El Caso Popular o el nuevo tren de Glasgow

La Audiencia Nacional se ha encontrado con el caso más complejo de la historia de España ya que no sólo se está tratando de verificar los culpables de la caída de una entidad financiera, sino que en el caso hay otros factores que, según los datos que Diario16 lleva publicando desde el año 2016 —fecha en la que inició Manuel Domínguez Moreno su investigación—, demostrarían la presunta complicidad de los organismos públicos, tanto españoles como europeos, en una operación que ha dejado a más de 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, pensionistas, pequeños y pequeñas empresarias, en la ruina más absoluta.

El Banco Popular supera con creces escándalos como el del tren de Glasgow (46 millones de euros), el Centro de Diamantes de Amberes (100 millones), el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston (300 millones), el Depósito de seguridad de Securitas en Kent (78 millones) o la Joyería Harry Winston de París (85 millones). En el Caso Popular estamos hablando de más de 11.000 millones de euros que fueron adquiridos por el Santander por UN EURO.

Hoy hemos publicado cómo el viernes 2 de junio de 2017, es decir, sólo unas horas antes del inicio del Proyecto Hipócrates, es decir, del plan de resolución del Banco Popular, Emilio Saracho recibió un correo electrónico en el que se le informaba de que «todas las metodologías de valoración e indicaciones de interés apuntan hacia una valoración positiva del banco». Sin embargo, cuatro días después el propio Saracho declaraba a la entidad inviable, algo que los peritos del Banco de España han descartado puesto que «tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones de euros».

Por tanto, ¿ante qué nos estamos encontrando en el Caso Popular? En estos años hemos publicado en estas páginas cómo un gobierno, el de Mariano Rajoy, permitió que el Ministerio de Economía no permitiera la aplicación de la parte más efectiva del plan de negocio de 2016 o cómo sus instituciones, organismos y administraciones sacaban todos sus depósitos en los días previos a la resolución, salida de liquidez que fue la causa principal de la caída de la sexta entidad financiera de España, tal y como reconocieron los peritos del Banco de España: «la entidad tenía un grave problema de liquidez siendo en todo momento antes de la resolución solvente, sus fondos propios eran positivos […] La decisión de resolver la entidad se basó en el deterioro de la situación de liquidez por una salida de depósitos especialmente intensa desde abril de 2017, concentrándose en fechas concretas». Por otro lado, el ministro de Economía de ese gobierno, se reunió con los instigadores de la rebelión interna del Consejo de Administración que finalizó con la llegada de Emilio Saracho a la presidencia del Popular, con los resultados que ya todo el mundo conoce.

Ese mismo gobierno de Mariano Rajoy, de Soraya Sáenz de Santamaría y de Luis de Guindos permitió que instituciones como el FROB, la CNMV o el Banco de España tuviesen una supuesta connivencia con la operación, tal y como los documentos publicados por Diario16 demuestra. La CNMV no frenó la cotización del Popular cuando las posiciones bajistas ocupaban el 12% de su capital bursátil; el FROB inició la resolución cuando el Popular disponía de liquidez suficiente para seguir funcionando, además de aprobar la venta al Santander fuera de plazo; el Banco de España no puso objeciones a una operación ejecutada el 7 de junio de 2017 en un documento registrado el día 6 de junio.

Por otro lado, tenemos a un gobierno que, en vez de ponerse del lado de los afectados —como se espera de un partido que tiene la palabra «socialista» en sus siglas—, se ha colocado en la defensa a ultranza de los intereses del Banco Santander y de la Junta Única de Resolución, además de haber autorizado la fusión por absorción del Popular cuando aún se están dirimiendo los recursos en los tribunales, lo que, por defecto, ha permitido al banco presidido por Ana Patricia Botín crear un escenario de tierra quemada que hace muy difícil que los afectados recuperen SU banco y SU dinero, pero no imposible porque aún queda Justicia justa y medios de comunicación libres e independientes.

En otro orden, la participación de los organismos europeos fue clave, no sólo en lo referido al momento de la resolución, sino en los meses previos. Hay que recordar que en el mes de marzo Saracho acudió a ver a los supervisores con el ánimo de asustar, como ya había comunicado que haría a algunos directivos del Banco, pero parece que no logró el objetivo. Así, varias semanas antes de comunicarlo al mercado, advirtió del cese de Pedro Larena, que creía en el futuro del Banco Popular, algo que a Saracho le molestaba enormemente. Sin embargo, lo más grave fue que, tres meses antes de que el Popular desapareciese en una crisis de liquidez sin precedentes, Saracho ya anticipó que el banco podría ser resuelto. Ante una situación de este tipo, con un presidente que demostró su desconocimiento de gestionar un banco comercial, ¿por qué no intervino el BCE para echar a Saracho y que el Popular fuese gestionado por una persona capacitada para el cargo? No hicieron nada.

Por otro lado, hay que recordar cómo el BCE modificó los criterios para la concesión de la ELA el día 6 modificando en horas los plazos de madurez de esa línea de liquidez de emergencia.

La JUR, por su parte, inició la resolución aplicando una serie de normativas sobre la valoración de entidades bancarias que, en el momento de la caída del Popular, sólo eran borradores y que no entraron en vigor hasta el año 2019.

Por tanto, ¿qué tenemos en el Caso Popular? Demasiados actores conniventes que tejieron una operación que, en principio, pensaron que iba a terminar con un éxito rotundo. Sin embargo, como ocurre en estas presuntas estafas o en estos montajes, la realidad se ha cernido sobre ellos y cada día se hace más evidente que la Justicia tomará una determinación que beneficiará a los afectados porque las pruebas son abrumadoras.

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