CCOO Sanidad Madrid ha solicitado al juzgado la cesación inmediata de la adscripción forzosa de profesionales al Hospital de Pandemias, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por considerar que se está llevando a cabo sin seguir el procedimiento reglado de movilidad de profesionales previsto en el Estatuto Marco, en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SERMAS y por vulnerar el Acuerdo de Bolsa del SERMAS de 2016.

El Gobierno Regional no cumple con lo que se estipula en los citados acuerdos y normativas legales y no respeta las opciones que marcan los profesionales. A juicio de CCOO, el traslado forzoso y bajo presión supone una vulneración de derechos para los/as profesionales afectados y para los/las usuarios/as de los hospitales que están viendo minoradas sus plantillas actuales. Una decisión de la Comunidad de Madrid “arbitraria, acelerada y opaca que hay que parar”.

Una medida contra una decisión “arbitraria, acelerada y opaca que hay que parar”, previa a la demanda por vía contencioso-administrativa

El sindicato, en su petición, insta al juzgado para que de manera extraordinaria se adopten medidas cautelarísimas para que cese la transferencia de profesionales por parte de los centros sanitarios al hospital de pandemias. Y todo ello, con carácter previo a la interposición de la correspondiente demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La movilidad de profesionales por razón de servicio está sometida a específicos requisitos, garantías y procedimientos reglados que en la actualidad y dado el acelerado y opaco trasvase de personal al nuevo centro sanitario no se están respetando. El reclutamiento forzoso de profesionales, según los datos de CCOO, está ya en los 388, con los 47 que salen del Hospital Universitario La Paz (22 enfermeras/os, 2 TER, 14 TCAE, 1 Aux.Farmacia, 5 celadores/as y 3 médicos).

Numerosas Infracciones

El Gobierno de la Comunidad de Madrid infringe con varios preceptos jurídicos como son: la inexistente negociación colectiva e información previa a las organizaciones sindicales legitimadas para la participación en la planificación de los Recursos Humanos (RRHH), según los artículos 3, 4, 12, 13 artículo 80 del Estatuto Marco y 37 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la manifiesta ausencia de la configuración de un modelo de prevención de riesgos laborales del establecimiento sanitario.

A esto se suma la ausencia del procedimiento reglamentario de movilidad de profesionales previsto en nuestro ordenamiento jurídico que exige motivación y justificación de la necesidad asistencial, previa existencia de plazas vacantes o temporalmente desatendidas y previa consulta y negociación con los agentes sociales (artículo 36 y siguientes del Estatuto Marco, apartado 9 del Plan de Ordenación de RRHH del SERMAS, 78 y siguientes del EBEP). Y, finalmente, un grave ninguneo hacia la representación unitaria de los trabajadores/as que en caso de traslado de instalaciones y/o recursos debe emitir informes preceptivos y ser puntualmente informados para que además puedan informar y asesorar a sus representados.

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