El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) dispone de un detallado dosier sobre las presuntas actividades económicas del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a quien los populares implican en diferentes operaciones personales y familiares. “Desde que es presidente, Ximo Puig se ha visto envuelto en dos tramas que relacionan a la Generalitat con intereses suyos o de su familia y que suman un total de 2,5 millones en dinero público”, asegura el informe del PPCV al que ha tenido acceso Diario16.

Caso Els Ports

Desde que Puig llegó al poder –según el informe del PPCV–, las empresas de sus hermanos, Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports, han incrementado sus ingresos en 686.000 euros (un 290 por cien) después de tres años de pérdidas. “A estas subvenciones a la carta se suman ahora las denuncias de A Punt y de la Agencia Valenciana Antifraude al sorprender a siete productoras valencianas pactando precios para repartirse parte de un concurso de servicio de imágenes por un valor total de 323.000 euros, entre las que se encontraba la productora del hermano de Puig. Se trata de una maniobra prohibida por la Ley de Contratos del Sector Público”, asegura el informe que los populares valencianos han hecho circular por los medios de comunicación. “En total, las productoras de los hermanos de Puig están implicadas en más de un millón de subvenciones públicas”, añade el dosier.

La información que baraja el PPCV apunta a que “las ayudas a las productoras de la familia del president ya implican a cuatro consellerias (Justicia, Turismo, Educación y Presidencia), a dos comunidades autónomas (Comunitat Valenciana y Generalitat de Cataluña) y a cinco organismos públicos que han denunciado o investigan dichas ayudas, entre ellos varios tribunales de Justicia, la cadena pública À Punt, que tuvo que paralizar una ayuda al detectar que pactaron precios, la Agencia Valenciana Antifraude o la Comisión Nacional de Mercados y Competencia”.

Según se indica en el dosier, estas subvenciones constituyen una “auténtica trama” para conseguir fondos públicos mediante “gastos cruzados, alquileres fraudulentos y nóminas de una gran familia”. “Presentan hasta cuatro veces la misma factura de luz, agua, seguridad y asesoría para cobrar cuatro veces subvenciones públicas. Las empresas del hermano de Puig reciben subvenciones para idéntica finalidad de la Generalitat de Cataluña que firmaban Artur Mas y Carles Puigdemont”.

El informe detalla que ambas empresas vinculadas a la familia de Puig presentan, para justificar la subvención, una factura del alquiler de dos locales, uno propiedad del hermano y otro del padre del president. “La empresa Mas Mut presenta para cobrar la subvención una factura del alquiler de un local propiedad del hermano del president mientras que la otra sociedad, Comunicacions, también presenta como gasto justificable el alquiler de su local, un local que es del padre”.

A su vez, el dosier revela que “las empresas de los hermanos Puig falsifican las audiencias para percibir una subvención más elevada, ya que para que fueran ciertas cada vecino debería tener 7 televisiones y 9 radios”. Radio Els Ports cuenta con 43.000 oyentes diarios mientras que la televisión del hermano de Puig asegura tener 35.000 espectadores diarios emitiendo en una comarca de 5.000 habitantes.

El PPCV se queja de que lleva tres años solicitando la documentación relacionada con las empresas de los hermanos de Ximo Puig: han solicitado a la Intervención General de la Generalitat que elabore un informe exhaustivo de las subvenciones; a la Sindicatura de Comptes que elabore un informe de cumplimiento de legalidad; que remita al Tribunal de Cuentas las ilegalidades detectadas para el inicio de los correspondientes expedientes de responsabilidad contable; y que los hermanos de Puig devuelvan el dinero indebidamente percibido.

Caso IVF

La otra supuesta irregularidad que el PP imputa a Puig tiene que ver, según el dosier, con que el president es accionista de una empresa a la que destina anualmente 1,4 millones de dinero público “y a la que se le ha perdonado 1,3 millones, acciones por las que ha recibido un beneficio accionarial de 11.000 euros en los últimos cuatro años siendo presidente de la Generalitat Valenciana”.

“El presidente guarda una relación mercantil con el conglomerado al que más dinero reparte en publicidad institucional gracias a una quita de 1,3 millones. Una operación que fue posible gracias a un acuerdo del Gobierno valenciano presidido por Puig. Una situación de estética y políticamente cuestionable”, añade el informe.

El presidente de la Generalitat posee, según consta en su declaración de bienes, 177.886,8 euros en la mercantil Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), propietaria de El Periódico Mediterráneo, el diario más importante de la provincia de Castellón. Se trata de 210 títulos, el 1,2% del total.

Puig es accionista particular de Mediterráneo desde principios de los años 80, cuando se constituyó Pecsa a partir de una operación de compra por parte de los empleados y diversas entidades, entre ellas el PSPV provincial, para quedarse con el antiguo periódico del Movimiento. En los años 90 Pecsa es adquirida por el Grupo Zeta.

El pasado año el Grupo Zeta, propietario del grueso de las acciones (casi del 85%), era adquirido por Editorial Prensa Ibérica (EPI), el principal grupo mediático de la Comunitat Valenciana que posee las tres cabeceras líderes de la prensa regional: Levante-EMV en Valencia; diario Información en Alicante; y ahora El Periódico Mediterráneo en Castellón.

La compra de Grupo Zeta por parte de EPI fue posible gracias a una importante quita de su deuda, cifrada en un 70% y liderada por la propia Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que condonó 1,3 millones de los 1,9 globales de deuda (el Institut Català de Finances (ICF), también afectado, perdonó un porcentaje inferior, del 46%; aunque superior en volumen: de 9,2 millones), según los populares.

Para poder llevar a cabo la quita, el Pleno del Consell aprobó un decreto con carácter retroactivo para que el IVF actuara “como una banca tradicional y pudiera perdonar la deuda” del grupo mediático. “¿Por qué con carácter retroactivo? La quita a Grupo Zeta se negoció antes de que se aprobara el decreto y la firma del mismo quedó supeditada a que este saliera adelante. Una vez se aprobó en el pleno del Consell del 15 de marzo de 2019, con el voto a favor de Ximo Puig, “que no se abstuvo pese a estar involucrado personalmente”, se procedió a la quita que se firmó pocos días después en el mes de abril, añade el dosier del PPCV.

Prensa Ibérica es, con diferencia, el grupo mediático que más dinero recibe en publicidad institucional de la Generalitat Valenciana, según el informe. En 2018, según GVA Oberta, se aprobaron casi 1,4 millones de euros en publicidad, casi 1,7 si se suma el importe del recién adquirido El Periódico Mediterráneo, “la mayor parte de Presidencia”.

El dosier asegura que el director del IVF ha confirmado las acusaciones: “Ximo Puig me preguntó cómo iba la operación, cuánto dinero se nos debe, cómo está la cosa”. Hasta la fecha se trata de la única quita realizada por el IVF. “Puig no ha dado las explicaciones y se ha escudado en el director del IVF, Manuel Illueca,  que compareció en rueda de prensa y en les Corts. No ha explicado por qué participó en un Pleno en el que se aprobó un decreto para hacer una operación que le beneficiaba. El PP ha pedido el expediente de la aprobación del decreto del Consell para conocer la participación de Puig y ya ha anunciado que acudirá a la Justicia en el caso de que sea constitutivo de algún delito”, advierten fuentes del PPCV.

Además, Ximo Puig ha recibido un beneficio accionarial de 11.000 euros en dividendos, durante los cuatro años en que ha sido presidente, de un diario (Mediterráneo) al que la Generalitat “ha regado con casi 600.000 euros de publicidad, 547.000 directamente inyectados desde el área de Presidencia desde 2015”. “Percibe un beneficio de una empresa a la que inyecta dinero público directamente. Esta práctica de inyectar dinero público en el medio del que es accionista ya la vino practicando siendo alcalde de Morella durante 17 años (1995-2012) con la contratación de publicidad institucional del Ayuntamiento en Mediterráneo”, añade el dosier.

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2 Comentarios

  1. Si todo lo leído fuera cierto, cosa que dudo mucho por venir del máximo mentiroso, manipulador y ladrón, deberían enjuiciarlo. Igual que con la caja “B” del pp, y todos los robos y manipulaciones hechas por el máximo corrupto nacional. Pero si tiene razón, se la den, por muy terrorista que sea. A sus votantes, ojo. Quien señala es un avisado corrupto y sin duda, pretende meter mierda allá donde las circunstancias les permitan.

  2. Se losque denuncian son los ppros para mi no Tienen ninguna credibilidad creen que losdemas son como ellos que hasta con lavisita del papa icieron negocio estos casi siempre loque saben hacer es mentir una mentira contada muchas veces quieren hacer una realidad

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