La Ley integral de protección a la infancia y la adolescencia creó la figura del coordinador de bienestar y protección para centros educativos. Sus funciones no son ninguna frivolidad, pues abarcan desde medidas de prevención, que puedan afectar a la integridad física y psíquica del alumnado, como formación, coordinación con familias, cuerpos de seguridad, medidas sanitarias, de atención social, y cualquier cuestión que pueda afectar al bienestar del alumnado y su normal desarrollo personal, incluida la protección sobre aquellos más vulnerables, atendiendo, también, a una comida saludable y completa.
El desarrollo de estas funciones exige formación previa, tiempo de dedicación y compensación. Cuestiones todas ellas obviadas por el Gobierno Regional. Respecto a la formación, UGT presentó en el Consejo Escolar de Madrid, en el dictamen sobre la Ley de Protección de la Infancia autonómica (aún no aprobada), una propuesta para que estas funciones fueran asumidas por los Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC), por ser los/las profesionales cuya formación más se ajustaba a las mismas, aprobándose esta propuesta. La Consejería ha procedido a encargar estas funciones a cualquier docente, nombrado por la dirección, a quien se “podrá” o no compensar con la reducción de dos horas complementarias y la formación consistirá en un curso que impartirá la Consejería.
Si se quieren realizar las funciones establecidas en la Ley habría que designar a los PTSC como coordinadores de bienestar por disponer ya de la formación previa y la experiencia necesaria para llevarlas a cabo, incluir dichas funciones en el horario lectivo y asignarles una compensación económica, tal como se hace con otras coordinaciones como el programa ACCEDE, TIC, Jefaturas de Departamento, etc. No hacerlo así supone impedir que se puedan llevar a cabo con garantías de calidad, considerando a los/las coordinadores de bienestar como una figura “florero”.
Por otra parte, el Gobierno Regional se contradice en sus actuaciones y sus discursos, porque no actúa con sentido común y visión de futuro. Todas sus políticas a favor de la natalidad, como las ayudas económicas, la consideración del nonato como miembro efectivo de la unidad familiar para la solicitud de becas, la adopción de medidas para comidas saludables en el ámbito educativo, contrastan con la desidia demostrada para quienes deben realizar funciones de protección a la infancia, como es el caso de los/las coordinadores de bienestar.
Cualquier empresa que quiera mejorar sus resultados elige a los más preparados/as; si aumenta sus funciones las incluye en su horario laboral, disminuyendo o suprimiendo otras que les impidan realizar las nuevas y se las retribuye. El Gobierno Regional justifica esta negativa a no recibir dinero del Estado, que es quien ha puesto en marcha la figura del coordinador/a de bienestar, pero no dice que sí recibió financiación para aumentar los recursos de atención a la diversidad, dentro de las que se englobaría y no ha procedido a aumentar los/las PTSC en los centros educativos.
UGT exige al Gobierno Regional que aumente el número de PTSC en los centros, les adjudique las funciones de coordinación de bienestar y proceda a compensar en su horario y retribuciones dichas funciones. Así demostrará que le preocupa la infancia y la adolescencia más vulnerable.
