La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Europea para que investigue el pago de indemnizaciones que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso a 15 residencias privadas por derivar a mayores de otros centros en la primera ola de la pandemia.
Las derivaciones de la vergüenza
En octubre del 2021 se conoció que Ayuso pagará más de un millón de euros a 15 residencias de mayores privadas, mientras numerosos familiares de los más de 6.000 personas que murieron en estos centros luchan en los tribunales para que se depuren responsabilidades.
Para la asociación “existen sospechas evidentes de que el importe de esas indemnizaciones se haya satisfecho utilizando presupuesto público procedente de algún fondo europeo procedente del Fondo Social Europeo, del Marco Financiero Plurianual o del Fondo Europeo de Desarrollo Regional”.
“Con nuestra denuncia lo que pedimos es que practique las diligencias oportunas para comprobar si estos hechos pudieran constituir a modo indiciario lo que denominar delitos PIF, que incluyen el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales y la malversación, los cuales podrían tener un impacto negativo en el presupuesto procedente de todos los contribuyentes de la Unión Europea”, señala Víctor Jiménez, presidente de AME, en declaraciones a la Cadena SER.
Desde AME recuerdan que las indemnizaciones se hicieron “en contra del criterio de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Además, se pagaron 89,14 euros por usuario y día frente a los 54,51 euros que se venían pagando según el convenio marco”.
Las incoherencias
«Nos llama mucho la atención que haya una diferencia de 30 euros. Durante toda la pandemia se han pagado esos 54,51 euros a todas las residencias con plazas concertadas y que, sin embargo, a estas residencias que recibieron usuarios trasladados forzosamente de otras residencias de la región se les indemnizara con 30 euros más», añade el portavoz de la Asociación Madrileña de Enfermería.
Incluso, recogen en su denuncia, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid estableció que, a partir de 2021, en el nuevo contrato de servicio público para plazas concertadas en residencias de mayores privadas se pagaría por usuario y día un total de 74,88 euros. Una cantidad menor que la pagada a las 15 residencias privadas.
Los hechos: el traslado y la muerte
Todo sucedió cuando el Ministerio de Sanidad dio poderes especiales a las comunidades autónomas para intervenir las residencias, independientemente de que fueran públicas o privadas.
La Comunidad de Madrid trasladó a ciertos usuarios, en algunos casos, también cambió a los gestores de estas residencias. Al menos 15 de las empresas afectadas reclaman una indemnización que ahora están comenzando a cobrar, según ha señalado la Cadena Ser.
Residencia Ballesol Mirasierra
Un ejemplo es el de la residencia Ballesol Mirasierra. Llegó a un acuerdo con la Consejería de Madrid en el que “aceptaba el traslado de 45 mayores al centro a la vista del rápido avance de la enfermedad y teniendo en cuenta la envergadura y evolución de la crisis sanitaria”.
En documento que publica la Ser, se especifica que la Comunidad de Madrid “tuvo la imperiosa necesidad de actuar de manera urgente”. Ahora, la empresa matriz de este centro, Intercentros Ballesol S.A., recibirá 269.000 euros en concepto de indemnización por 3.017 días de estancia. Ballesol Mirasierra es uno de los centros investigados por homicidio imprudente.
Las indemnizaciones
Esas indemnizaciones se han calculado tomando como base un informe de la consultora KPMG. Ya se encargó de poner precio también a la colaboración de la sanidad privada durante la pandemia. En un principio fijaba una compensación de 95,68 euros por usuario y día de estancia. Pero el importe le parecía excesivo a la Consejería, que lo rebajó hasta los 89,14 euros tras excluir gastos en los que “no existe mutuo acuerdo entre las partes”, como la inversión publicitaria de los centros o los costes financieros.
Al menos otros 14 centros –la mayoría de ellos pertenecientes a tres grandes grupos empresariales– han pedido también una compensación y la Comunidad de Madrid les ha reconocido ese derecho. El Gobierno regional cree que los traslados de usuarios «tienen naturaleza expropiatoria y generan derecho a indemnización. Una suma de 1.119.791,70 euros se destinará a estos pagos”.
En el documento de la consultora establecía una compensación de 95,68 euros por usuario y día de estancia.
