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El 75% de los agresores sexuales de menores pertenece al entorno de la víctima

El 98% de los agresores son hombres y el 74,73% de ellos son personas muy cercanas a las niñas y niños de los que abusan

María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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El 75% de los agresores pertenece al entorno de la víctima según el estudio sobre la respuesta judicial a la violencia sexual a niños y niñas realizado por la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG).

La delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y Ma Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, han presentado este estudio en el Día Mundial de la Infancia: “La respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas”, en el que se pone de manifiesto que el 11,1% de la violencia sexual fuera de la pareja se denuncia ante policía o juzgados, y el motivo mayoritario es porque se trata de un menor o era una niña en el 35,4% de los casos.

Además, se destaca también que el 98% de los agresores son hombres y que el 74,73% de ellos forman parte del ámbito familiar o del entorno de la víctima

Según Rosell, el estudio “confirma las carencias de la respuesta exclusivamente judicial a la violencia sexual contra la infancia”. A su juicio, “el panorama es más sombrío aún si tenemos en cuenta, en primer lugar, la violencia sexual que no se denuncia”. La Macroencuesta de 2019 –realizada a mayores de 16 años–revelaba que sólo el 11,1% de la violencia sexual fuera de la pareja se denuncia ante policía o juzgados, y el motivo mayoritario es que era menor o era una niña en el 35,4% de los casos. “En segundo lugar, que el estudio se realiza sobre sentencias, sin computar todos los casos de sobreseimiento previo al juicio por falta de pruebas.

Anteproyecto de Ley

En respuesta a esta realidad, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección ala Infancia y Adolescencia, “prevé medidas como la elevación del plazo de prescripción a computar desde los 30 años de edad, no desde los 18; las obligaciones de los poderes públicos en la detección de violencia contra la infancia y su derivación; y la protección frente a la utilización del inexistente síndrome de alienación parental (SAP).”

Por su parte, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual, “prevé una ruta especializada y medidas de acceso a la justicia siguiendo el modelo de las‘casas de infancia’ (Children’s house) anglosajón o Barnahus (escandinavo), de intervención profesional adaptada a las necesidades e incluso desplazada allugar en que esté la víctima”. Sistema, ha remarcado la Delegada, “que ha reducido drásticamente la impunidad de las violencias sexuales en los países donde se ha implantado” y que también prevé “la especialización en el ámbito de la justicia”.

En cuanto a la reforma del Código penal, “suprime la figura del abuso que pasa a ser agresión sexual, mantiene las penas máximas hasta 15 años con mejor escalonamiento según la gravedad del hecho”, y aumenta las ayudas “a víctimas de delitos de la Ley 35/1995, facilitando los requisitos para su obtención.”

Proximidad entre los agresores y sus víctimas

Uno de los principales resultados que revela el estudio es que el 98% de los agresores son hombres y que el 74,73% de ellos forman parte del ámbito familiar o del entorno de la víctima. En relación con esto, se muestra también que en un 64,11% de los casos los abusos no se reducen a un solo episodio, sino que se repiten en más de una ocasión o se producen de formapage2image20280 continuada. El domicilio de la víctima es precisamente el lugar en el que con mayor frecuencia se produce la agresión (en el 33,54% de los casos), seguido por el del agresor (31,47%).

El 72,08% de las víctimas son niñas, proporción que aumenta progresivamente cuanto más se acercan a la mayoría de edad. En cuanto a la tipología del delito, se aprecia una clara diferencia entre los perpetrados a niñas (el 97,9% se trata de abusos y agresiones sexuales y un 2,1% corresponde a prostitución, corrupción de menores y pornografía) o a niños (los porcentajes se equilibran a 53,16% y 47,84% respectivamente). El intervalo de edad con mayor porcentaje de víctimas es el comprendido entre los 5 y 12 años (59,38%).

Las denuncias

Las madres de las víctimas son quienes en mayor medida denuncian la violencia sexual (en un 51,24% de los casos), seguidas de las propias víctimas (18,09%). No obstante, se observa un período de tiempo en la interposición de dicha denuncia con respecto al día en que se produce el primer abuso: solo el 25% se llevó a cabo el mismo día; el 43,12% se presentó a lo largo del mes siguiente y el 31,31% después de más de un año.

Este lapso temporal, que desmiente el mito de que las víctimas de violencia sexual piden ayuda y denuncian inmediatamente, constituye además uno de los motivos determinantes de que las sentencias resulten absolutorias (el 8%). Como respuesta a esta tendencia, se sugiere la ampliación del plazo de prescripción del delito; proponiendo que se compute desde que la víctima haya cumplido al menos 50 años.

Las reformas del Código Penal de 1995 aprobadas en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, destinadas a adecuar la normativa estatal a las directrices legislativas europeas sobre abuso y explotación sexual de menores de edad y pornografía infantil, conllevaron una modernización de estos delitos. No obstante, el informe aporta numerosos datos que muestran carencias en la aplicación práctica de dicha normativa.

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