El reparto de la riqueza debe ser el objetivo prioritario de la política económica

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar un análisis a partir de la base de datos sobre niveles y distribución de la renta a nivel mundial que servirá de instrumento para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas y del que se desprende que el reparto de la riqueza debe ser el objetivo prioritario de la política económica.

Según el informe, que abarca el periodo 2004 – 2017, globalmente la participación de los salarios en la renta ha ido perdiendo peso  y el capital ha ido ganando relevancia, algo que también afecta a España.

Asimismo, constata el incremento de las desigualdades en la distribución de la renta. Los aumentos de renta que absorbe el 5% de los trabajadores que más ganan, provoca un descenso de los ingresos que recibe el resto (rentas medias y bajas).

El análisis va más allá y considera que los aumentos de renta que absorbe el 5% de los trabajadores que más ganan, repercute de forma negativa provocando un descenso de los ingresos que recibe el resto; así, por cada 1% que obtiene este grupo de subida salarial, las rentas del percentil más bajo caen un 1,6%.

Las tendencias analizadas no sólo se manifiestan en los países en desarrollo, sino en economías clasificadas de ingresos altos, como son Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y España, entre otros. En este sentido, las instituciones europeas, así como los Gobiernos de los países miembros, tienen mucho camino que recorrer en aras de lograr una mayor equidad en la distribución de la renta, ya sea desde el punto de vista funcional (atendiendo a su peso frente a las rentas del capital), como desde el enfoque personal (siguiendo criterios de reparto equitativo de las rentas).

La reducción de los niveles de desigualdad debe ser un objetivo prioritario de la política económica, no solo por una cuestión de justicia social, sino también para sostener el crecimiento de la actividad y la propia viabilidad de nuestro sistema económico. Cada vez existen más evidencias de que la desigualdad corroe el bienestar colectivo. Y en los últimos años se ha puesto de manifiesto que el actual crecimiento económico no es capaz de reducir esas desigualdades, sino que se necesita de una actuación pública deliberada y contundente para modificar esta perversa dinámica, que abarque múltiples ámbitos.

UGT reclama un cambio en las políticas aplicadas en nuestro país, con actuaciones específicas en al menos los siguientes ámbitos:

Modificar el marco laboral para perseguir el fraude en la contratación y priorizar la de carácter estable, lo que pasa en primer lugar por revertir la reforma laboral de 2012, que ha generado un incremento de la precariedad y una intensa devaluación salarial.

Reequilibrar la negociación colectiva, devolviendo la prioridad a los convenios sectoriales frente a los de empresa y recuperando la ultraactividad (continuidad automática de la vigencia de los mismos mientras no se sustituya por uno nuevo), para que la distribución primaria de la renta (entre salarios y beneficios empresariales) sea más justa.

Reformar el sistema impositivo, para obtener más ingresos y aumentar la justicia de las aportaciones, haciendo que paguen más los que más tienen: las rentas del capital, los grandes patrimonios y las grandes empresas. Porque es preciso elevar el nivel redistributivo de los tributos, contribuyendo a paliar en mayor medida el desequilibrio en el reparto de la tarta del crecimiento económico.

Incentivar el cambio de modelo productivo para aumentar el peso de la industria, que ocupa mejores empleos y con mejores salarios, y en especial en aquellas actividades que permiten generar mayor valor añadido.

Y potenciar el sistema de protección social en sentido amplio (pensiones, prestaciones por desempleo y prestaciones sociales), para que se ofrezcan garantías de renta suficientes a quienes se encuentran fuera del mercado laboral de manera involuntaria o porque han llegado al final de su vida laboral.

Por eso, UGT reclama la conformación ya de un gobierno de progreso, que ponga en el centro de su actuación la reducción de las desigualdades y la mejora de las oportunidades en origen de todas y todos, como única vía para alcanzar de manera sostenida un mayor grado de bienestar económico y social.