El pasado jueves no fue una sesión más en el Congreso. En palabras de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “hoy hemos aprobado la ley más importante de esta legislatura”. Evidentemente se refería a la reforma laboral acordada entre el gobierno y los agentes sociales, patronal y sindicatos, y que devolverá a los trabajadores algunos de los derechos que el gobierno de Mariano Rajoy les había recortado.
Sin embargo, lejos de ser una sesión tranquila y sin sobresaltos, el cambio, bajo sospecha de «Tamayazo«, del sentido del voto de los dos diputados de UPN en el Congreso, que hasta horas antes habían confirmado sus síes, hizo tambalear su aprobación. Solo el error del diputado popular por Extremadura, Alberto Casero, permitió que la norma saliera adelante.
Y en medio de la confusión, los diputados del Partido Popular y de Vox aplaudían de pie desde sus bancadas que el acuerdo alcanzado para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores quedaba en papel mojado. Los nacionalistas vascos y republicanos catalanes, que daban por hecha la aprobación de la reforma pese a su rechazo, tampoco salían de su asombro. Con su simple abstención no se hubiera llegado a esta situación límite. Aunque también es verdad que si la formación morada hubiera ocupado el escaño que tuvo que abandonar por sentencia judicial el canario, Alberto Rodriguez, los números no habrían sido tan ajustados.
Exactamente a diez días de las elecciones anticipadas en Castilla y León, el Congreso había dado paso a un gran sainete donde cada actor quedó retratado frente a 47 millones de españoles, y más concretamente frente a los castellanoleoneses que el próximo 13F están convocados a las urnas.
“El cuento de la lechera” del PP
Como ya se comentó en la primera parte de este análisis, Fernández Mañueco convocó las elecciones anticipadas en la región para deshacerse de su socio, Ciudadanos, y gobernar en solitario o, como al igual que su compañera Díaz Ayuso en Madrid, con el apoyo externo de Vox. Las encuestas de sus asesores le daban como ganador y era el momento para “echarle un capote” a su líder nacional, Pablo Casado, hambriento de triunfos electorales. Mañueco hizo cuentas, antes de tener los votos.
Desde entonces, en las encuestas hasta de los medios afines ha ido de más a menos y dejan entrever un final abierto que empieza a inquietar en Génova 13. La insostenible estrategia de estirar la polémica sobre un bulo del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, sumado a la apertura de diligencias de la Fiscalía sobre la presunta financiación ilegal del PP en Salamanca ha hecho el resto.
Y para remate final, la imagen de la sesión del jueves: los diputados populares festejando junto a la extrema derecha la derogación del decreto ley que devuelve derechos a los trabajadores por un acuerdo entre patronal y sindicatos. Fueron tan solo unos minutos pero suficientes para dejar en evidencia al PP delante de millones de trabajadores. Se trataba de un error: La norma finalmente fue aprobada. Como consecuencia, Pablo Casado ya ha anunciado que recurrirán la misma al Tribunal Constitucional.
Asimismo, la sombra de un intento de “Tamayazo” con la presunta compra de los diputados navarros Sergio Sayas y Carlos García Adanero para provocar la caída del decreto ley, no hacen más que evidenciar las malas artes de los populares que buscan forzar el cambio de voluntades en los despachos. No es una práctica nueva entre sus filas. Se vio en 2003 cuando impidieron que el socialista Rafael Simancas alcanzara la Presidencia de la Comunidad de Madrid o el pasado año, para evitar que PSOE y Cs gobernaran la Región de Murcia.
Y Mañueco persiste en el error de llevar a Díaz Ayuso a sus mítines de campaña considerando que le suma votos. Si ya en la precampaña la Presidenta de Madrid no había estado acertada en unas declaraciones sobre León, el pasado viernes en Burgos afirmó “perder un empleo es una desgracia, pero que cuando uno pierde un negocio es una tragedia”, en un claro apoyo a los empresarios. Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar no sin antes recordarle los dudosos fondos recibidos por su familia a través de AvalMadrid.
Con este panorama, al Partido Popular se le revuelven las cuentas y las encuestas. Y como prueba de ello, Pablo Casado, que veía las elecciones del 13F como una catapulta para refrendar su débil liderazgo, al más depurado estilo Trump, ha dejado ya caer la sombra del fraude al afirmar peligrosamente en uno de sus mítines: “Si en las elecciones del 13 de febrero no va todo el mundo a votar, ellos acabaran modificando la voluntad popular en los despachos”.
En la misma línea, declaraciones vehementes rozando el insulto centradas en las figuras del actual jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez; las acusaciones contra el expresidente, Jose Luis Rodríguez Zapatero o, las disparatadas palabras del líder popular a favor de la remolacha aportan muy poco a la campaña electoral del candidato Fernandez Mañueco; Pablo Casado es un lastre que le resta votos.
La remontada del PSOE
A sabiendas que es una buena carta de presentación de cara a estos comicios, en la misma tarde del jueves 3 en que fuera aprobada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudió a Soria a apoyar al candidato Luis Tudanca para sacar pecho de la reforma laboral y del compromiso social del gobierno con los trabajadores y clases menos favorecidas.
En este mismo sentido, haber aprobado la reforma laboral con los votos de Ciudadanos puede quitar a los socialistas la etiqueta de “radicales” y atraer a ese electorado de indecisos que suele fluctuar, según los candidatos y las propuestas.
Por su parte, el candidato a la Junta, Luis Tudanca, está centrando la campaña en los varios casos de corrupción del PP en la región, a políticas de reindustrialización y a la necesidad de cambio tras 35 años de gobiernos populares.
Por último, el planteamiento de “o gobierna el PSOE o gobierna PP con Vox” busca, por un lado movilizar al electorado de izquierdas y, por otro al voto útil, en una comunidad donde la asignación de escaños por provincias no favorece a las formaciones minoritarias.
Ciudadanos entre la vida y la muerte
La supervivencia a nivel nacional de la formación de Inés Arrimadas depende en buena parte de los resultados del 13F. El apoyo sin condiciones a la reforma laboral del gobierno con agentes sociales fue acertado de cara a despegarse, tal vez tarde, de las otras formaciones a su derecha.
Con esta decisión, Ciudadanos vuelve a posicionarse en la centralidad como un partido capaz de pactar con el gobierno de coalición de izquierdas en asuntos donde exista consenso. No es nueva su estrategia. Ciudadanos, a diferencia de PP y Vox, apoyó los diferentes estados de alarma y sus prórrogas en las primeras olas de la pandemia.
El hándicap de su candidato Francisco Igea, tal como le pasó a Edmundo Bal en Madrid, es no dejar claro a los castellanoleoneses a quién darán la llave de la gobernabilidad en caso de conseguir escaños.
Podemos busca su espacio
Como socio minoritario de la coalición a nivel nacional, la formación de Pablo Fernández intentará vender la reforma laboral como un logro propio al ser iniciativa de un Ministerio, el de Trabajo, en manos de la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, máxima representante de Podemos en el Gobierno. Será un pacto de no agresión con los socialistas, admitiendo que están condenados a entenderse en caso de sumar mayoría de izquierdas en la región.
Como contrapunto, el candidato puede encontrar alguna dificultad a la hora de explicar a sus votantes que la reforma laboral fuera finalmente aprobada con los síes de Ciudadanos, un partido que genera amplio rechazo en sus filas.
El espejismo de Vox con la clase obrera se desmorona
La sesión del pasado jueves en el Congreso ha desmontado por completo el discurso obrero de la extrema derecha. Tras aplaudir de pie, por error, la caída de la reforma laboral propuesta por el gobierno, la formación de Santiago Abascal tiene demasiado complicado sostener la defensa de los trabajadores cuando les ha negado en sede parlamentaria, la devolución de derechos laborales y mejores condiciones de contratación.
Para finalizar, la reforma laboral, que intenta mejorar las condiciones de contratación de los trabajadores reduciendo los altos índices de temporalidad, es una condición irrenunciable de la Unión Europea para recibir los fondos europeos de recuperación contra los efectos adversos de la pandemia.
Una norma de tan hondo calado social aprobada en circunstancias tumultuosas y confusas en exceso, ha hecho saltar por los aires todas las encuestas en curso para el 13F hasta la fecha. Hoy ya son papel mojado. Los ciudadanos, mal que les pese a algunos, han tomado nota.
