El Partido Popular y los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya frustraron la Ley de Ciencia en el Senado. La enmienda propuesta por el PP, apoyada por ERC, supone la eliminación de la posibilidad de realizar contratos indefinidos al personal de la investigación.
La Ley de Ciencia vuelve al Congreso
El texto volverá al Congreso con la eliminación de una de las medidas que más apoyo de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia había suscitado. Una medida que ayudaría a generar una investigación de calidad.
La propuesta que ha sido tumbada con la ayuda de ERC. Iba encaminada a la extensión de la obligatoriedad de firmar contratos indefinidos al personal que trabaja en proyectos financiados con fondos europeos competitivos. Se pasaba a considerar al personal técnico y de gestión como parte del personal de investigación para que puedan desarrollar su carrera laboral.
La Ley de Ciencia vuelve al Congreso
El Senado aprobó ayer la Ley de Ciencia por una inmensa mayoría, con 236 votos a favor, dos en contra (PSOE y ERC) y 16 abstenciones.
La enmienda supone que el texto tenga que volver al Congreso, donde en el mes de septiembre será debatido y aprobado definitivamente. Será una realidad cuando sea recogido por el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las quejas y los ataques recibidos a esta propuesta no tienen justificación. Ni el incremento en la gestión de contratos, ni el efecto económico por las indemnizaciones por despido pueden ser motivo para impedir que las investigadoras y los investigadores desarrollen su trabajo con la serenidad y certidumbre suficiente. “El trabajo siempre se debe remunerar. Un trabajo de calidad requiere una compensación justa y que se desarrolle en las condiciones suficientes de estabilidad”, demandan desde CCOO.
ERC y PP han votado en contra de la estabilidad
Cuando los partidos políticos que han votado en contra de la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras hablan de investigación de excelencia, deben tener en cuenta que las condiciones de estas plantillas también deberían ser de excelencia.
Votando a favor de la eliminación de los contratos indefinidos se está perdiendo la oportunidad de superar una de las barreras más altas existentes en el sistema de investigación español. Este debía poder atraer y mantener talento, así como para desarrollar una investigación de excelencia.
CCOO considera que el resultado de la votación supone un claro retroceso en una medida ampliamente consensuada en el Congreso. Suscitaba un amplio apoyo de las trabajadoras y trabajadores en la investigación. En su vuelta al Congreso, se debe solucionar. La investigación deje de ser el terreno de incertidumbres que ha venido forzando a la pérdida de talento con tanta gente abandonando su sueño de dedicarse a la investigación.
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha manifestado que esta norma supone un gran avance en el sistema de ciencia e innovación español. Otorga más recursos, derechos, oportunidades y estabilidad al personal del sistema público de ciencia e innovación de nuestro país, especialmente a las personas jóvenes.
La norma garantiza una financiación pública de la I+D estable y creciente con el objetivo de que alcance el 1,25% del PIB en 2030 -y el 3% junto a la inversión privada-, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación.
Error en la enmienda incorporada a la Ley de Ciencia
Tras la votación, Morant ha calificado de error la enmienda incorporada. Pide a los partidos que la han apoyado que reflexionen de cara a su validación o no en el Congreso. Esta enmienda permite la temporalidad de los contratos de investigación ligados a fondos europeos competitivos.
“Estamos ante dos modelos distintos: los contratos temporales del pasado, que defiende el PP, frente a la estabilidad y a los contratos indefinidos que nos homologan con Europa, que defiende el Gobierno de España”, ha dicho.
Además, ha añadido que habría dos tipos de contrato en el mismo laboratorio según el origen de la financiación. “Tendremos investigadores contratados con un modelo estable e indefinido y otros investigadores con contratos precarios, temporales y del pasado. Nuestros científicos no se lo merecen y esta Ley tampoco, ha concluido.
Mejora de la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+I
Entre las medidas para mejorar la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+I, el texto recoge una nueva modalidad de contrato indefinido. Vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en contratos de I+D+I.
Esta contratación indefinida, cuya aplicación se adelantó a través de un Real Decreto Ley, recoge las singularidades del sistema de I+D+I. No está sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.
Nuevo itinerario posdoctoral
Asimismo, el texto establece un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo.
La norma diseña un nuevo contrato de hasta seis años, con una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final. Permite obtener el nuevo certificado R3.
Este certificado facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de acceso. Y porque se reserva un mínimo del 25% en las plazas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades.
El proyecto de ley también garantiza nuevos derechos laborales a los jóvenes investigadores e investigadoras de nuestro país. Como una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales.
Medidas para estimular la atracción de talento y la movilidad profesional
La norma también recoge medidas para estimular la atracción de talento a España. La movilidad del personal de investigación, con facilidades para la contratación de personal extranjero y la posibilidad de la doble adscripción en nuestro país y fuera de él.
Además, los quinquenios del personal de investigación de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público. Y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero. Hasta el momento, los quinquenios solo reconocían la experiencia en los OPIS de nuestro país.
Asimismo, la norma redefine el contrato del investigador distinguido para atraer personal científico de prestigio a España.
Más reconocimiento al personal de investigación
El personal técnico de Organismos Públicos de Investigación adquiere nuevos derechos, como la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas.
Por su parte, se mandata a las comunidades autónomas para que incorporen categorías específicas de investigador sanitario en su personal estatutario y desarrollen su carrera profesional en términos similares al resto de personal de investigación.
Reducción de la carga administrativa y fomento de la transferencia de conocimiento
Otro de los ejes del proyecto de ley está orientado a reducir las cargas administrativas del sector de I+D+I. Por ejemplo, en materia de subvenciones públicas, la norma introduce medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios.
La norma también está orientada a reforzar la transferencia de conocimiento, una de las carencias del sistema de I+D+I español, a través de nuevos mecanismos. Uno de ellos es el reconocimiento del sexenio de transferencia para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas y a la sociedad.
Compra pública de innovación en la Ley de Ciencia
Otros mecanismos incluidos en el texto son el desarrollo de la compra pública de innovación y el permiso a las administraciones públicas de invertir y coinvertir en sociedades mercantiles, como hacen los países más avanzados, donde el sector público es un agente emprendedor que invierte y estimula la inversión privada en I+D+I.
La reforma de ley también contempla la creación de la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional.
La Agencia Espacial Española se encargará de elaborar una Estrategia Espacial Española y la ley establece que se promoverá que su ubicación se base, entre otros, en principios de cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos y la lucha contra la despoblación.
Igualdad de género
La norma también busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el ámbito de la I+D+I. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, asegurando un abordaje dual, donde la perspectiva de género sea eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos en ciencia, tecnología e innovación a la vez que se implementan acciones específicas.
Así, los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y de contar también con protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual.
También se prevé la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros que acrediten alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, además de la obligatoriedad de implementar medidas para eliminar los sesgos de género e integrar la dimensión de género en los proyectos de I+D+I.
En este sentido, se garantizará también la igualdad en los procesos de selección y evaluación para quienes concilian y se fomenta el impulso de medidas de acción positiva. Además, se reconoce el papel fundamental de la divulgación científica y la educación para impulsar el cambio sociocultural y fomentar la corresponsabilidad.
