Hoy en Ginebra se ha celebrado el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas para España (se celebra cada 4 o 5 años). Todos los países pasan rotatoriamente. En el marco de este procedimiento, el Estado español presentó un informe preliminar y muchas entidades de la sociedad civil a nivel español presentaron informes sobre el estado de los derechos humanos en España.
La sesión de hoy era para que los Estados miembros que lo quisieran hicieran sus recomendaciones en España y trasladaran sus preocupaciones. Se han presentado 117 delegaciones estatales, que es un número inusual y reflejo de la preocupación que causa la deriva autoritaria del Estado Español.
Se han hecho muchas recomendaciones de temas diversos, pero principalmente sobre los incumplimientos de libertad de expresión, detención arbitraria, uso de la fuerza, derechos de las personas migrantes, discapacidad, infancia, violencia de género, trata de personas, derechos de reunión y asociación, perfil étnico, discurso de odio, derechos de jóvenes y adolescentes, minorías lingüísticas, tortura, desaparición forzosa, derechos de asilo, empresas y derechos humanos, discriminación y racismo.
Precisando más, Alemania, Suiza e Islandia han expresado su preocupación en relación a la interpretación muy amplia del concepto de seguridad y orden público de la Ley de Seguridad Ciudadana y recomienda específicamente Alemania, asegurar que el RDL 14/2019 no va a limitar el derecho de manifestación y protesta civil.
En el área penal, Bélgica ha exigido que la definición de delitos del Código Penal sea conforme a los estándares internacionales, ya las interpretaciones del derecho interno nada tienen que ver con las interpretaciones del derecho internacional, efectuando retorsiones judiciales interesadas.
Costa Rica, y Venezuela exigen que las medidas de control de las manifestaciones se ajusten a los estándares internacionales y se garantice el derecho a manifestación, reunión pacífica y libertad de expresión, y Venezuela ha recomendado que se establezca un diálogo constructivo con el pueblo catalán y sus instituciones.
Los Estados Unidos exigen que rindan cuentas los autores de crímenes y agresiones contra los periodistas y la libertad de expresión con independencia de que sean actores no estatales o estatales.
Luxemburgo y Maldivas piden la despenalización de las injurias y calumnias y su incorporación al Código Civil.
Italia, Países Bajos y Rusia piden investigaciones independientes y eficaces de los casos de violencia y malos tratos policiales, que se acredita que no se producen.
Canadá pide la despenalización de las injurias y la reforma de la ley de seguridad ciudadana (ley mordaza).
Finalmente, una veintena de Estados han mostrado preocupación por la degradación de los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica y han recomendado a España modificaciones en legislación de seguridad ciudadana y otras medidas necesarias para garantizar su ejercicio como derechos humanos.
Felicitaciones, pocas, por lo que se ve.
Cuando vea enjuiciar a los actores de la represión en Catalunya , creeré. cuando los «togados franquistas» paguen por sus prevaricaciones , creeré.