El Santander no dijo la verdad cuando publicó un hecho relevante en la CNMV en el que afirmó que «la decisión adoptada es consecuencia de la modificación, tras las negociaciones mantenidas, de las bases sobre las cuales el consejo adoptó la decisión de designar al Sr. Orcel y la imposibilidad de que los costes de compensar a éste por sus remuneraciones pasadas excediesen los tenidos en cuenta al acordar el nombramiento», puesto que, según afirma el banquero italiano, tiene en su poder un documento contractual firmado por ambas partes que tiene en vilo al Santander. Por esta razón, el banco cántabro intentó negociar con Orcel enviando a Jaime Pérez Renovales y Rodrigo Echenique, reuniones que terminaron con un fracaso puesto que la demanda ya está en los juzgados desde el mes de mayo.

Sin embargo, hay un trasfondo más profundo en este asunto y que tiene relación directa con la propia presidenta, Ana Patricia Botín, aspectos que en su momento sólo fueron publicados por Diario16. La realidad es que la no contratación de Andrea Orcel tuvo más que ver con el control del banco que con otra cosa, sobre todo por el temor existente entre los grandes accionistas por la gestión de la presidenta que, con menos de un 1% de capital, controla al banco como en la época feudal. Estos grandes accionistas pretendieron que Ana Patricia Botín se quedara en un segundo plano y que el verdadero presidente ejecutivo fuese Orcel.

Esto pone de manifiesto que, por segunda vez en poco tiempo, Santander mintió a la CNMV: la primera, con la ampliación de capital que, en realidad, no fue para comprar Popular en julio de 2017; la segunda, cuando anunció que renunciaba a fichar a Orcel en enero del 2019. ¿Impondrá una sanción o abrirá expediente Sebastián Albella al Santander? Hay que recordar cómo, en el año 2014, la CNMV multó con 200.000 euros a Manuel Fernández de Sousa (Pescanova) por mentir en un hecho relevante. En este caso nada se sabe de Sebastián Albella, excepto que ha sido el director en España de Linklaters, despacho británico que trabaja para la JUR y para las grandes instituciones europeas.

Otro asunto relacionado con lo anterior es el mal funcionamiento del gobierno corporativo del Banco Santander y del BCE. Realmente, como dice la demanda de Orcel, si su nombramiento estaba respaldado por un contrato que contaba con el visto bueno del Consejo de Administración, ¿cómo puede el mismo Consejo decir que renuncia al fichaje de Orcel porque era más caro de lo que creía 4 meses antes? ¿Cómo es posible que el Consejo aprobase un contrato sin el previo visto bueno obligatorio del BCE? ¿O lo tenía realmente? El BCE estaría imponiendo un reparto de competencias entre la presidenta y el CEO, dándole al segundo, en este caso Orcel, las máximas facultades ejecutivas. Sería bueno que el Santander lo explicase y tiene que decir la verdad, aunque eso les cueste el puesto a algunos.

Banco Santander: por qué se frustró el fichaje de Andrea Orcel

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