martes, 28septiembre, 2021
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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide al Gobierno que constituya un organismo para atender directamente a las víctimas del franquismo

Emilio Silva: “El estado no subvenciona a las víctimas del terrorismo o de la violencia machista; les garantiza sus derechos”

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el colectivo pionero en las exhumaciones científicas de fosas de desaparecidos por la represión franquista considera que es el Estado quien directamente debe crear un organismo que atienda a los familiares del mismo modo que lo hace con otras víctimas de diferentes violencias y no subcontratar ese deber en asociaciones o colectivos.

Los derechos humanos deben ser garantizados por un Estado democrático y no puede ser que haya subvenciones para que algunas familias puedan enterrar dignamente a un ser querido y otras cuando se agoten esas partidas no puedan hacerlo. Como señaló en su informe sobre España el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU: que “las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Este es un derecho absoluto de acuerdo a la Declaración y una obligación que el Estado español debe satisfacer de acuerdo al derecho internacional.”.

“Una subvención es una forma de discriminación; el estado no subvenciona a las víctimas del terrorismo o de la violencia machista; les garantiza sus derechos. Por eso pensamos que preparar una partida limitada es como si el Gobierno indemnizara a las víctimas del terrorismo que se apellidan de la A a la M y cuando gastara su presupuesto no habría reparación para las que se apellidan de la N a la Z”, asegura Emilio Silva, presidente del colectivo y nieto del primer desaparecido del franquismo identificado por una prueba de ADN.

“LAS PUERTAS DE LOS JUZGADOS SIGUEN CERRADAS PARA LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA”

“En el decreto de subvenciones el Gobierno habla de Verdad, de Justicia, de reparación y de No Repetición, pero todos sabemos a estas alturas que las puertas de los juzgados siguen cerradas para las víctimas de la dictadura, que el Pleno del Congreso no ha condenado todavía la dictadura ni ha reconocido a sus víctimas y que todavía hay miles de documentos que no han sido desclasificados”, explica Silva.

Si una sepultura digna es un derecho no puede ser subvencionado con un límite presupuestario, sino garantizado para toda persona que quiera ejercerlo. Si se ponen límites económicos deja de ser un derecho y es una medida asistencial que reciben algunos familiares y otros no; con lo que existe una doble discriminación para las víctimas de la dictadura.

Lo que los organismos de Naciones Unidas han criticado es el modelo en el que se privatizan las exhumaciones a organizaciones de familiares o asociaciones y de ese modo no es el Estado el que directamente atiende a las familias y garantiza un derecho sean cuantas sean las que los solicita.

“Es increíble la falta de humanidad de todos los Gobierno españoles hacia las víctimas de la dictadura. Miles han muerto sin la más mínima reparación y que no las atienda directamente el Estado es otra manera de discriminarlas y casi de culpabilizarlas”, añade Silva. Y concluye: “Queremos preguntar a la vicepresidenta Carmen Calvo por la verdadera razón para que el Gobierno no constituya un organismo que atienda directamente a los familiares porque tras años de reclamaciones y de escuchar promesas no lo entendemos. Y si no garantizamos una sepultura digna somos una sociedad tremendamente deteriorada”.

En el informe del relator Especial para la Verdad, la Justicia la Reparación y las Garantías de No Repetición de la ONU, Pablo de Greiff, se asegura que: “Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia. No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de “privatización” de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad”. Estas afirmaciones fueron escritas después de su visita a España en la que entrevistó a miembros del Gobierno, juristas y familiares de las personas desaparecidas.

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