La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado una petición dirigida al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para que sea incluido en el texto del Proyecto de Ley de Memoria Democrática un listado de calles que no pueden existir en ningún municipio del Estado. La ARMH lleva a cabo esta petición para que se corrijan los errores de la Ley de la Memoria de 2007 que dejó abiertas a la interpretación las denominaciones de calles franquistas, algo que ha causado conflictos políticos y actuaciones judiciales contrarias a la retirada de los homenajes en el callejero a los franquistas.
Una vez evaluados los efectos que tuvo aquella indefinición y los problemas que han causado numerosos municipios, la ARMH considera que es el momento de concretar aquellos nombres que no pueden existir rotulados en las placas de ninguna calle, plaza o espacio público.
Lo ocurrido en municipios, como Madrid u Oviedo, es el resultado de un texto legal poco concreto y que no definió con rigor y firmeza los límites dentro de los cuales no pueden existir homenajes ni reconocimiento a personas que formaron parte de un régimen que violó derechos humanos y se negó a instalar urnas electorales durante 40 años.
La ley de 2007 dejó un amplio margen a la interpretación y eso la convirtió en una herramienta fallida para muchos municipios que no han podido resolver los problemas con la nomenclatura franquista o que han visto cómo actuaciones judiciales han mantenido las calles vinculadas a la dictadura. Aquel texto nació de una falta de verdadera voluntad política y así lo manifestó el legislador, dejando que el mantenimiento o no de las calles fuera interpretable.
“Lo que le pedimos al Gobierno es que haga una legislación contundente, que incluya una lista de denominaciones que no pueden existir en ningún callejero y que de ese modo tengan que ser retiradas por ley y no existan grietas por las que se han tomado decisiones que las mantienen”, explica Emilio Silva, presidente de la ARMH. Y añade “que es necesario evaluar lo ocurrido desde el año 2007 y tomar las medidas necesarias para evitar que se repitan los mismos errores en el proyecto de Ley de Memoria Democrática”.
Y concluye Silva: “Las políticas de memoria de este Gobierno dejan a la discusión en los plenos municipales medidas que deberían estar tomadas por ley y que no se pueden someter a la discusión política porque son esenciales y fundamentales para el sostenimiento de los valores democráticos y porque la discusión sobre si un dirigente franquista merece o no una calle denigra a las víctimas de la dictadura porque se está dudando de la responsabilidad en el daño que padecieron”.
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