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La Junta de Andalucía deja sin plaza académica a una víctima de violencia machista que sobrevivió a las puñaladas de su padre

La solicitante, en tratamiento psicológico por el intento de homicidio sufrido en 2013, pide a la Junta que amplíe la ratio por su condición especial de víctima

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La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha dejado sin plaza académica para el curso 2019-2020 a una joven de 20 años víctima de violencia de género sin ofrecerle alternativa alguna y pese a haber solicitado su admisión hasta en seis centros de ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional en la especialidad de Educación Infantil. La Consejería de Educación ha alegado “insuficiencia de plazas escolares” para rechazar la solicitud.

La normativa de la Junta contempla la admisión para víctimas de la lacra machista pero la Inspección le niega el acceso al centro solicitado

La joven estudiante, de 20 años de edad, y su madre sobrevivieron a las puñaladas que su padre y marido respectivamente les propinó a ambas en su vivienda en noviembre de 2013 en un caso por el que la Sala de lo Penal número 4 de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó en diciembre de 2015 al agresor a una pena de 18 años y nueve meses de prisión y orden de alejamiento sobre sus víctimas de 15 y 20 años, respectivamente.

La condena que el agresor cumple en la actualidad en prisión es por un delito de intento de asesinato sobre su esposa y otro de intento de homicidio sobre su hija, aunque el tribunal absolvió al acusado de los dos delitos de maltrato habitual que también había solicitado la acusación particular.

Tanto la joven como su madre siguen desde los hechos hasta la actualidad en tratamiento psicológico por las secuelas que este caso de violencia de género les causó y denuncian ahora la “insensibilidad” y “falta de respuestas” a su petición de admisión académica por parte del departamento de Educación que dirige Javier Imbroda, de Ciudadanos.

La Consejería de Educación andaluza no ha tenido en cuenta estas condiciones especiales de la solicitante como víctima de violencia de género y ha dejado a la chica, que tenía 14 años cuando sufrió la agresión, sin plaza y también sin ofrecerle ningún tipo de solución a su caso, más allá de que reclame ante la Delegación Territorial de Educación.

El Servicio de Inspección de la Consejería de Educación ha rechazado la solicitud de esta joven superviviente de la lacra machista para que atendiera su “situación personal como víctima de violencia de género” con un acceso prioritario al citado ciclo académico. La estudiante insta a la Administración andaluza a aumentar la ratio de alumnos “para que por su situación personal pueda tener acceso prioritario en el próximo curso académica a dicho ciclo de Educación Infantil en el Centro Docente Concertado María Inmaculada de Sevilla, donde la joven ha cursado hasta ahora sus estudios sin ningún tipo de problemas.

Como relata su madre en el escrito dirigido al jefe del servicio de Inspección Educativa, su hija decidió cursar hace dos años el grado medio de Atención a personas en situación de dependencia en este mismo colegio donde ha solicitado para el próximo curso el grado superior de Educación Infantil. Incluso la dirección del propio centro educativo dio el visto bueno inicial para que la joven pudiera matricularse sin problemas.

La madre asegura que “todo han sido trabas e impedimentos” para que su hija pudiera estudiar en dicho centro educativo. Ni en primera ni en segunda adjudicación esta víctima de violencia de género ha sido escolarizada pese a su régimen especial reconocido por la normativa vigente. La progenitora de la estudiante, docente de profesión en un Instituto de Enseñanza Secundaria de la provincia de Sevilla, lamenta que “ante tanto despropósito” tanto ella como su hija siguen siendo “revictimizadas” por la Administración para la que “paradójicamente” ella misma trabaja.

“Estoy cansada de ver cómo los inspectores llegáis a los centros, y nos presionáis para que los alumnos aprueben, titulen, sigan estudiando… ¿Sabe usted el trabajo que me ha costado que mi hija siga estudiando? ¿El trabajo que me ha costado que mi hija no abandone? Ha tenido mil motivos para hacerlo, y no lo ha hecho. Y quiere seguir, pero vosotros no la estáis ayudando”, cuenta la madre de la estudiante en su escrito a la Inspección Educativa.

La Orden de la Junta de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo, especifica en su artículo 27 sobre criterios de admisión y acreditación que las víctimas de violencia de género podrán acceder a estos cursos académicos presentando “la correspondiente certificación, emitida por los servicios sociales provinciales”.

“¿Sabe usted el trabajo que me ha costado que mi hija siga estudiando y no abandone? Ha tenido mil motivos para hacerlo, y no lo ha hecho”, recrimina la madre de la estudiante a los inspectores de Educación

La madre de la joven se remite a la ley andaluza de agosto de 2018 sobre medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, donde en su artículo 43 se detalla la “Atención integral garantizada” a las víctimas. En su punto primero se asegura que “la Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las víctimas de violencia de género la acogida, la atención integral especializada y multidisciplinar y los medios de apoyo y recuperación”. A continuación se añade que “la atención integral especializada y multidisciplinar comprenderá la intervención con las víctimas de violencia de género, basado en un sistema coordinado de servicios, recursos y de ayudas económicas, físicas y sociolaborales”, y entre ellos el “apoyo a la inserción laboral”.

Sin beca oficial por no tener carácter retroactivo

Esta joven también ha tenido que sufrir, el pasado febrero, el rechazo a su solicitud de beca general del pasado curso 2018-2019. El Real Decreto sobre becas para este curso, en su apartado específico sobre víctimas de violencia de género, concreta que sólo tienen acceso a estas ayudas oficiales las víctimas con sentencias judiciales dictadas entre el 30 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2019.

La madre de la estudiante se alegró de que este año “por fin” aparecía la pestaña correspondiente a las víctimas de violencia de género. Ambas son y serán ya para siempre víctimas de esta lacra que lleva más de mil asesinatos contabilizados oficialmente desde el año 2003. “Pero cuál no fue mi sorpresa cuando al intentar introducir la fecha de la sentencia que se nos requería en dicha pestaña no se me permitía introducir el dato”, relata la progenitora.

Tanto ella como su hija son víctimas de esta lacra machista desde el año 2015 y han remitido numerosos requerimientos a distintos organismos oficiales relacionados con la violencia de género, como el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial o la Dirección General de Violencia de Género de la Junta, entre otros, y aún no han recibido ninguna contestación al respecto.

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2 Comentarios

  1. Ser víctima de violencia de cualquier tipo es una tragedia, pero no puede ser una ventaja para acceder a un ciclo. Todos podemos tener circunstancias personales y no se puede atender a cada caso de manera particular. La administración no puede ser discrecional.

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