El consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda.

El caso de la joven sevillana de 20 años víctima de violencia de género excluida por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por “insuficiencia de plazas escolares” en los estudios de grado superior de Educación Infantil que había solicitado ha destapado un vacío legal con estas personas vulnerables a las que supuestamente el Pacto de Estado contra la violencia machista protege de forma especial. Pese a todo, el departamento que dirige Javier Imbroda, de Ciudadanos, ha adelantado que la joven podrá matricularse finalmente en el centro escolar elegido, después de quedar fuera por falta de plazas, según la información adelantada este jueves por Diario16.

“Ante casos que implican una especial sensibilidad y a pesar de que la norma no contempla prioridad en el acceso para víctimas de violencia de género, la Formación Profesional andaluza cuenta con mecanismos distintos al proceso habitual de escolarización con el que responder a estos casos”, argumenta el departamento de Educación en una nota.

Tanto la joven como su madre sobrevivieron a las puñaladas que su padre y marido les propinó en su domicilio en 2013, por las que el agresor cumple actualmente una condena de 18 años de prisión. Ambas siguen en tratamiento psicológico por aquellos hechos, que la Sala de lo Penal número 4 de la Audiencia Provincial de Sevilla no consideró como un caso de maltrato habitual, delito del que fue absuelto el padre y esposo de las víctimas.

 

La Junta “recomienda” la matriculación

La Consejería de Educación “recomienda la matriculación de la alumna en el centro y el ciclo que había solicitado”, concretamente el Centro Docente Inmaculado María Inmaculada de Sevilla, el mismo en el que la chica había cursado con absoluta normalidad en los dos últimos cursos el grado medio de ‘Atención a personas en situación de dependencia’.

La Junta dice que el caso sigue su curso de forma paralela a la escolarización, aunque el informe favorable está aprobado desde hace más de una semana

Esta decisión definitiva del departamento que dirige Javier Imbroda se produce inmediatamente después de la información exclusiva adelantada por Diario16 y tras una odisea personal de la afectada y su madre por distintos departamentos de la Inspección Educativa sin que hasta el momento haya recibido ninguna respuesta oficial a su demanda.

La madre de la joven apuntaba, en un escrito remitido esta semana al Servicio de Inspección Educativa, que “todo han sido trabas e impedimentos” para que su hija pudiera matricularse en el centro elegido. Ni en primera ni en segunda adjudicación esta víctima de violencia de género ha sido escolarizada pese a su régimen especial reconocido por la normativa vigente. La progenitora de la estudiante, docente de profesión en un Instituto de Enseñanza Secundaria de la provincia de Sevilla, lamenta que “ante tanto despropósito” tanto ella como su hija siguen siendo “revictimizadas” por la Administración para la que “paradójicamente” ella misma trabaja.

La Consejería de Educación admite que la inspección educativa había emitido un informe favorable a la escolarización de la joven el pasado 17 de julio, aunque añade que el proceso “sigue actualmente su curso de forma paralela a la escolarización”. A día de hoy viernes, la afectada aún no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Administración.

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