La ley contra la violencia de género establece que la protección a las víctimas de violencia de género se pone en marcha por la justicia sólo después de la interposición de una denuncia contra el agresor. Pero en tres de cada cuatro feminicidios registrados en España desde 2003 nunca se produjo una denuncia previa de la mujer maltratada y posteriormente asesinada. De las 1.043 mujeres asesinadas desde 2003 hasta hoy por sus parejas o ex parejas, en más de 800 casos jamás se presentó una denuncia contra el asesino machista, por lo que el sistema de protección a estas víctimas de violencia de género nunca se puso en marcha para estas mujeres.
Este círculo viciado de que “si no denuncian, no las protegen, y si lo hacen las matan” viene siendo denunciado en sucesivos estudios especializados por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, quien recuerda que las potenciales víctimas de la banda terrorista ETA nunca denunciaron su situación para “acceder a los más de 3.000 escoltas que durante años combatieron el terrorismo”, según publica en un artículo titulado ‘De espaldas a la realidad’ en El Comercio.
Si no se denuncia no hay protección
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que el hecho de que ninguna de las diez mujeres asesinadas en lo que va de 2020 por sus parejas o ex parejas haya presentado denuncia contra su agresor se debe a que las víctimas siguen sin confiar en el sistema. Rosell ha anunciado en este sentido nuevas medidas de acompañamiento judicial.
“Ha sido un avance muy importante que la condición de víctima no se reconozca solo judicialmente, por el Ministerio Fiscal o los órganos judiciales, sino por las administraciones públicas y sus servicios sociales y organismos especializados”. Por ello, “para que se pueda cumplir y ejecutar realmente esa medida”, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género va a convocar en este primer trimestre de 2020 la conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas.
Expertos en violencia de género como Fernández Teruelo aseguran que el sistema vigente de prevención no funciona frente a los casos más graves, los feminicidios, porque exige, “de una manera absolutamente injustificada”, la presentación de denuncia a una víctima que se encuentra en un estado tan traumático que le resulta sumamente difícil denunciar a su agresor. Por ello, este experto pone el dedo en la llaga y exige a las instituciones públicas que sean los organismos competentes los que se hagan responsables de actuar para proteger la integridad de estas mujeres después de realizar una adecuada valoración del riesgo y se establezca que este es alto.
De este modo, el que no exista una denuncia previa contra el agresor no debe en ningún caso obstaculizar, como hasta ahora viene siendo la tónica habitual, la adopción de medidas de control y vigilancia sobre estos agresores, y sobre todo nunca debe impedir la adopción de medidas de protección sobre estas mujeres especialmente vulnerables.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha criticado el enfoque exclusivamente penal que se otorga a este grave problema social y lo ha tildado de “reduccionista y absurdo”. Por ello, el Gobierno pondrá en marcha nuevas medidas para que las mujeres salgan de una vez del “círculo de dependencia” en el que se ven envueltas.
Los datos oficiales son demoledores. Casi una de cada tres solicitudes de protección de mujeres maltratadas son rechazadas actualmente por los juzgados especializados en violencia sobre la mujer. A esto se suma que también casi uno de cada tres juicios penales en el ámbito de la violencia de género concluye con la absolución del presunto maltratador. Estas estadísticas, que han venido siendo camufladas reiteradamente por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género cada vez que publica los datos oficiales trimestralmente, vuelven a poner en evidencia las lagunas de un sistema judicial que no cree la cruel realidad del terrorismo machista, que deja cada año un balance de decenas de víctimas mortales y miles de nuevas denuncias, además del archivo y el rechazo a numerosas órdenes protección.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se felicitaba el pasado octubre, durante el balance del tercer trimestre de 2019, por el descenso de las denuncias contra los maltratadores y del aumento de las órdenes de protección, así como de las condenas. Pero estos datos no pueden esconder que el porcentaje de sentencias condenatorias por malos tratos apenas ha experimentado un aumento del 1,4% respecto al mismo periodo del pasado año. Tampoco es demasiado triunfal el dato de que hayan aumentado un 3,6% las órdenes de protección solicitadas y un 2,8% las órdenes concedidas, sobre todo teniendo en cuenta que el porcentaje de mujeres denunciantes de malos tratos que se quedan sin una orden de protección solicitada sigue siendo muy elevado, casi del 30% del total de casos.
