Me mandan a una Comisaría conflictiva que se llama Carabanchel. Evidentemente, nadie te dice por qué”, alega. Pero las represalias no quedan ahí. Se le abre un expediente que acaba con una suspensión de empleo y sueldo que es recurrida por el afectado. El TSJ de Madrid sentenció a su favor alegando que “la credibilidad del comisario estaba fuera de toda duda”.
Barrado, ya defenestrado, comprende que hay una “mano negra”. Pero sigue indagando en la biografía del siniestro comisario Villarejo, comprobando que cada policía que ha intentado llevarlo ante la Justicia por sus supuestas trapacerías ha terminado “suspendido de empleo y sueldo o trasladado”. “Veo que hay gente que debería estar investigando, como es la Unidad de Asuntos Internos, que no solo no investiga, sino que nos quita a los que intentamos investigar a alguien que tenga relación con Villarejo. Es un auténtico mafioso”, explica Barrado.
La oscura Transición. Del felipismo al aznarismo
Las andanzas del comisario Villarejo se remontan a los primeros tiempos de la Transición, cuando policías del franquismo y de la extrema derecha de Fuerza Nueva, así como de la Brigada Político Social, recalaron en diferentes unidades de la Policía Nacional. En 1983 se produjo el secuestro de Segundo Marey. Dos años más tarde, un atentado en un bar de Bayona acabó con cuatro presuntos miembros de ETA. La firma de estos crímenes la ponen los GAL (los Grupos Antiterroristas de Liberación bajo mando y supervisión del Estado). Finalmente se descubrió la vinculación de esta banda de agentes mercenarios a sueldo con elementos de la Policía y altos cargos de Interior en la etapa de Felipe González.
El abogado José Aníbal Álvarez defendió a varios policías que en aquellos años se vieron involucrados en las sórdidas actividades de los GAL. El letrado llamó a declarar a Felipe González ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo como testigo. No se llegó hasta el final, y una vez más se emprendió una caza de brujas contra quienes trataban de destapar la verdad sobre las cloacas. En aquellos años convulsos, el Ministerio del Interior organizó una trama para desacreditar al juez Baltasar Garzón, encargado de investigar los GAL, la guerra sucia contra ETA y las operaciones al margen de la ley llevadas a cabo por los policías José Amedo y Michel Domínguez. Entre las maniobras de las cloacas policiales contra el magistrado estaba el informe Veritas, cuya finalidad última era acabar con la reputación del juez instructor.
El modus operandi de las cloacas de aquellos años era exactamente el mismo que el empleado hoy por los integrantes de la Policía Patriótica del PP: orquestar un montaje o trama contra la víctima para después filtrar el dosier con apariencia de legalidad a la prensa y hundir su honor. A fecha de hoy, Garzón todavía no sabe quién dio la orden en las altas esferas para que se desprestigiara o se “buscaran las vueltas” a su imagen personal y profesional. En cualquier caso, el juez comprobó con estupor cómo desconocidos le seguían de cerca a bares y restaurantes e incluso a partidos de fútbol en el Santiago Bernabéu. En una ocasión, harto ya de los seguimientos, Garzón se acercó a sus acosadores y les dijo: “Sean ustedes más discretos porque ni siquiera están haciendo su trabajo bien”.
Sin duda, aquel informe Veritas ya era el síntoma de una descomposición, de una enfermedad “corrosiva, interna, cancerígena”, tal como expresa el propio juez hoy ya retirado. Lo cual demuestra que las cloacas no son un mal de ahora, sino que hunden sus raíces en la protohistoria misma de nuestra democracia y aún antes, en la dictadura franquista. Quizá sea esa influencia de cuarenta años de fascismo la que ha impregnado las instituciones y cuerpos policiales españoles, que no terminaron de hacer la Transición. La mala praxis policial, la falsificación de pruebas, la creación de unidades al margen de la ley y de los aparatos del Estado y las maniobras de acoso y derribo contra personajes incómodos que no interesa que estén en el sistema es algo que siempre ha existido.
En el informe Veritas se recoge que Baltasar Garzón tenía relación con una organización de narcotraficantes y que había participado en orgías con mujeres. El “grupo salvaje” contra el magistrado se nutrió de efectivos policiales llegados expresamente de Barcelona y Zaragoza para investigar al juez instructor, que finalmente decidió exponer sus quejas a la Secretaría de Estado. O sois vosotros quienes me siguen o es el ministro de Justicia, Juan Antonio Belloch, llegó a decirles. “Todo eso parece una película de serie B, pero se hizo, e incluso llegó a presentarse el atestado”, asegura el popular magistrado. Salvo algunas sentencias puntuales, las cloacas han seguido funcionando hasta nuestros días. Son los mismos perros con diferentes collares.
Hoy ni siquiera los políticos del PP han quedado a salvo del fuego amigo. En el año 2009, el diario El País publicaba un artículo en el que se denunciaban escuchas a dirigentes populares de la Comunidad de Madrid. En esa trama estaban algunos de los policías que han formado parte de la Policía Patriótica durante los años del exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz. Los supuestos espionajes se produjeron entre abril y mayo de 2008, en plena batalla por el poder dentro del PP tras la segunda derrota consecutiva de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Algunos de los espiados, Manuel Cobo –mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón–, y Alfredo Prada –ex consejero de la Comunidad de Madrid–, se habían aliado con Rajoy en la disputa que mantenía el presidente del PP con Esperanza Aguirre.
El País acusó a varios guardias civiles de estar implicados en las escuchas y seguimientos. Los agentes siempre han negado su participación en los hechos y se consideran víctimas de una conspiración. José Oreja, sargento de la Benemérita, asegura que en enero de 2008 altos mandos de la cúpula reunieron a sus asesores y se les transmitió que “por especial interés” del vicepresidente primero de Madrid, Ignacio González, era necesario realizar una serie de seguimientos o vigilancias a altos cargos populares, a los que se denomina “objetivos”. Las nuevas víctimas de las cloacas son Ruiz Gallardón, Alfredo Prada, Manuel Cobo y Cristina Cifuentes, además de algunos alcaldes de localidades madrileñas, entre otros.
Una vez más, el caso cayó en manos del comisario Barrado y de nuevo llegaron las consignas de las altas esferas y la orden de parar la investigación. En aquellos días ya se sabía que la Comunidad de Madrid había contratado a una empresa de detectives y el asunto adquiría tintes de pequeña “gestapillo” madrileña. Obviamente, el espionaje a los altos cargos del PP precisaba un dinero para pagar los gastos de los espías, el material y los vehículos utilizados en los seguimientos, lo que entrañaba un supuesto delito de malversación de fondos públicos. Las órdenes del alto mando no tardaron en llegar. Un superior le dijo a Barrado que dejara de meter las narices en el despacho de detectives contratado en la Comunidad de Madrid para realizar los seguimientos a los “objetivos” seleccionados. Es más, se le ordena que no pida el mandamiento judicial de entrada para registrar las oficinas de los detectives en busca de documentación. Finalmente, en noviembre de 2016, los servicios jurídicos de Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, admitían que se había espiado a políticos del propio partido durante la etapa de Esperanza Aguirre.
Pero sin duda todas las cloacas del Estado conducen a un mismo hombre: el comisario Villarejo, actualmente en prisión por varias causas abiertas. Su entramado de empresas le granjeó un inmenso poder en Madrid y suculentos beneficios económicos. Hoy ya se sabe que las cloacas se han convertido en un gran negocio para algunos. El entramado empresarial de Villarejo (que ha participado en hasta 12 sociedades mercantiles) llegó a mover más de 25 millones de euros, propiedades en inmuebles y cuentas en Suiza, Panamá y Delaware. Además, el comisario hoy en prisión se jactaba de ser un hombre bien conectado con jueces y fiscales. Según el documental Las cloacas de Interior, Schola Iuris es una sociedad vinculada al comisario Villarejo que se dedicaba a impartir másteres para estudiantes de Derecho. Sus profesores eran altos mandos de la Policía, de la Guardia Civil y sobre todo magistrados y fiscales como Manuel Moix, nombrado por el PP fiscal Anticorrupción, y José Manuel Maza, magistrado del Tribunal Supremo designado fiscal general del Estado (hoy fallecido).
Ahora se sabe que Villarejo llegó a ofrecer sus servicios extrapoliciales a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. En una grabación que dio a conocer El Mundo, Villarejo y otro compañero se ofrecieron para tapar el feo asunto del ático de González.
Otra aportación del comisario a las cloacas del Estado ha sido la Operación Cataluña, que comienza con la llegada del PP de Mariano Rajoy al Gobierno. En pleno Gobierno popular se puso en marcha la Brigada de Revisión de Casos con el supuesto objetivo de reabrir la investigación de aquellas causas que habían quedado sin resolver. “Yo llego en 2012 a la Unidad de Asuntos Internos. A finales de 2012, digamos septiembre u octubre, el director adjunto operativo me dice que hay unos asuntos que están cuestionados en la opinión pública y que la actuación de la Policía no está clara. Esos asuntos son el caso Faisán y el caso del 3 por ciento. Cosas que están en la prensa a diario”, asegura Marcelino Martín Blas.
