Un juez federal dictaminó que los contables del expresidente Donald Trump deben entregar el valor de dos años de sus registros fiscales y financieros a un comité del Congreso de los Estados Unidos que investiga si Trump y sus empresas se beneficiaron de su servicio en la Casa Blanca.
El juez de distrito estadounidense Amit Mehta aprobó el miércoles una citación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, a la que Diario16 ha tenido acceso para los registros de Trump que cubren 2017 y 2018, pero rechazó la mayor parte de la solicitud del panel de información similar que se remonta a 2011.
El equipo legal de Trump ya ha afirmado que apelarán la decisión, que también podría ser impugnada por el panel de la Cámara.
Separación de poderes
Si bien se consideró que el comité de la Cámara tenía derecho a algunos de los registros que buscaban de la firma de contabilidad Mazars, el fallo podría verse como un revés para los congresistas.
El juez Mehta afirma que el esfuerzo del comité para obtener información sobre las finanzas de Trump desde 2011 parecía exceder sus necesidades legítimas y amenazaba con inmiscuirse en los poderes presidenciales. El juez descartó específicamente las afirmaciones del panel de que necesitaba esos datos para determinar si Trump cumplió con un estatuto de divulgación financiera y si esa ley debería cambiarse.
«Debido a su naturaleza amplia e invasiva, la citación presenta un riesgo apreciable para la separación de poderes. En el actual clima político polarizado, no es difícil imaginar los incentivos que tendría un Congreso para amenazar o influir en un presidente en funciones con una citación igualmente sólida, emitida después de que deja el cargo, para engrandecerse a expensas del presidente. En opinión de la corte, este riesgo no insignificante para la institución de la Presidencia supera la necesidad legislativa incremental del Comité de material citado por Mazars», afirma la decisión del juez.
Aceptación de pagos de gobiernos extranjeros
Sin embargo, Mehta fue más receptivo a las afirmaciones del comité de que necesitaba acceso a los datos financieros de Trump para evaluar si violó las cláusulas de emolumentos de la Constitución al aceptar pagos de gobiernos estatales o extranjeros y que el panel necesitaba auditar el arrendamiento que la Administración de Servicios Generales otorgó a uno de los negocios de Trump en 2013 para construir y operar el Trump International Hotel en el edificio Old Post Office en Pennsylvania Avenue en Washington.
El juez dijo que los tratos relacionados con el hotel se parecían más a transacciones comerciales ordinarias y le costaba ver por qué los vínculos de Trump con ese acuerdo deberían estar fuera de los límites de la investigación únicamente porque anteriormente se desempeñó como presidente.
«Al contratar libremente a GSA para su propio beneficio económico privado, y al no desinvertir al asumir el cargo, el presidente Trump se abrió a un posible escrutinio del mismo Comité cuya jurisdicción incluye la gestión de las operaciones y actividades gubernamentales, incluidas las adquisiciones federales. El hecho de que ocupara la presidencia durante una parte de su contrato de arrendamiento aún vigente no cambia ese hecho», afirma el documento.
Yo creo que los ladrones comulgan juntos. Igual allí que aquí. Aquí Aguirre, botella, Rajoy, y tantos más, no pagarán el mal hecho. Siempre tendrán una DE Gantes que les librará de la justicia justa. Aun hoy, en este país los delincuentes, que no sean catalanes ni vascos están protegidos por la «Omerta». Quien les denuncie son reos de persecución. Por si fuera poco tiene sus propios jueces de plantilla y todos los altos tribunales franquistas, que son los que mandan al exilio o extorsionan a los que se atreven a decir verdades. Mientras no vea a los «marchena» delante de un juez justo y honrado, esto no cambiara.