La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó una demanda colectiva para defender en juicio a los más de 400.000 españoles afectados por la obsolescencia programada en la gama de iPhone 6 en base a “las prácticas comerciales injustas, engañosas y agresivas” de Apple que, para la asociación, ha actuado de manera fraudulenta ocultando información a los usuarios, vulnerando así la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Desde OCU consideran que Apple actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría una ralentización y pérdida de rendimiento de los teléfonos. Como consecuencia, los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque les iba “más lento” un hecho que les empujó a cambiar de modelo. Así, de manera oculta, Apple forzó a los consumidores a renovar sus iPhones , causándoles, por un lado, un perjuicio económico cifrado aproximadamente entre 40 y 80 millones de euros y , por otro, obteniendo aún mayores beneficios empresariales al “obligar” a su clientes a renovar sus terminales por uno de gama superior y de mayor coste
Los antecedentes
Si bien la demanda contra Apple ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid hace tan solo unos días, desde la organización de consumidores insisten que ya en diciembre de 2020 se presentaron unas diligencias preliminares para instar a la tecnológica norteamericana a identificar a los afectados, a fin de que la organización pudiera defenderles en un Juzgado.
Como Apple hizo caso omiso a las sucesivas reclamaciones sin obtener respuestas por la vía amistosa, seis meses más tarde, en mayo del presente año, la asociación de consumidores y usuarios presentó la demanda en la que solicitaba al gigante de la manzana, una compensación, no solo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados, sino también por los daños morales: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca.
En el escrito registrado en el juzgado se exige una compensación de entre 99 y 189 euros. Desde OCU explican que esta cuantía se desprende “De la suma del importe de la batería (entre 29 y 89 euros, según si se acogió o no al plan de reemplazo), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999 euros, según el modelo, capacidad, etc.)”.
Sin costes judiciales para los afectados
Al tratarse de una demanda colectiva, desde la organización de consumidores invitan a los usuarios de los modelos iPhone 6, 6S, 6 Plus y 6S Plus a sumarse a la reclamación para lo cual ha puesto a disposición de todos los afectados un formulario de contacto en su página web.
A tal fin, OCU recuerda que esta acción no tiene costes para los perjudicados: asumirán el gasto necesario para entablar esta contienda judicial, pagando los honorarios de abogados y procuradores. En caso de perder la acción judicial, los afectados tampoco tendrán que asumir las costas del proceso.
Multas en otros países
La demanda admitida a trámite recientemente en Madrid no coge por sorpresa al gigante norteamericano: Ya en mayo de 2020, el Tribunal Administrativo del Lacio (Italia) confirmó, en una decisión histórica, la multa de 10 millones de euros que fue inicialmente impuesta en octubre de 2019 por la Autoridad de la Competencia Italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) en relación con las implicaciones para el rendimiento del iPhone de la actualización de las versiones 10.2.1 y 11.2.0 del sistema operativo iOS. El Tribunal identificó el comportamiento de Apple como una práctica injusta y agresiva.
Esta acción deliberada constituyó la base de una demanda colectiva en los Estados Unidos que Apple ha preferido solucionar extrajudicialmente por un monto total de 500 millones de dólares que la citada compañía pagará a los consumidores afectados.
Apple ha aceptado pagar una multa en Francia de 25 millones de euros para evitar un proceso judicial después de que los servicios antifraude franceses hayan concluido que hubo carencias en la información sobre las actualizaciones del sistema de explotación de sus iPhone, que en muchos casos ralentizaban el móvil. Para este organismo oficial francés, las lagunas en la información que dio la multinacional estadounidense sobre la actualización del sistema iOS constituyeron «una práctica comercial engañosa por omisión». Hay otras demandas en curso en Australia e Israel por el mismo motivo.
En pocas palabras, la “obsolescencia programada” de la multinacional tecnológica forzó a sus clientes a reemplazar los viejos modelos de iPhone 6 bajo ocultamiento que se trataba de un problema de la actualización de su software: esta cuestionable práctica comercial ha causado un perjuicio económico a todos los consumidores independientemente del país de procedencia de cada uno.
Otro asunto, más allá de lo económico, es el perjuicio medioambiental que provoca la caducidad tecnológica al aumentar el número de desechos electrónicos que están entre los más contaminantes.
