El alto cargo andaluz que obliga a los hospitales a comprar un fármaco que vendía hasta febrero en una farmacéutica se resiste a dimitir

Después de 38 años de gobiernos socialistas ininterrumpidos en Andalucía, el primer ejecutivo conservador autonómico, de Partido Popular y Ciudadanos velado por la ultraderecha de Vox, sufre, en poco más de cien días de gestión, una sangría de dimisiones de altos cargos de efectos imprevisibles en un equipo de gobierno que se autoimpone como meta un largo recorrido al frente de la Junta de Andalucía, objetivo que la saliente Susana Díaz trata de evitar a toda costa ahora que sopla para el PSOE andaluz viento de cola gracias a los resultados de las elecciones generales y los buenos augurios que se avanzan para el próximo domingo en las municipales y europeas.

A las imprevistas dimisiones de estos primeros meses de gobierno se suma la polémica en torno al nuevo director general de Asistencia Sanitaria y Resultados, Diego Vargas, nombrado por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), el mismo que reconocía en una entrevista a Diario Médico que “en tres días ya teníamos montado el ‘staff’ de la consejería, todos amigos míos”. El consejero de Salud aseguró durante su etapa como senador que la sanidad universal y gratuita era una “utopía” de difícil encaje para el sistema público.

Vargas cesó como director médico del laboratorio farmacéutico Techdow el pasado 5 de febrero para hacerse cargo de este departamento básico que maneja el mayor presupuesto de la Junta de Andalucía, uno de cada tres euros de los presupuestos autonómicos va destinado a la sanidad pública. Desde su cargo público, Vargas ha ordenado ahora a los centros hospitalarios andaluces la compra de un paquete de medicamentos entre los que se encuentra el que él vendía hasta hace sólo unos días en su empresa privada. Desde la oposición, el número dos de Adelante Andalucía y coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha exigido el “cese inmediato” de este alto cargo por considerar que existe “una colisión de intereses absolutamente escandalosa”. Maíllo añade que es un “absoluto escándalo”, porque la primera medida importante que ha adoptado Vargas desde su nueva responsabilidad en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sido que el ‘antitrombo’ Inhixa, de la firma farmacéutica en la que él había trabajado hasta febrero, se incorpore como el elemento de compra preferente para el SAS. “Esto significa que hay una colisión de intereses absolutamente vergonzante”, añade el dirigente de la federación de izquierdas.

El ejecutivo de Juanma Moreno no ve el más mínimo problema porque considera que el director de Asistencia Sanitaria “actualmente no tiene ninguna vinculación contractual ni vinculante” con su anterior empresa, según el portavoz el Gobierno andaluz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP).

Tres dimisiones en un mes

El nuevo gobierno de Juanma Moreno ha debido hacer frente en solo tres meses a cinco dimisiones de altos cargos, tres de ellas en el último mes. La última se ha producido este mismo martes 21 de mayo. Antonia Morales, delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, nombrada por el consejero Javier Imbroda (Ciudadanos), ha aducido “problemas personales” para abandonar el ejecutivo andaluz.

El consejero de Salud, que veía una “utopía” la sanidad pública y universal, se vanagloria de montar “en tres días” su equipo de “todos amigos”

Antes de ella, ya se han bajado otros altos cargos del barco del gobierno bipartito PP-Ciudadanos velado desde fuera por la ultraderecha. O incluso los han bajado de manera forzosa, como la alto cargo encargada de gestionar el dinero procedente de la Unión Europea. Isabel Álvarez Carmona, directora general de Fondos Europeos, fue cesada el pasado 7 de mayo por el consejero de Economía que la nombró, el popular Rogelio Velasco, porque “no estaba ejerciendo sus tareas de forma adecuada”.

La primera dimisión de esta cascada incesante fue la del consejero de Hacienda, Alberto García Varela, uno de los fichajes estrella de Moreno Bonilla llamado a pilotar la reforma fiscal de la Junta. Motivos de salud le apartaron del cargo apenas unos días después de jurarlo. Pocos días después de esta primera dimisión llegó la renuncia de la delegada de Turismo en Granada, Elisa Fernández-Vivancos, esta vez procedente de uno de los departamentos controlados por Ciudadanos en el ejecutivo bipartito. Se fue tras publicarse una información en El Independiente de Granada que la vinculaba al despacho jurídico de la Junta en Granada que derivó en una millonaria indemnización por su gestión negligente en el denominado caso Nevada.

Ya en marzo se sumó una tercera dimisión, la del delegado de Empleo en Málaga, Miguel Luis Guijarro, también designado por Ciudadanos, tras destaparse su participación en sociedades pantalla en Panamá en el año 2011.

La cuarta dimisión ha sido probablemente la de más amplio eco y resonancia. El titular de Economía, Rogelio Velasco, tuvo que hacer frente a la renuncia de la secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología, Pilar Ariza, después de que el Gobierno de Moreno Bonilla decidiera mantener las bonificaciones a las matrículas universitarias, una de las medidas estrella de la socialista Susana Díaz, quien sembró la sospecha de la continuidad de las mismas entre los estudiantes universitarios andaluces. Ariza adujo “motivos profesionales” para abandonar el barco.

La renuncia de la delegada de Educación de Almería este martes 21 de mayo es la quinta en tres meses, mientras se estrecha el cerco sobre el director general de Asistencia Sanitaria por su vinculación reciente a una empresa farmacéutica a la que ha beneficiado de forma indirecta con su decisión de obligar a los hospitales públicos a la compra de uno de sus fármacos.