Nos dieron la matraca durante meses con la dichosa conspiración venezolana, pusieron una denuncia contra el Gobierno español en Bruselas, pidieron la cabeza de varios ministros, malgastaron horas y horas de tediosas de sesiones en las Cortes que se podrían haber aprovechado para tratar sobre medidas urgentes contra la pandemia. ¿Y todo ello para qué? Para nada. El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha decidido archivar la investigación abierta contra varios funcionarios por la polémica escala de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas. El magistrado ha zanjado la cuestión al considerar que la zona de tránsito del aeropuerto madrileño no es territorio español, de modo que no hubo delito como pretendían las derechas.

Durante meses, PP, Vox y Ciudadanos hicieron de este montaje un duro ariete para tratar de derribar al Gobierno de coalición. Una vez más, la teoría de la conspiración trumpista resultaba tan descabellada como ese bulo difundido por los republicanos norteamericanos que habla de una trama de pederastia internacional bolchevique para secuestrar niños y beberse su sangre. En esta ocasión Pablo Casado, el mismo que se queja de las mentiras del orwelliano Ministerio de la Verdad de Pedro Sánchez, propagó la fake news de que el Gobierno español había enviado a Barajas al ministro Ábalos para intrigar en la sombra con Rodríguez con la intención de impulsar una especie de gran internacional chavista en Europa.

Por si fuera poco, Vox alimentó aún más el disparate al sugerir que el avión en el que viajaba la mandataria venezolana iba cargado de droga con rumbo a Turquía. Como guion, la historia resultaba bastante chusca, propia de una de esas siniestras páginas web antisistema llenas de faltas de ortografía que circulan por internet, pero hubo quien compró la historia, que dio para algunas portadas en la prensa de la Brunete mediática (a buen seguro Inda hizo caja con el exclusivón de medio pelo) y durante algunos días el Ejecutivo parecía acorralado, sin argumentos, contra las cuerdas. Por último el asunto llegó al Parlamento, donde se pidió el cese fulminante de Ábalos, que se frotaba los ojos desde su escaño sin comprender cómo le habían metido en semejante embrollo mientras se afanaba inútilmente por explicar al hemiciclo que su entrevista con Rodríguez no tenía más que un objetivo diplomático: informar a la ministra venezolana, con sumo tacto como corresponde a un país amigo con el que España guarda estrechos lazos de hermandad, de que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen por orden de la UE en cumplimiento de las sanciones contra el régimen de Maduro.

Ahora el juez Antonio Serrano-Arnal pone las cosas en su sitio. El magistradoha dictado un auto de sobreseimiento apoyándose en el artículo 25 del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, conforme al cual las zonas de tránsito internacional de los aeropuertos españoles no pueden considerarse territorio español. Es decir, la reunión entre ambos emisarios políticos se ajustó a derecho en todo momento y Ábalos respetó escrupulosamente la ley. La parte del Delcygate que se instruía en este juzgado madrileño tuvo su origen en las querellas y denuncias presentadas por el Partido Popular, Vox y Laócratas (¿qué demonios será Laócratas?) por supuestos delitos de prevaricación contra los funcionarios o autoridades que no arrestaron a Rodríguez a pesar de las sanciones europeas. La Justicia ya había cerrado el asunto, vía Audiencia Provincial, argumentando “que como todos los espacios cerrados que preceden al paso por los controles policiales de frontera tiene la consideración de zona de tránsito aeroportuario”. Además, concluyó que la dirigente venezolana “no manifestó su intención ni hizo acción alguna encaminada a entrar en territorio nacional”.

A PP, Vox y Laócratas (¿qué diantres será Laócratas?) les queda, eso sí, la posibilidad de recurrir la decisión ante el propio juzgado y en recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. El problema es que la resolución solo podrá ser impugnada por la Fiscalía y por Vox, ya que ni el PP ni Laócratas están personados en la causa porque todavía no han depositado sus fianzas al considerarlas “excesivas”. Lo cual demuestra el interés que las derechas le pusieron al caso y confirma que este sumario frustrado irá a la papelera como otros muchos montajes anteriores (manifestación feminista del 8M, caja B de Unidas Podemos) que en su día fueron objeto de titulares de relumbrón y que hoy han quedado en pólvora periodística mojada.

A Casado la Justicia le cierra los casos a las primeras de cambio, todos menos el caso Gürtel que sigue dando páginas negras (y más tras el encarcelamiento de la mujer de Bárcenas), lo cual lleva a pensar tres cosas: la primera que su estrategia de lawfare, guerra judicial o judicialización de la política es tan equivocada y errática como los golpes de Estado de Donald Trump; la segunda que quizá el Ministerio de la Verdad de Sánchez que pretende controlar la desinformación en España no sea una idea tan descabellada al fin y al cabo si con ella conseguimos controlar toda la basura informativa que se mueve en las redes sociales (bien a través de los gabinetes de prensa de los partidos o del ejército del millón de bots de Santiago Abascal); y la tercera que el propio tiempo va dando y quitando razones, así como esclareciendo que todas aquellas teorías de la conspiración en las que el PP casadista pone las máximas energías políticas –en colaboración con la extrema derecha y como si de ello dependiera el futuro de España−, al final siempre terminan quedando en nada.

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