El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) está moviendo su dosier sobre las presuntas actividades económicas del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a quien los populares implican en diferentes operaciones personales y familiares. “Desde que es presidente, Ximo Puig se ha visto envuelto en dos tramas que relacionan a la Generalitat con intereses suyos o de su familia y que suman un total de 2,5 millones en dinero público”, asegura el informe del PPCV al que en su día tuvo acceso Diario16. Desde que Puig llegó al poder –según el informe de los populares–, las empresas de sus hermanos, Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports, han incrementado sus ingresos en 686.000 euros (un 290 por cien) después de tres años de pérdidas.
La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, ha anunciado hoy lunes que su partido se ha dirigido a la Fiscalía de la Comunitat y la de Castellón para saber si han iniciado alguna investigación sobre las supuestas ayudas otorgadas a productoras vinculadas a Francis Puig −hermano del ‘president’ de la Generalitat− y que, si es así, presentará una querella en el ámbito penal contra él y sus socios, según informa Europa Press. A su vez, fuentes del PP valenciano informan de que los servicios jurídicos del PP están en conversaciones con Fiscalía porque “hay un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón que da lugar a una serie de registros e intervenciones de WhatsApp” relacionados con la sanción de Competencia, aunque “también hay una parte reservada dentro del expediente, enviada a la Fiscalía Anticorrupción y a la Agencia Tributaria”.
En rueda de prensa, Ortiz advierte de que “Puig no puede seguir escondiéndose” y “el PP va a llegar hasta el final” tras la sanción impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Conselleria de Economía a una productora de su hermano y otras empresas vinculadas por constituir un cartel que pactó precios en el marco de una licitación pública para la contratación del servicio de corresponsalías en À Punt. La radiotelevisión pública valenciana fue quien puso en conocimiento esta situación al detectarla.
Por tanto, los populares valencianos quieren saber si la Fiscalía de la Comunitat lo ha remitido a la de Castellón y si esta ha emprendido alguna investigación. “Si hay causa abierta de la parte reservada, el PPCV se personará en la causa, y si no la hay, iniciará acciones judiciales porque entendemos que hay posible tráfico de influencias, negociación prohibida de funcionarios y prevaricación”, puntualiza Eva Ortiz.
“Estamos asistiendo a una situación que llevamos denunciando desde 2016: son un cártel creado para conseguir subvenciones de toda índole y sin justificaciones claras”, ha recalcado Ortiz, para recordar que Francis Puig está imputado y avanzar que el PP va a pedir este mismo lunes la paralización del contrato de À Punt del lote de corresponsalías en las que “están implicadas las empresas del hermano del ‘president’ y sus socios”.
Es más, ha hecho hincapié en que no hay “ninguna garantía” de que este concurso sea “limpio” y ha denunciado que “estas empresas, con toda la picaresca, han cambiado el nombre para presentarse (a la adjudicación) como Televisión Castellón”.
Ortiz también ha garantizado que el PPCV aportará al Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, en su ampliación de denuncia, contratos del Ayuntamiento de Morella (Castellón) de la época en la que Puig era alcalde, además de volver a reclamar la creación de una comisión de investigación en Les Corts sobre estas ayudas y de pedir el expediente de Competencia “desde el inicio”.
Por todo ello, advierte de que es un “asunto grave” y que “el ‘president’ se equivoca si cree que escondiéndose detrás de la covid y de la borrasca Filomena no le va a salpicar directamente: tiene una responsabilidad política grave”. “Hemos tenido que pelear con uñas y dientes en el TSJ y hemos aguantado presiones de todo tipo”, matiza.
La también vicesecretaria del PPCV ha augurado que “este asunto no acabará nada bien” y ha preguntado a Ximo Puig, también líder del PSPV, si este caso “no constituye una hipoteca reputacional para la Comunitat”. “Lo mejor en estos casos es dar la cara”, ha urgido.
Dicho esto, ha agradecido la “disposición” de la Conselleria de Economía para facilitar documentación sobre la sanción y la “valentía” de À Punt al ponerlo en conocimiento de la Administración. Y ha exigido saber “quién dio la orden” de entregar las ayudas porque “no tienen que pagar justos por pecadores”.
