El gobierno regional va a abonar más de un millón de euros a esos centros por la intervención durante la primera ola de la pandemia, mientras morían personas mayores sin atención, que además, tienen causas abiertas en los tribunales por presuntos delitos de homicidio imprudente.
Mientras el Gobierno de la Comunidad de Madrid anuncia que presentará los Presupuestos para el año 2022, se ha conocido que pagará más de un millón de euros a 15 residencias de mayores privadas, numerosos familiares de los más de 6.000 personas que murieron en estos centros luchan en los tribunales para que se depuren responsabilidades.
La oposición y los colectivos sociales y sindicatos madrileños han mostrado su sorpresa por estas lluvias de millones. Isabel Díaz Ayuso trata de evitar nuevos frentes judiciales indemnizando a las empresas encargadas de la gestión de estos centros.
Los hechos
Todo sucedió cuando el Ministerio de Sanidad dio poderes especiales a las comunidades autónomas para intervenir las residencias, independientemente de que fueran públicas o privadas.
Ayer el ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, dijo que él querría ir a una comisión de investigación para que “pregunten lo que quieran frente a otros que parece que no tiene muchas ganas de ir a contar su versión o hay algo que no quieren que se sepa”, en la ventana de la Ser.
El traslado y la muerte
La Comunidad de Madrid trasladó a ciertos usuarios, en algunos casos, también cambió a los gestores de estas residencias. Al menos 15 de las empresas afectadas reclaman una indemnización que ahora están comenzando a cobrar, según ha señalado la Cadena Ser.
Residencia Ballesol Mirasierra
Un ejemplo es el de la residencia Ballesol Mirasierra. Llegó a un acuerdo con la Consejería de Madrid en el que “aceptaba el traslado de 45 mayores al centro a la vista del rápido avance de la enfermedad y teniendo en cuenta la envergadura y evolución de la crisis sanitaria”.
En documento que publica la Ser, se especifica que la Comunidad de Madrid “tuvo la imperiosa necesidad de actuar de manera urgente”. Ahora, la empresa matriz de este centro, Intercentros Ballesol S.A., recibirá 269.000 euros en concepto de indemnización por 3.017 días de estancia. Ballesol Mirasierra es uno de los centros investigados por homicidio imprudente.
Las indemnizaciones
Esas indemnizaciones se han calculado tomando como base un informe de la consultora KPMG, que ya se encargó de poner precio también a la colaboración de la sanidad privada durante la pandemia. En un principio fijaba una compensación de 95,68 euros por usuario y día de estancia, pero el importe le parecía excesivo a la Consejería, que lo rebajó hasta los 89,14 euros tras excluir gastos en los que “no existe mutuo acuerdo entre las partes”, como la inversión publicitaria de los centros o los costes financieros.
Al menos otros 14 centros –la mayoría de ellos pertenecientes a tres grandes grupos empresariales– han pedido también una compensación y la Comunidad de Madrid les ha reconocido ese derecho. El Gobierno regional cree que los traslados de usuarios «tienen naturaleza expropiatoria y generan derecho a indemnización. Una suma de 1.119.791,70 euros se destinará a estos pagos”.
En el documento de la consultora establecía una compensación de 95,68 euros por usuario y día de estancia.
Las residencias
- Ballesol Mirasierra
- Ballesol Príncipe de Vergara
- Ballesol Alcalá
- Virgen de la Nueva
- Sanitas Carabanchel
- El Álamo
- Amavir Pozuelo
- Amavir Villanueva
- Orpea Madrid Aravaca
- Orpea Alcobendas
- Orpea Madrid Sanchinarro
- Orpea El Escorial
- Orpea Buenavista
- Orpea Santo Domingo Algete
- Valdeluz Leganés
Alberto Reyero
El ex consejero de Políticas Sociales (Ciudadanos), Alberto Reyero, al ser preguntado por quiénes fueron los que mintieron, el ex consejero alejado de la política, señala que “está claro que cuando les preguntaron al propio consejero de Sanidad o la presidenta siempre insistieron en que eran unos borradores obviando que eran unos protocolos que estaban firmados por un director general de la Comunidad de Madrid”.
“Eso es un bulo en toda regla. Desviaban la comunicación para que todos nos embarramos en si eran borradores o no y nadie entraba en los criterios de exclusión de los protocolos en los que se decían barbaridades como que alguien que estuviera en una silla de ruedas ya no podía ir a un hospital”.
