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Diario16 ha publicado en el día de hoy cómo del despacho del abogado-presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) habían sido robados documentos, tanto en papel como en formato audiovisual, que relacionaban a políticos, jueces y fiscales en casos de corrupción.

La actividad de AMAyT está siendo fundamental para el esclarecimiento de los casos de corrupción que se han dado en Andalucía pero, sobre todo, en la provincia de Almería. Por esta razón los miembros de la asociación son perseguidos por los corruptos y sufren las consecuencias con decisiones judiciales como la imposición de fianzas de varios miles de euros, a los que no pueden hacer frente, para que retiren la acusación particular y, de este modo, si la Fiscalía también la retirara, aplicar, entre otras, la Doctrina Botín y que el presunto corrupto salga liberado.

Un ejemplo del trabajo de AMAyT lo hemos tenido en la petición de la Fiscalía de Almería al Juzgado de Instrucción 2 de Almería para que declaren en calidad de imputados el ex presidente de la Diputación almeriense Juan Carlos Usero (PSOE), el ex vicepresidente Luis Pérez Montoya, quien ya fue condenado a varios años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos, pena que está recurrida en la actualidad ante el Tribunal Supremo.

El fiscal, en un documento al que Diario16 ha tenido acceso, solicita la imputación por el pago de más de un millón de euros a medios de comunicación como, por ejemplo, La Voz de Almería, que, presuntamente, fueron pagados en épocas electorales y sin contrato. Por esta razón, la Fiscalía ha solicitado la declaración también como imputado de Juan Carlos Fernández Aguilar Crespo, gerente de la empresa editora de dicho medio. El pago se realizó, según las investigaciones, a través de créditos extrajudiciales en la época en que la Diputación ya era del Partido Popular y con informes contrarios del interventor por la ausencia, precisamente, de contratos.

El juez de instrucción, Manuel José Rey Bellot, por su parte, ha dictado una providencia en la que da un plazo de 5 días para recurrir el escrito de la Fiscalía.

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