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La exclusiva de Diario16 sobre la agente acosada en Chipiona moviliza al Gobierno y a la oposición

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la petición de comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad y el Ministro Zoido decide reunirse con los mandos del cuartel de la Guardia Civil donde se han desarrollado los hechos denunciados por la agente

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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La exclusiva de Diario16 sobre la agente de la Guardia Civil acosada en Chipiona moviliza al Gobierno y a la oposición. Por un lado el Ministro Zoido se reúne esta tarde con mandos del cuartel de la Guardia Civil de Chipiona y, por otro el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la petición de comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad.

La agente  Luisa María Flores ha sido relevada de su puesto y obligada a entregar el arma con un parte obligatorio de baja por estrés, en primera valoración – y ansiedad en un segundo informe sin ni siquiera haber sido valorada-.

Flores sufre acoso en su cuartel desde que el mes de enero de 2017 se negó a reducir la vigilancia extrema a una maltratada, tal como le pedían sus superiores por no disponer de patrulla para realizar el seguimiento.

Es por esto que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado dos solicitudes de comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, para que explique cómo está funcionando el Protocolo contra el Acoso Laboral en la Guardia Civil y concretamente cómo es posible que el 77,5% de las denuncias acaben archivadas.

Además, el PSOE pide que Ballesteros explique cómo se llevan a cabo las valoraciones de riesgo de las mujeres víctimas de violencia de género en la Guardia Civil y que de explicaciones concretas sobre lo ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil de Chipiona con la agente que llevaba a cabo el proceso de valoración protocolizado de las víctimas de violencia de género, la cual recibió la orden de su mando de minimizar el riesgo de una Víctima por falta de personal”.

La diputada socialista y portavoz de defensa, Zaida Cantera, en declaraciones a Diario16, afirma que “de verificarse los hechos considera lamentable que un alférez de una unidad sea quien realice la valoración de riesgo de una víctima de violencia de género” y se pregunta “¿De qué sirve denunciar”? , “La valoración de una víctima resulta de riesgo extremo y, ¿alguien decide rebajarla por no tener medios suficientes?”

Cantera afirma con contundencia que el Gobierno tiene que dejar de reducir los medios destinados a la protección de víctimas y hace una referencia explícita a los “sólo 80 millones, de los 200 acordados, que destina el PP al pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

“Acosar a una mujer por negarse a cumplir una orden en contra de los protocolos, una mujer que decide hacer bien su trabajo, es gravísimo”, afirma.

Para Cantera resulta llamativo que un cuerpo como la Guardia Civil, que se les presupone una resistencia física y psicológica superior a la media, tenga un índice de suicidios tan alto y se pregunta si este tipo de cuestiones puede ser una de las razones.

Por su parte, la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, en declaraciones a Diario16 considera “que de confirmarse los hechos, resulta de una gravedad extrema lo ocurrido en Chipiona” y afirma que “desde la llegada del PP al poder, los socialistas han observado cómo han bajado las valoraciones de las víctimas de violencia de género de riesgo alto o riesgo extremo”.

Álvarez reprocha la disminución de efectivos en la Guardia Civil y en la Policía Nacional desde que gobierna Rajoy (15.000 agentes menos), “sin que el Gobierno sea capaz de explicar si existe alguna vinculación en el cambio y rebaja de la valoración de los riesgos de las víctima y esta disminución”, algo que de confirmarse el caso de la agente de Chipiona, resultaría evidente.

“Ya está bien de funcionar de manera corporativa” afirma la socialista, y concluye aseverando que “Zoido, una vez se informe de la veracidad de lo ocurrido, tiene la obligación de actuar contra las personas que hayan dado esa instrucción”.

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