La magistrada que investigaba si las manifestaciones feministas del 8 de marzo tenían relación con la expansión del coronavirus en nuestro país, una vez recibidos los informes encargados ad hoc hace semanas a raíz de una denuncia presentada por un letrado a título particular, contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, dicta una providencia y anuncia que deja de investigar la causa por un posible delito de lesiones aunque mantiene la investigación abierta por si el Delegado del Gobierno hubiera cometido un delito de prevaricación. No obstante, en un auto hace unas semanas ya expresó “serias dudas” sobre este delito.
Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado 51 de la Plaza de Castilla, abrió diligencias de investigación el pasado miércoles, 25 de marzo para averiguar si el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, tras la denuncia del particular, que también presentó la denuncia en el Tribunal Supremo contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría haber cometido delito de lesiones por imprudencia y otro de prevaricación por no haber prohibido la celebración de concentraciones multitudinarias en la comunidad, como el 8-M, a sabiendas de que avanzaba la epidemia de Covid-19, según versaba la denuncia.
La magistrada descarta que exista una relación entre ir a la manifestación y contagiarse, suprime la investigación de un delito de lesiones por imprudencia y mantiene sólo la relativa a una posible prevaricación.
Una voz más, además de las académicas y científicas, que niega existencia alguna de relación entre la propagación del COVID-19 en España con las manifestaciones feministas del 8M.
