El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida del PP y la vicealcaldesa, Begoña Villacís de Ciudadanos, han cedido un terreno en el distrito de Vicálvaro, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso para la construcción de un centro privado.
Para Isabel Galvín, secretaria general Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, «la cesión de una parcela municipal de 23.000 metros cuadrados, con un valor de mercado de 34 millones de euros en el distrito de Vicálvaro al Gobierno de Ayuso para que pueda construir un nuevo colegio concertado es el último gran escándalo de la educación pública madrileña, mientras intenta no cumplir con la Ley Celaá y despide a 1.117 profesores y profesoras de refuerzo Covid y cierran aulas».
La cesión se ha realizado a toda prisa, intentando adelantarse a la aplicación de la Ley Celaá, y es una de las varias escenas del teatro político que ocupa a la Comunidad de Madrid en su cruzada contra la nueva ley educativa, intentando cambiar el relato de lo sucedido con el masivo rechazo a la ley anterior del PP, la ley Wert.
Aunque la reciente defensa de la educación concertada ha sido enmarcada como una defensa de “la libertad de elección” de las familias y esta cesión de suelo ha sido justificada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la alta “demanda” por parte de las familias, «lo cierto es que analizando los datos de escolarización en el distrito de Vicálvaro en el curso 20/21, queda claro que la GrAdemanda real ha sido hacia la educación pública, cuya falta de recursos ha dejado plazas sin cubrir y ha negado a innumerables familias la libertad de elección», ha señaldo Isabel Galvín.
Como resultado de las políticas contra la educación pública de la Comunidad de Madrid, para el curso 20/21 se suprimieron un total de 7 aulas en el distrito de Vicálvaro: 3 de ellas en Educación Infantil y 4 en Educación Secundaria (Figura 1).
Tras las solicitudes realizadas en el distrito y cruzando el dato con el número de plazas ofertadas, quedaron sin opción a ninguna plaza pública en el distrito un total de 96 estudiantes que la solicitaron como primera opción (Figura 6).
Además, se observó la necesidad de apertura de un aula de 1°de la ESO en el IES Villablanca, que ofrecía 0 plazas y había recibido un total de 22 solicitudes.
Durante el proceso de escolarización, se realizó una reubicación del alumnado que se había quedado sin plaza en los centros elegidos en el área de escolarización que engloba Ciudad Lineal, San Blas y Vicálvaro. Esta reasignación resultó en un 46% del alumnado de Educación Infantil, siendo movido de centros públicos a centros privados/concertados; un 65% del alumnado sufrió este transvase en Educación Primaria; un 43% en Secundaria; y un 100% del alumnado de Bachillerato fue derivado a otros centros públicos diferentes a los elegidos por las familias. (Figura 5).
El Gobierno de Díaz Ayuso parece dar a estos estudiantes solo dos opciones: o a la concertada o a otro distrito.
Para Isabel Galvín, secretaria general Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, «se trata por tanto de casi la mitad del alumnado acabando en un centro que no solicitó y en un centro de modelo distinto al solicitado, es decir, la mitad de las familias no tuvieron libertad de elegir educación pública«. Las familias están siendo empujadas a elegir concertada. La “demanda” de la que habla Díaz Ayuso es artificial, el resultado de años de engordar a la educación concertada con cesiones mientras debilitan a la educación pública con recortes.
Esta medida llega en el contexto de protestas en Vicálvaro durante los últimos cinco años: las familias piden la construcción de un nuevo instituto público y la ampliación de otro de los existentes. La comunidad educativa en Vicálvaro ha dejado claro que lo que necesitan es más pública. Esta “demanda” parece no contar para la Consejería de Educación, lo cual demuestra que la oferta educativa no se mueve por la “mano invisible” de la oferta y la demanda reales, a las que el consejero de Educación hace oídos sordos, sino por los dedazos de un partido acostumbrado al amiguismo, las cesiones y el uso de lo público para beneficio de unos pocos.
El pasado mes de octubre, el consejero Ossorio dijo: “Si los padres quieren concertada, habrá concertada.” Le faltó decir que, bajo el Gobierno madrileño, si los padres quieren pública, también habrá concertada. «El Ejecutivo de Ayuso niega la libertad a las familias que eligen educación pública», ha concluido Galvín.
Delincuencia, es lo que define al PP. Desde los encuentros Feijóo con el narco Dorado, los cobros de los dineros entregados por los capitalistas a cambio de concesiones. Todo en el PP es delincuencia. Lo grave es que haya millones de españoles y españolas que les sigan votando a pesar de lo poco que se conoce del saqueo de la riqueza de todos por parte de los neo-fascistas peperos. Aznar de funcionario de Hacienda a oligarca financiero, la Botella de administrativa de Hacienda a oligarca financiera; y nosotros más pobres sin las empresas públicas robadas, ellos les llama privatizar. Realmente existe un segmento de la población española que es imbe… o se hace.
La oposición debería de ejercer con más contundencia y bastante mas información. Mucha gente ni se entera de fechorías como esta.