La Justicia aparece socialmente como el mejor activo de Banco Santander

Ni todos los jueces, ni todos los fiscales, ni todos los periodistas, ni todos los medios de comunicación, ni todos los partidos, ni todos los políticos son iguales. Sin embargo, el Santander tiene las influencias necesarias para controlar a la Administración de Justicia. Lo peor es que en el banco presidido por Ana Patricia Botín no se esconden, alardean de ello y lo utilizan como elemento coactivo para que los grandes litigios se resuelvan a su favor. Eso es algo que, según afirmó el banquero italiano Andrea Orcel, Jaime Pérez Renovales, secretario general del Consejo de Administración del Santander, dejó bien claro: «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos».

Ayer la sociedad española quedó estupefacta ante un nuevo escándalo judicial en el que está envuelto el Santander. Un informe pericial del Banco de España reveló la colaboración entre el banco presidido por Ana Patricia Botín y el HSBC para el blanqueo y evasión de capitales de varias decenas de españoles que movieron fondos opacos en la sucursal de Ginebra del banco británico sin que Hacienda pudiera localizar ni a los emisores ni a los receptores de las transferencias.

En su informe, los peritos se ratifican en las acusaciones de que el Santander puso toda su infraestructura al servicio de una de las entidades que está siempre en el punto de mira de las autoridades supervisoras por el ingente número de sanciones impuestas por, precisamente, el blanqueo de capitales en todo el mundo, sobre todo, por el dinero procedente del narcotráfico.

En concreto, lo que los peritos afirman en dicho informe es que el banco cántabro puso su red al servicio de HSBC para que esos clientes pudieran realizar movimientos en las cuentas opacas que tenían en Suiza sin necesidad de salir de España. Toda la operativa permitía que la Agencia Tributaria no tuviera forma de conocer esos movimientos y, según las investigaciones de Hacienda derivadas de la publicación de la lista Falciani, un elevado porcentaje de esas operaciones nunca fue declarado.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción pretende que la causa se archive. En su escrito, el Ministerio Público señala graves irregularidades cometidas por el Santander y por BNP, pero, sorprendentemente, no ve posible mantener la acusación. El escrito de Anticorrupción indica que los «informes de los peritos judiciales y la documentación incorporada a las actuaciones han puesto de manifiesto graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza».

Evidentemente, esto indica que fue imposible realizar controles sobre el dinero que movía HSBC a través del Santander y BNP. Además, la Fiscalía añade que la presencia de irregularidades se agrava aún más por los constantes escándalos de la entidad en relación con el blanqueo de capitales y la elusión fiscal.

En otro caso en el que no estuviera implicado el Santander, esas irregularidades habrían llevado a la solicitud de procesamiento de los directivos responsables. Sin embargo, en este caso, el organismo que está obligado a velar porque no haya corrupción da un giro copernicano y señala que existen una serie de dificultades técnicas y que no hay «certeza sobre el resultado de la pretensión penal que pudiera plantearse en sede de enjuiciamiento», afirma el escrito.

Por tanto, según la Fiscalía, no habría posibilidad ni indicios para proseguir con la investigación. No se niega la participación de Santander y BNP en las operaciones de blanqueo de capitales, pero, al parecer, la Fiscalía necesita más pruebas.

Sin embargo, en el informe pericial del Banco de España se afirmaba claramente que en el Santander eran conocedores de que sus cuentas podrían ser utilizadas para actividades ilícitas.

Las palabras de Jaime Pérez Renovales harán comprender mejor el escrito de la Fiscalía: «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos».

El círculo de fuego de Dolores Delgado

La Fiscalía es una institución jerarquizada, es decir, que dependen todas directamente de la Fiscalía General del Estado que, actualmente, está presidida por Dolores Delgado, una mujer muy cercana, al igual que su círculo personal, al Santander.

No hay más que recordar cómo asistió a la presentación del libro Se vende banco por un euro del abogado Manuel Medina, una presentación a la que asistieron, entre otros, Baltasar Garzón, el juez Fernando Andreu, Ángel Corcóstegui o el vicepresidente de Santander España y Director General de Comunicación del banco presidido por Ana Patricia Botín.

En la presentación del libro de Medina, Ángel Corcóstegui realizó verdaderas loas tanto a la presidenta como al propio Banco Santander. El juez Fernando Andreu declaró a Diario16 que acudió a ese evento por su amistad con el autor, porque había sido invitado, es decir, que no vio ningún tipo de impedimento moral en el hecho de que en ese momento era el instructor del Caso Popular, una instrucción que tuvo que dejar por, según fuentes consultadas, un fuerte cargo de conciencia que le impedía dormir por las noches. Sin embargo, del currículum judicial de Andreu no se podrá eliminar el archivo de la causa por los 2.000 millones que la familia Botín ocultó en el HSBC suizo, casualmente, el mismo banco investigado por las operaciones de blanqueo de capitales.  

Medina, por su parte, mantuvo una relación laboral con el Santander puesto que el abogado realizó trabajos de asesoramiento para el banco cántabro y, en ocasiones, se ha ofrecido como mediador en litigios complejos que tenía que lidiar la entidad presidida por Ana Patricia Botín.

Respecto a la Fiscal General del Estado, Medina le dedica un capítulo completo en su libro El éxito de la humildad, donde hace referencia, con un lenguaje excesivamente adjetivado, a las virtudes de Dolores Delgado y a su pasión por montar a caballo o por la caza en fincas de Jaén.

La relación de este círculo cercano a la Fiscal General del Estado se cierra con Baltasar Garzón, quien mantiene una relación notoria con el Santander. No se puede olvidar jamás su artículo titulado «Querido Emilio». Garzón archivó una querella en la que se acusaba a Emilio Botín y otros 21 consejeros y exejecutivos del banco de apropiación indebida de 4.507 millones de euros pertenecientes a Banesto. Garzón entendió que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. Este archivo se produjo después de que el exjuez recibiera financiación del Santander para sus cursos en Estados Unidos. Por cierto, según se puede comprobar en el libro La conquista de la vida, Medina acompañó a Garzón al aeropuerto y le visitó en Nueva York.

Las casualidades no existen y la pretensión de la Fiscalía de que se archive el caso del blanqueo de capitales donde está implicado el Santander tampoco lo es.

Santander no es cuestión de Estado

Las cesiones de crédito, el fraude fiscal y el asalto a Banesto, la ocultación de la participación del 8% en Bankinter, la inversión de 3.000 millones de dólares en la estafa piramidal de Madoff, la operación diabólica del Popular, el patrocinio de los cursos de Baltasar Garzón, el presunto blanqueo de capitales de dictadores como Obiang Nguema, la condena a Alfredo Sáenz por estafa procesal, la compra de los terrenos de la Ciudad Financiera, el Caso Inversión Hogar, el fraude fiscal en Alemania de los dividendos Cum-ex, son algunos de los muchos escándalos que el Santander ha protagonizado y en los que algunos miembros de la Administración de Justicia han mirado para otro lado.

El problema para España es que las palabras de Pérez Renovales son ciertas y muestran la realidad que se vive en este país cuando el Santander se enfrenta en España a los grandes litigios o a causas en las que está en juego dinero y reputación.  Podrá perder demandas individuales por cláusulas o productos abusivos, reclamaciones de sus clientes o de sus trabajadores y trabajadoras.