La mañana del 25 de febrero, un centro preescolar en el noreste de Ucrania fue alcanzado con municiones de racimo, prohibidas por el derecho y los convenios internacionales, mientras en su interior se refugiaban civiles. Murieron tres personas, una de ellas un niño, y otro menor resultó herido, según Amnistía Internacional. El ataque fue lanzado por fuerzas rusas que operaban en las cercanías y que tienen un vergonzoso historial en la utilización de municiones de racimo en zonas pobladas.
A su vez, Amnistía Internacional ha confirmado que un cohete Uragan de 220 milímetros dejó caer municiones de racimo sobre el centro preescolar y el jardín de infancia Sonechko, en la localidad de Ojtirka, donde residentes locales buscaban refugio frente a los combates. El ataque puede constituir un crimen de guerra.
“No hay justificación posible para dejar caer municiones de racimo en zonas pobladas, no digamos ya sobre una escuela”, asegura Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Este ataque tiene todas las características del uso que Rusia hace de estas armas de efectos inherentemente indiscriminados y prohibidas internacionalmente, y muestra un flagrante desprecio por la vida de la población civil.”
El bombardeo no solo viola la prohibición de lanzar ataques indiscriminados, sino que además ha dañado una escuela, es decir, una estructura con derecho legal a gozar de protección especial. En virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo, de 2008 –un tratado respaldado por más de cien estados, pero al que Ucrania y Rusia no se han unido–, el uso, despliegue, producción, adquisición, almacenamiento y transferencia de municiones de racimo está prohibido en todas las circunstancias. El derecho internacional humanitario consuetudinario prohíbe el uso de armamento “de efectos inherentemente indiscriminados”, tales como este tipo de munición. Además, cualquier lanzamiento de ataques indiscriminados que maten o hieran a civiles constituye un crimen de guerra.
Las imágenes de vídeo tomadas desde un dron en el lugar de los hechos muestran que las municiones de racimo alcanzaron al menos siete puntos en el edificio o cerca de él: cuatro en el tejado y tres en el pavimento inmediatamente junto a la escuela. En las imágenes se ve también a dos civiles heridos o muertos, así como charcos de sangre. Otras 65 fotos y vídeos que Amnistía Internacional adquirió de una fuente local muestran más detalles de la escena, las víctimas y sus familiares, y los daños en la escuela.
“Iba caminando con mi esposa cuando oí unas explosiones muy próximas”, contó un anciano a un contacto que trabaja con Amnistía Internacional. “Todo el mundo estaba cubierto de sangre, había sangre por todas partes. Al mirarlo…, me mató el hecho de que es un jardín de infancia. ¿Es a esto a lo que disparan? ¿A objetos militares? ¿Dónde están esos objetos militares?”
El cohete Uragan de 220 milímetros, un 9M27K o un 9M27K1, lleva 30 municiones de racimo 9N210 o 9N235, que son casi idénticas y se diferencian sólo en el tiempo que tarda en activarse su función de autodestrucción. Los siete impactos en la escuela y sus cercanías muestran daños, incluido un desconchamiento característico del suelo, que coinciden con los daños esperables de las municiones de racimo 9N210/9N235.
Tal como informó en primer lugar la organización de investigación basada en fuentes de acceso público Bellingcat, a 200 metros al este de la escuela se descubrieron los restos del morro y el compartimento de carga de un cohete 9M27K. Los informes procedentes de fuentes de acceso público indican que había fuerzas rusas al oeste de Ojtirka, el lugar desde donde se lanzó el cohete según determinaciones basadas en la trayectoria de vuelo y el momento del ataque. El objetivo podía haber sido un terreno de almacenamiento logístico situado a 300 metros al norte de la escuela. Sin embargo, los sistemas de lanzacohetes múltiples, como los cohetes Uragan de 200 milímetros utilizados en este ataque, “son armas no guiadas y notoriamente poco precisas, y no deben utilizarse nunca en zonas civiles pobladas”, según AI.
Ataques a escuelas
El 17 de febrero, durante los crecientes bombardeos a lo largo de la línea de control, las fuerzas respaldadas por Rusia alcanzaron un jardín de infancia en la localidad de Stanitsia Luganska, e hirieron a tres civiles. Al atardecer del 25 de febrero, un misil dañó la Escuela Número 48 de Mariúpol: reventó las ventanas y sus fragmentos de metal hicieron agujeros en las paredes. Además, el 26 de febrero, un arma explosiva, muy probablemente un proyectil de artillería, alcanzó la segunda planta de un jardín de infancia en Chernígov, y provocó un incendio que probablemente fue detectado por los sensores del satélite ambiental VIIRS.
En virtud del derecho internacional humanitario, las instalaciones educativas tienen derecho a gozar de una mayor protección siempre que no se utilicen para fines militares. Ninguna de las escuelas dañadas en los incidentes documentados por Amnistía Internacional parece haber sido utilizada para tales objetivos. Las partes de un conflicto deben tener especial cuidado de evitar destruir o dañar escuelas, un requisito que las fuerzas rusas no parecen estar cumpliendo, a juzgar por el creciente número de ataques.
En 2019, Ucrania se adhirió a la Declaración sobre Escuelas Seguras, que incluye el compromiso de reforzar la protección de las escuelas durante los conflictos armados y de restringir su uso para fines militares. Todas las partes del actual conflicto deben respetar la Declaración sobre Escuelas Seguras y sus Directrices.
“Mientras se produce esta tragedia humana en Ucrania, a toda persona que cometa crímenes de guerra debe hacérsele rendir cuentas individualmente ante la Corte Penal Internacional (CPI) u otro proceso de justicia penal internacional en el ámbito nacional o internacional. Es imperativo que los Estados miembros de la ONU y la CPI consideren urgentemente cómo garantizar la recopilación y conservación efectivas de pruebas de cualquier crimen de derecho internacional cometido en Ucrania”. Aunque Rusia y Ucrania no son partes en la CPI, en 2015 Ucrania aceptó la jurisdicción de la Corte sobre los presuntos crímenes cometidos en su territorio desde el 20 de febrero de 2014.
