el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz junto al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias han anunciado una reforma estructural del sistema de peonadas para garantizar que dé una cobertura más adecuada a los trabajos eventuales agrarios, tanto en Andalucía como en Extremadura.

Los sindicatos han reclamado la creación de una Mesa de Trabajo Técnica para abordar los problemas de los trabajadores agrarios, así como son la necesidad de mejorar la calidad del empleo en el campo Andaluz y extremeño.

En lo más inmediato han anunciado la necesidad de, con la máxima brevedad, introducir mecanismos de corrección, de carácter coyuntural, que garanticen una rebaja del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, de las 35 actuales a 20. Esta medida busca responder a la grave situación meteorológica que en los últimos meses ha hecho escasear el trabajo y ha dificultado el acceso a las peonadas.

Tanto el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se han reunido esta mañana con representantes de los sindicatos agrarios de Andalucía y Extremadura (CCOO, UGT y SAT) para una primera toma de contacto que propicie el desarrollo de medidas que ataje los problemas de fondo que afectan al sector agrario.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha reclamado hoy a la ministra Díaz, la constitución de una Mesa de Trabajo Técnico en la que se puedan abordar la actual problemática de los trabajadores y trabajadoras agrarias. Para ello es imprescindible que en dicha mesa haya presencia tanto del Ministerio de Trabajo y Economía Social como del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dado que las reclamaciones de los trabajadores y trabajadoras del campo afectan a ambos ministerios.

Por su parte desde CCOO han planteado al Gobierno que disponga “medidas estructurales y no meramente coyunturales para atajar la mala calidad del empleo agrícola” como uno de los principales problemas que presenta Andalucía.

Desde UGT FICA han trasladado una batería de reclamaciones entre las que destacan la necesidad de que se modifique la normativa relativa a las Altas y Bajas de la Seguridad Social en el Sector Agrario y que se desarrolle de una vez la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procedió a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.

El secretario sectorial Agrario y de Manipulado Hortofrutícola, Emilio Terrón, ha reclamado la reforma de la unificación de las prestaciones para los hombres y mujeres del campo, por entender que la excesiva burocratización del servicio perjudica a los trabajadores agrarios al obligarles a faltar al trabajo para llevar a cabo los trámites.

Según ha explicado el secretario de Política Institucional de CCOO de Andalucía, José Blanco, el Gobierno se ha comprometido a crear una mesa de diálogo para acordar las reformas estructurales que necesita el campo andaluz y extremeño. La delegación del sindicato ha trasladado a la ministra Díaz y al vicepresidente Iglesias una serie de propuestas que, según Blanco, contribuirían notablemente a mejorar la calidad del empleo agrícola en Andalucía.

Intervención en los asentamientos denunciados por la ONU en Huelva

Las nefastas condiciones en las que desarrollan su labor los trabajadores eventuales en el campo de Huelva, señaladas por el relator especial de la ONU, Philip Alston, definidas como “mucho peores que un campo de refugiados”, ha sido uno de los aspectos más destacados del encuentro.

Desde el Ministerio de Trabajo se ha señalado que “el Gobierno de España no va a permanecer impasible ante este informe” y se ha avanzado en las modificaciones legislativas necesarias que permitan que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda personarse, acceder a estas infraviviendas y comprobar las condiciones en las que viven los trabajadores, interviniendo en estos asentamientos.

Desde el Ministerio se señala que “constatar por parte de la administración las condiciones en las que malviven estos trabajadores agrarios es un primer paso imprescindible para garantizar su dignidad y sus derechos”.

Por otra parte, el trabajo eventual en el campo de Extremadura y Andalucía, que implica a un gran volumen de jornaleros y supone un tipo de actividad con intermitencias que requiere una protección por desempleo específica, ha sido otro de los ejes de la reunión. Según este sistema, los trabajadores deben trabajar un número mínimo de jornadas (actualmente, 35) para acceder a una prestación por desempleo agrario. En la reunión se ha planteado la necesidad, a medio plazo, de reformar el sistema de peonadas para garantizar que dé una cobertura más adecuada a los trabajos eventuales agrarios.

El secretario de Política Institucional de CCOO de Andalucía, José Blanco ha insistido en la necesidad de revisar, con carácter general, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice usado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Nació para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas: “ya que se ha acordado en el Diálogo Social una subida del SMI, ahora toca ponerse manos a la obra para subir el IPREM, que marca el acceso a las ayudas de aquellos sectores de población más vulnerables.

El secretario sectorial Agrario y de Manipulado Hortofrutícola, Emilio Terrón, ha exigido la modificación de la modalidad contractual del fijo-discontinuo, por ser una fuente continua de abusos por parte de algunos empresarios, que vienen contratando a los mismos trabajadores en año tras año sin darles la consideración de fijos discontinuos y ha coincidido con CCOO en la necesidad de que se aplique el salario mínimo interprofesional a los convenio del campo ya que los datos demuestran que durante los primeros seis meses de 2019 (con un SMI fijado en 900 euros) se trabajó más que en todo el año 2018.

Las organizaciones agrarias UPA, COAG y ASAJA han recordado a la ministra Díaz que son “las agrupaciones más representativas del campo”, según la ley, y que las mesas de seguimiento del subsidio agrario están constituidas desde hace años por lo que solicitan que “se mantenga y respete dicha composición”. El próximo martes se reunirán con en el Ministerio de Trabajo para abordar en profundidad las relaciones laborales en el sector agrario.

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