Al PP le ha salido el tiro por la culata en su montaje a cuenta de la reunión que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, mantuvieron en Barajas. A los populares les está costando personarse en la causa, en la que ya figuran Vox y hasta un desconocido Partido Laócrata, que ha adelantado por la derecha a los de Génova 13 en este asunto. En los últimos días el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid −que ha unificado en un solo procedimiento las tres denuncias que se tramitan por el conocido como ‘caso Delcygate’−, ha acordado solicitar la consignación de 5.000 euros al Partido Laócrata y de 20.000 a Vox “para que estas organizaciones puedan estar representadas” en la causa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, el TSJ aclara que “se sigue a la espera de que el Partido Popular formalice la correspondiente tramitación para ejercitar su personación a través de dicha figura de acusación popular”.
Por lo visto, el magistrado que se encarga de la investigación, Antonio Serrano-Arnal, se lo está poniendo difícil al partido de Pablo Casado y en los últimos días lo ha dejado fuera de la instrucción. ¿Por qué? En primer lugar Serrano ha recriminado a los servicios jurídicos del PP que ni siquiera se hayan personado en el proceso abierto inicialmente en otro juzgado −el número 47− por los mismos hechos. Los abogados populares simplemente solicitaron al juez que adoptara medidas cautelares para preservar las grabaciones del aeropuerto de Barajas que supuestamente recogieron el encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez. “Pero en modo alguno formuló solicitud de personación alguna”, recuerda el magistrado, tal como informa El País. Es decir, Casado ha llegado tarde y mal al procedimiento, y tanto el partido Laócrata como Vox le llevan la delantera en un caso que el PP había convertido en estandarte de su oposición y hasta en una cuestión de Estado.
Pero además hay un motivo mucho más importante por el que el juez Serrano-Arnal ha cerrado, de momento, el paso al PP en este sumario. El magistrado ha detectado deficiencias que debían “subsanarse”, como que Génova 13 no ha aportado a la causa sus últimas cuentas anuales, requisito imprescindible para que el juez pueda imponer la fianza legal cuando se inicia todo proceso penal. Ante esta decisión, Casado ha respondido un tanto sorprendido: “No tenemos ningún inconveniente (…) Se tiene que esclarecer la verdad. Saber por qué acudió allí el ministro y qué responsabilidad o conocimiento tenía el presidente del Gobierno de España de esa reunión”.
La cuestión principal aquí es saber si los populares “lo tienen todo en regla”, cosa de la que cabe sospechar, si se tiene en cuenta que la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al PP como “partícipe a título lucrativo” en el caso Gürtel. La sentencia contra la mayor trama de corrupción de la historia de España, dictada en mayo de 2018, desencadenó un mes después la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy. Por lo visto, al juez Serrano-Arnal le ha llamado la atención que un partido con semejantes antecedentes no haya presentado sus cuentas junto con su denuncia contra Ábalos, como es preceptivo y requisito imprescindible para iniciar cualquier procedimiento judicial.
Mientras tanto, el partido Laócrata, un grupo minoritario hasta hoy desconocido, sí ha hecho los deberes y ha iniciado una campaña de ‘crowdfunding’ para costear los gastos del proceso y solicitar a los ciudadanos que les ayuden “a hacer justicia”, ya que la fianza fijada por el juez constituye “más de cinco veces el salario mínimo interprofesional”, según un comunicado de la formación. Mientras realiza estos trámites en relación con las acusaciones populares, el magistrado ya ha comenzado a investigar el ‘Delcygate’, y ha solicitado al Ministerio del Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto de Barajas, así como quiénes son los funcionarios responsables de llevar a cabo su cumplimiento. El siguiente paso será comenzar a analizar si con el encuentro entre el ministro y la mandataria venezolana se infringió dicho protocolo.
De momento, el magistrado Antonio Serrano-Arnal ya ha unificado en un sólo expediente las tres denuncias presentadas inicialmente por Vox, PP y Partido Laócrata y ha solicitado a las dos primeras la consignación pertinente para poder ejercer la acusación popular. Faltan los populares de Casado, siempre tan despistados en sus cuentas y en sus cajas B. Por algo será.
