La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos proponen para activar la economía y el empleo, una apuesta por el ladrillo. El sector de la construcción vuelve a convertirse para el Gobierno regional en el principal motor de la recuperación tras la crisis del coronavirus.

Otras de las medidas se articulan a través de la desregulación de las normas administrativas, reducir el intervencionismo del Gobierno autonómico y la eliminación de las trabas burocráticas. También ayudas para comprar un patinete eléctrico, y bonos para utilizar los coches y las motos compartidos por tu viejo vehículo, lo que se denomina ¡car y moto sharing’. (No hay ni una palabra de ayudas a la compra o fomento del vehículo eléctrico), todo ello presupuestado en tres millones de euros.

Otra vez la política del ladrillo

Ayuso ha anunciado que venderá 193 parcelas (más de un millón de metros cuadrados), ubicadas en 20 municipios de la región, o lo que es lo mismo, privatizará parte del patrimonio de los madrileños, para que las empresas constructoras puedan edificar. Estas parcelas están valoradas en 256 millones de euros. El mayor número de parcelas,  86 será para edificación de vivienda.

Eliminación de trabas burocráticas

En la línea de la desregulación, que también se ha anunciado para convertir la Comunidad en una región verde, se derogarán regulaciones que, según el PP y Ciudadanos, (solo lo puede aprobar si está de acuerdo la extrema derecha de VOX) por resultar obsoletas e innecesarias. Por ejemplo, “un empresario que está tramitando la ampliación de su fábrica podrá denunciar los retrasos y trabas que sufre como consecuencia de la regulación, señalando así posibles defectos susceptibles de ser corregidos para impulsar el crecimiento y el empleo”, según se puede leer en el documento al que ha tenido acceso Diario16.

Reducir el intervencionismo: ¿para ser más verde?

En la misma línea neoliberal, inspirada en Esperanza Aguirre, el Gobierno de Coalición PP y Ciudadanos, impulsará un plan de flexibilización normativa en el área medioambiental para reducir el intervencionismo y los trámites administrativos.

Ayuso y Aguado modificarán la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza para permitir que “los aprovechamientos leñosos domésticos de menor cuantía estén sujetos únicamente a una declaración responsable y también, se simplificarán trámites en relación con la Ley de Evacuación Ambiental”. Con estas medidas se conseguirá precisamente lo contrario, como han venido denunciado reiteradamente desde Ecologistas en Acción.

Sanidad

El Gobierno Regional anuncia la exención del requisito de nacionalidad para el acceso a los centros del Servicio Madrileño de Salud. También informa “se les dotará de facultativos suficientes para ofrecer una cobertura sanitaria de calidad a la totalidad de la población”, cuando los sindicatos y asociaciones médicas denuncian que no se está cubriendo el personal tanto de enfermería como de médicos en los centros de salud.

Programa para el empleo

Se implantará en la Comunidad de Madrid el BIM (Building Information Modeling), herramienta digital en las que están todos los actores del sector de la construcción y que centraliza toda la información de un proyecto de arquitectura. Esta herramienta está pensada para las contrataciones en las licitaciones públicas. Con este instrumento se agilizaría la concesión de licencias de calificación de vivienda protegida y los proyectos de rehabilitación de edificios, de las empresas constructoras.

Otras medidas para fomentar el empleo

Se darán incentivos para la contratación indefinida de personas que han perdido su trabajo durante la crisis sanitaria definitiva o temporalmente. El programa tendrá 32 millones de euros de presupuesto y las ayudas podrán ascender hasta los 7.500 euros.

Educación.

La Comunidad amplia a 9 millones las universitarias para familias afectadas por la Covid-19, apenas afectará a 10.000 estudiantes, el 5 % de los universitarios madrileños. Aguado ha anunciado que las Universidades aportarán 3 millones para becas.

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