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Interinos, las víctimas propiciatorias del PSOE de Pedro Sánchez

El análisis de la actividad de los europarlamentarios socialistas rebela cómo, durante la primera etapa de Pedro Sánchez, mientras estuvieron en la oposición, el PSOE estaba del lado de los interinos. Sin embargo, una vez alcanzado el gobierno, se olvidaron y aprobaron un decreto que no cumple con lo indicado por las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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La clase política española sólo se posiciona a favor o en contra de las justas reivindicaciones del colectivo de trabajadores públicos en situación abusiva de temporalidad cuando están en la oposición. En cuanto llegan al Gobierno, todo lo hecho o lo dicho se olvida y actúan en contra de los intereses legítimos de los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras interinas. Esto, tal y como publicamos en Diario16, ocurre en los partidos de derecha que pretenden, a través de una campaña de marketing político, porque no sienten como suyas las reivindicaciones del colectivo de interinos, que no tiene otro fin que el de debilitar al gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, esa actitud obscena no es exclusiva del Partido Popular o de Ciudadanos, sino que en la izquierda también aplican aquello de «prometer hasta meter y, una vez metido, nada de lo prometido». Hoy analizaremos al PSOE de Pedro Sánchez, el secretario general que, recientemente, como Saulo camino de Damasco, fue cegado por la luz del dios González y «vio cosas que vosotros no creeríais».  

Al igual que el PP y Cs en los últimos meses, los eurodiputados socialistas también se dirigieron a la Comisión Europea haciendo referencia al maltrato sistemático que el Estado español infligía (e inflige) a los interinos.

EN 2016, cuando Pedro Sánchez intentaba ser presidente del Gobierno al precio que hiciera falta, incluso pactando con Albert Rivera, los eurodiputados socialistas españoles registraron dos cuestiones dirigidas a la Comisión Europea.

En la primera de ellas, firmada por Sergio Gutiérrez en la que se indicaba que la sentencia del TJUE de 2016 «considera que la legislación española es discriminatoria con los trabajadores temporales interinos debido a que no reconoce una indemnización equivalente a la de los trabajadores fijos por la extinción de su relación laboral» y preguntaba a la Comisión si iba a exigir a España el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales europeos. Es decir, el mismo discurso que ahora utiliza el PP.

También en el año 2016 todos los eurodiputados socialistas españoles remitieron la misma pregunta a la Comisión relacionada con la situación de los interinos. Esta vez estaba firmada por Sergio Gutiérrez Prieto, Pepe Blanco, Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Enrique Guerrero Salom, Javi López, Iratxe García Pérez, Soledad Cabezón Ruiz, Juan Fernando López Aguilar, Elena Valenciano, Eider Gardiazabal Rubial, Inés Ayala Sender, Jonás Fernández y Ramón Jáuregui.

Evidentemente, esto también fue un movimiento de marketing político para intentar trasladar a los interinos que el PSOE de Pedro Sánchez estaba con ellos, que estaba luchando por ellos en el Parlamento Europeo.

Los hechos han demostrado que esa preocupación no era más que otra muestra de falsedad. La clase política española no piensa jamás en el pueblo y, en realidad, les da igual tal o cual colectivo. Sin embargo, cuando están en la oposición todo son promesas, estrategias, reuniones y movimientos para hacer ver que se lucha por tal o cual causa.

Así actuó el PSOE de Pedro Sánchez, con los interinos y con otros muchos que hoy se lamentan amargamente de haber creído las promesas del actual presidente del Gobierno, tan proclive a prometer y a no cumplir.

Vulneración de la sentencia del TJUE

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de los interinos dictada el 19 de marzo de 2021 le dio una oportunidad única para cumplir con los compromisos adquiridos en el pasado hacia este colectivo de trabajadores y trabajadoras maltratado por la Administración Pública.

El Real Decreto del Gobierno de Sánchez, ya conocido como el «Icetazo» incluía una serie de reformas encaminadas, presuntamente, a restablecer la situación de abuso laboral que sufre el sector de los trabajadores públicos temporales. Sin embargo, lo que podría haber sido una buena noticia, en realidad, no lo fue, puesto que, según un análisis realizado por expertos juristas, lo aprobado por el Ejecutivo de Sánchez vulnera la literalidad de las sentencias del TJUE.

En primer lugar, el Real Decreto omite toda referencia a la sentencia del TJUE de 19 de marzo en cuanto niega que  los procesos de  estabilización sean medidas sancionadoras ni de prevención del abuso laboral. Además, obvia toda referencia a que 20 días de indemnización no son una medida de prevención ni sanción, según se indica en la jurisprudencia.

Dos décadas para transponer una Directiva europea

Por otro lado, querer justificar, como hizo el Gobierno de Pedro Sánchez, la no transposición de una Directiva europea durante 20 años en razones presupuestarias y de dilación de procesos no fue otra cosa que ir en contra de lo señalado en la sentencia del TJUE del 3 de junio.

Otro aspecto es que esa no transposición de las Directivas europeas no conlleva sanción alguna. Esto ha tenido graves consecuencias para los interinos, puesto que durante dos décadas han sufrido el abuso de la temporalidad por parte de las administraciones públicas españolas. Además, los 20 días de indemnización no se dice que se apliquen a los procesos de estabilización iniciados, por ejemplo, en 2017.

También resultaba absolutamente sorprendente que se justificara esta norma en un Real Decreto alegando urgencia cuando la transposición de la Directiva se debía haber realizado hace 20 años.

En consecuencia, según indicaron los juristas consultados por Diario16, el Real Decreto supuso una vulneración a la literalidad de las sentencias del TJUE «diciendo lo que no dicen, con afirmaciones como que el tribunal  está de acuerdo con que en nuestro derecho no cabe estabilidad sin proceso selectivo y omitiendo lo que  no interesa. Que no existe medida y, como muestra, está lo que ahora se están dictando. Es relevante que dediquen 5 hojas para justificar lo correcto del instrumento utilizado en la figura de Real Decreto», afirmaron las fuentes consultadas.

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6 COMENTARIOS

  1. El estar contratado a «dedo» no puede dar el privilegio de quedar en la función pública. La deslealtad del Gobierno, PSOE-Podemos, con los trabajadores es no convocar a su debido tiempo, las oposiciones. Que las convoquen de una pu.. vez, y que se reparta suerte entre los opositores. Permanencia a dedo: NO, es caciquismo; disfrace como se disfrace. No olvidemos que en general todos los sindicatos de la función público son «amarillos», se denominen como se denominen.

    • El tema es que Europa dice que los que llevan mas de tres años estan en fraude de ley (Aparte que a las empresas se les exige que los hagan fijos y quien no cumple son las administraciones) que deben hacerlos fijos y en España retuercen la ley y envian recados a los mamporreros que tienen en los tribunales (Supremo) para que tergiversen la normativa europea resolviendo lo contrario. Solo jueces individuales de algunos juzgados aplican lo que dice Europa.

  2. Pues yo voy a ser muy claro se lo crean o no. Soy militante del Psoe en Huesca y funcionario Titular. Ya he enviado dos correos electrónicos al Psoe de Aragón y ni me han contestado. Lo que están haciendo a personas de 40 a 65 años con muchos años de servicio y en fraude de ley es una CANALLADA. Mandarlos a un examen memoristico contra personas de 20/30 años. Un examen que no demuestra mas que tiene uno tiempo y edad de memorizar pero no conocimientos. Me parecio asqueroso Iceta y vi en directo por internet la defensa del decreto que hizo la ministra Montero. Aque día lo decidí. Basta ya. Si lo aprueban devuelvo mi carné de militante, pero sobretodo “devolvere” mi carné de votante porque NUNCA MAS. Hasta aquí hemos llegado. Y además de ir contra la normativa europea son imbeciles porque 800.000 interinos a una media familiar de cuatro personas son mas de 3 millones de votos. De ellos un porcentaje elevado haran como yo. Y perderán las elecciones por los interinos. Al tiempo.

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