Ha sido esta mañana. España se ha sometido al Examen Periódico Universal (EPU): un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que cada cinco años hace una evaluación de los 193 Estados Miembros que la conforman. El objetivo es comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones que han contraído en materia de Derechos Humanos.

Las primeras y segundas revisiones del EPU de España tuvieron lugar durante el mes de mayo del año 2010 y en el mes de enero de 2015. Pulsando aquí puede encontrar los informes al respecto.

Cabe destacar que ya en estos informes, en lo que a Información y Derechos Humanos se refiere, los informes señalaban lo siguiente: «171. La desinformación, con su agenda de polarización y de retórica del odio, constituye una amenaza real de la convivencia y la libertad. Hemos de garantizar el pleno disfrute del derecho a recibir información veraz, y protegerlo frente a los intentos de manipulación y distorsión en la era digital. España quiere impulsar, en las NNUU y en otras organizaciones, el debate sobre la protección de la democracia y los derechos humanos frente a la desinformación, contribuyendo al fortalecimiento de las libertades de expresión, opinión y prensa.» Este era uno de los problemas emergentes valorados en el informe nacional.

En la recopilación de información sobre España, en uno de los puntos puede leerse: «16. En 2019, mediante dos opiniones, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria concluyó que la privación de libertad de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquín Forn, Josep Rull, Raúl Romeva y Dolores Bassa había sido arbitraria, y pidió a las autoridades españolas que los pusieran inmediatamente en libertad, les concedieran el derecho a una reparación y efectuaran una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias de su detención42. La respuesta de España había sido que las actuaciones judiciales de esos casos no podían entenderse como una reacción a la aspiración política legítima de separación de Cataluña, sino exclusivamente como una medida judicial por unos hechos concretos llevados a cabo al margen del estado de derecho». 

Además se apuntó que «El Subcomité para la Prevención de la Tortura recomendó que se revisara la legislación penal de menores para armonizarla con las normas internacionales», «las personas acusadas o condenadas por terrorismo eran trasladadas a lugares alejados de sus familias. Recomendó que se tuviera en cuenta la regla 59 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) al determinar el centro penitenciario en que se iba a recluir a una persona». También se señaló que no se estaba avanzando lo suficiente en materia de Memoria Histórica, recomendando encarecidamente que se implementasen las recomendaciones que se habían venido realizando por parte de la ONU, tales como «un mayor apoyo a los familiares y asociaciones de familiares para la implementación efectiva de la Ley en cuanto a la localización e identificación de personas. Insistió en la importancia de que el Estado tomara un rol activo en materia de exhumación y procesos de identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Finalmente, reiteró la urgencia de adoptar un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, conforme a los estándares internacionales». Pero, además, recuerda el informe que «el Comité de Derechos Humanos había recomendado a España que derogara la Ley de Amnistía o la enmendara para hacerla plenamente compatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos»

Sobre el Referendum en Cataluña se señalaba en el informe lo siguiente: «El 28 de septiembre de 2017, dos relatores especiales pidieron a las autoridades españolas que velaran por que las medidas que se adoptasen en vista del referendum catalán del 1 de octubre no obstruyeran la participación ciudadana ni el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Afirmaron que las autoridades españolas tenían la responsabilidad de respetar esos derechos, que eran esenciales para las sociedades democráticas, e instaron a todas las partes a ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos de cualquier tipo para que las protestas fueran pacíficas», y además, revela algo que hasta ahora no se ha conocido: «El 4 de octubre de 2017, en relación con el estallido de violencia ocurrido tres días antes, cuatro titulares de mandatos de los procedimientos especiales instaron a las autoridades españolas a respetar plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas, a la participación en los asuntos públicos y a la libertad de expresión. Los expertos también pidieron que se investigara por qué, según se había informado, cientos de ciudadanos que protestaban pacíficamente o trataban de manifestar sus opiniones, y algunos agentes de policía, habían resultado heridos. La Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación subrayó que España tenía el deber de asegurar que todas las medidas destinadas a controlar las protestas y las reuniones públicas se ajustaran a sus obligaciones internacionales».

Relata el informe cómo el Relator Espec¡al de Naciones Unidas instó a las autoridades españolas a que se abstuvieran de imputar a figuras políticas y manifestantes catalanes por el delito de rebelión. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recuerdan, «expresó su firme convicción de que la situación de Cataluña debía resolverse mediante el diálogo político». Estos son lo puntos que se señalan en lo que a Cataluña se refiere. Pero hay más: sobre la trata de personas, la situación de los niños, el acceso universal a la Seguridad Social, la violencia contra la mujer…

Había, pues, antecedentes para llegar al examen de hoy sin esperar que España recibiera aplausos, puesto que desde entonces hasta ahora, los cambios que se han producido en este sentido han sido precisamente endurecer la represión. A pesar de que la ONU pidiera la libertad de los presos políticos, han sido condenados por delitos graves, pasando por alto las consideraciones de distintos organismos internacionales.

En el informe de hoy, se expresa que «El Defensor del Pueblo expresó preocupación por la falta de acciones suficientes para implementar las recomendaciones aceptadas por España en su segundo examen periódico universal». Concretamente apuntan lo siguiente: «(El Defensor del Pueblo) lamentó las escasas condenas contra funcionarios por delito de tortura o malos tratos, debido a la dificultad para investigar los casos detectados y probar las alegaciones; la situación de las mujeres privadas de libertad; la falta de investigaciones y de recursos efectivos para otorgar reparación a las víctimas de terrorismo; la escasa difusión de la información sobre el Fondo Social de Viviendas y el Código de Buenas Prácticas; las dificultades para acceder a los servicios de salud y de educación que afrontaban los habitantes de las zonas despobladas; la deficiente acogida humanitaria de las personas en situación irregular que no podían ser repatriadas, y la gestión de la acogida de los solicitantes de asilo, incluida la inaceptable falta de asistencia jurídica». 

El informe denuncia el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en el contexto de manifestaciones, poniendo de manifiesto que varias partes interesadas han recomendado que se adopten medidas para eliminar la violencia policial, sobre todo reforzando la formación impartida a la policía acerca de los Principios Básicos sobre Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Se ha expresado también preocupación por el funcionamiento del poder judicial, se ha denunciado la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), se ha solicitado a España que garantice la libertad religiosa, la protección de grupos vulnerables como inmigrantes y la atención especial a mujeres y niños que están sufriendo las consecuencias más graves de la crisis económica.

Para leer este informe puede pulsar aquí

Con la información recogida en estos informes, los distintos estados miembro de Naciones Unidas han sometido a España a su examen. En base a ello, España puede aceptar las recomendaciones que se le plantean, tomar nota de ellas, o rechazarlas abiertamente. En el examen que le hicieron hace cinco años, fueron planteadas 189 recomendaciones, de las que aceptó 174 (36 de manera parcial) y tomó nota de 15. Sin embargo, al contrastarlas con los informes actuales, es evidente que muchas de ellas, a pesar del compromiso, no se han tenido en cuenta.

Respecto al examen de 2015 hay dos elementos nuevos y de gran calado: la Ley Mordaza y el Procés independentista catalán. Ocupan mucha de la atención del informe.

Han sido varias las recomendaciones contundentes de los distintos estados miembro. Por ejemplo Canadá ha recomendado que España revise su Código Penal respecto a los delitos de injurias a la corona. Desde la representación de España se ha explicado que los delitos leves fueron derogados, y que respecto al Rey, gracias a una sentencia del TEDH se modificó también.

Suiza ha señalado que el pasado franquista sigue siendo un reto para España. Líbano y Armenia también han hecho referencia a la importancia de la Memoria Histórica.

Austria ha alertado sobre el régimen de prisión incomunicada. En este sentido España ha explicado que en 2015 se reformó a fondo la legislación en estas cuestiones y que solamente se aplica en casos excepcionales.  Y otros países como Malta, Países Bajos y Argentina han puesto el foco en las torturas aún existentes.

Rusia ha sido quien ha alertado sobre los excesos policiales contra manifestantes. Y Bélgica ha reclamado que se tomen medidas para garantizar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión.

Estados Unidos también ha puesto el foco en esta cuestión, exigiendo que se pida cuentas a los responsables de crímenes y delitos contra periodistas o contra todo aquello que socave el disfrute de la libertad de expresión. Y no ha estado sólo, pues Irán, Italia, México, Suiza, Egipto, Colombia, Costa Rica, Chipre, Alemania e Islandia se han sumado a esta reclamación.

Precisamente Josep Jover ha elaborado un análisis sobre las distintas posturas de los estados miembro que han evaluado hoy a España. Puede leerlo aquí.

Serán Bangladesh, República Checa y Nigeria quienes elaboren el informe final sobre España.

Apúntate a nuestra newsletter

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre