El pasado 25 de septiembre el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta concluyó la fase de instrucción y acordó procesar por un presunto delito de homicidio imprudente a los 16 agentes de la Guardia Civil que habían sido investigados por su actuación en la tragedia de Tarajal el año 2014.

La Abogacía del Estado ha defendido a los 16 agentes: en el escrito que ha presentado recurre el procesamiento de los Guardias Civiles y reclama que no se les juzgue. En este escrito la Abogacía del Estado apunta que «no se produjo ningún fallecimiento» en las aguas territoriales españolas, que ningún migrante murió por culpa de la actuación de los agentes y que los ahogados no presentaron lesiones.

«Los 23 inmigrantes que accedieron a la playa ceutí del Tarajal, bien por sus propios medios, bien auxiliados por los servicios marítimos, lo hicieron en perfecto estado de salud, y por ese motivo pudieron ser rechazados en frontera de manera inmediata; los buzos que peinaron la zona el día de los hechos y el día siguiente confirmaron que no se había producido ningún fallecimiento en el lado español», han señalado desde la Abogacía del Estado.

Además, critica la instrucción y defiende que los Guardias Civiles no están teniendo un proceso justo. La actuación de la jueza «ha generado una clara vulneración del derecho de defensa, en particular el derecho básico y esencial que toda persona a quien se le atribuya un hecho punible merece», afirman. Además, añade que los agentes se enfrentaron «a una avalancha que trataba de llegar a Ceuta de manera violenta«.

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