Cáritas Madrid lanzó ayer, ´vía propuesta no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados un SOS para resolver la situación de emergencia en la que se encuentra la Cañada Real de Madrid. Los vecinos de esta zona, donde hay chabolas pero también viviendas, llevan desde el mes de octubre sin suministro eléctrico por los continuos cortes provocados por los enganches a la red eléctrica, lo que ha provocado una sobrecarga que ha dejado al poblado sin red eléctrica. Mientras la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, miran para otro lado, la ONG católica pide la ayuda de todas las instituciones para salvar esta situación.
De hecho, Ayuso llegó a criminalizar a los menores de la Cañada Real. Según publicó Diario16, la presidenta llegó a decir que «la proliferación masiva de marihuana es lo que está provocando los cortes de luz”.
En el documento propuesto por Cáritas, la organización reitera en la necesidad de emprender una «acción coordinada por parte de las administraciones implicadas», tanto para «dar solución a la emergencia de la falta de luz en contexto de un invierno sin precedentes«, y para alcanzar «la dignificación de la vida de las personas asentadas«, indica.
La situación de las más de 7.500 personas que viven en la Cañada Real se agravó con la llegada del temporal ‘Filomena’ que ha cubierto de nieve Madrid y la posterior ola de frío que ha dejado temperaturas bajo cero récord en la capital. Durante esos días muchos vecinos se quedaron aislados y sin electricidad en sus casas, por lo que el frío fue un agravante de su situación. Los que contaban con un generador eléctrico, han tenido que recorrer carreteras cubiertas de nieve para conseguir combustible en una gasolinera.
Por ello, Cáritas insta a impulsar una colaboración de las administraciones territoriales competentes, firmantes del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana (17 de mayo de 2017), para que, «acelerando los plazos previstos, se cumplan sus objetivos».
Entre dichos objetivos propuestos a los grupos parlamentarios para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, se encuentran el de «restaurar el medio natural del territorio en aquellos casos que tengan nula capacidad de acogida para usos residenciales o actividades económicas«. Por otra parte, también piden «regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles mediante un proyecto de renovación urbana basado en los principios de legalidad».
